Principales sindicatos del sector público canadiense cuestionan los mandatos federales de vacunación

Por Andrew Chen
20 de Mayo de 2022 12:02 PM Actualizado: 20 de Mayo de 2022 12:02 PM

Tres importantes sindicatos del sector público de Canadá están impugnando los mandatos federales de vacunación contra el COVID-19 para los empleados del gobierno. Dicen que es “injusto” poner a los trabajadores no vacunados en licencia sin goce de sueldo cuando podrían haber trabajado desde casa.

Las políticas de vacunación obligatoria del gobierno liberal, introducidas el 6 de octubre de 2021, requerían que todos los empleados federales estuvieran completamente vacunados con dos dosis de una vacuna contra el COVID-19, incluidos los que trabajaban de forma remota. Los trabajadores que no estuvieran dispuestos a vacunarse por completo o se negaran a revelar su estado de vacunación serían puestos en licencia sin goce de sueldo.

A fines de marzo, la Alianza de Servicios Públicos de Canadá (PSAC) presentó una queja en nombre de los servidores públicos que fueron puestos en licencia sin goce de sueldo debido a estas políticas de vacunas, lo que “constituyó un abuso de la autoridad de gestión” ya que es poco probable que los trabajadores a distancia vuelvan a sus lugares de trabajo físicos a largo plazo, por lo que no suponen “ninguna amenaza razonable para la salud y la seguridad en sus lugares de trabajo”, dijo el grupo en un comunicado de prensa.

“A medida que la pandemia ha evolucionado y la ciencia se ha desarrollado, creemos que continuar dando licencia sin pago a los empleados no vacunados es una dura medida administrativa que puede considerarse disciplinaria y sin causa justa”, dijo la PSAC, que representa a unos 230,000 trabajadores del sector público en todo Canadá.

Durante la semana pasada, otros dos importantes sindicatos del sector público, el Instituto Profesional del Servicio Público de Canadá (PIPSC) y la Asociación Canadiense de Empleados Profesionales (CAPE), que representan a cerca de 60,000 y 20,000 servidores públicos respectivamente, también están tomando medidas para impugnar los mandatos federales de vacunación.

“Seguimos apoyando la vacunación. Pero dado… el relajamiento de las restricciones de COVID y el panorama cambiante, opinamos que la política del empleador en este momento no es razonable. Estos miembros pueden trabajar desde casa”, dijo la presidenta de PIPSC, Jennifer Carr, al National Post.

“Efectivamente, creemos que es punitivo y un abuso de la autoridad de gestión”.

Al 29 de marzo, más de 1800 empleados gubernamentales permanecían con licencia no remunerada debido a la política de vacunación, según datos que la Secretaría de la Junta del Tesoro (TBS) compartió recientemente con los sindicatos.

La revisión del gobierno a su política de vacunas, que se ha retrasado mucho, es otra fuente de frustración para los sindicatos. De acuerdo con la política de vacunas de la TBS, el director de recursos humanos del gobierno es responsable de revisar la necesidad de la política y su contenido “como mínimo cada 6 meses” e informar esos resultados al presidente de la TBS.

Esto significa que la primera revisión desde la introducción de la política en octubre de 2021 vencía el 6 de abril de 2022, una fecha que los líderes sindicales dijeron que pasó hace mucho tiempo sin que la TBS diera señales de publicarla.

“No solo no nos dieron una posición, sino que no nos avisaron cuándo iban a encontrar una posición”, dijo Carr. “Recibimos una llamada (el 17 de mayo) y todavía no pueden darnos una fecha tentativa”.

“En este punto, parece que está en un agujero negro”, agregó. “Eso deja a muchos servidores públicos en el limbo”.

En un comunicado de prensa del 17 de mayo, CAPE dijo que recientemente presentó dos quejas de política contra el mandato de vacunación anti-COVID del gobierno federal, lo que llevó a que aproximadamente 100 de sus miembros fueran suspendidos sin goce de sueldo.

“CAPE cree que el contexto en evolución dificulta continuar justificando los términos de la [política de vacunas] actual”, dijo el grupo, y agregó que continúa manteniendo su posición original, que “los miembros que no desean ser vacunados deben ser acomodados en lugar de ser suspendidos sin sueldo”.


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