Propuesta de reemplazo de Harris en el Senado plantea dudas éticas

Por Mark Tapscott
23 de Diciembre de 2020
Actualizado: 23 de Diciembre de 2020

La elección del gobernador Gavin Newsom de Alex Padilla para reemplazar a la senadora Kamala Harris (D-Calif.) puede obligar al Senado a examinar críticamente un polémico contrato de 35 millones de dólares otorgado por el secretario de Estado de California a una empresa con profundos vínculos con tres candidatos presidenciales demócratas.

Padilla otorgó el contrato a SKDKnickerbocker (SKDK), la firma de relaciones públicas y estrategia política con sede en Washington, D.C., en agosto, como parte del programa estatal de entrega de boletas por correo a los 22 millones de votantes del estado.

El propósito del programa, conocido como “Vote Safe California”, es, según se informa, “producir publicidad para animar a los votantes a participar en las elecciones de noviembre”.

El programa fue financiado parcialmente con el dinero proporcionado por los 2.2 billones de dólares de la “Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus” (CARES, sigla en inglés) aprobada por el Congreso y firmada en marzo por el presidente Donald Trump. Es ilegal utilizar los fondos de la Ley CARES en actividades de campaña para que la gente salga a votar.

Anita Dunn, una de las fundadoras de SKDK, fue asesora principal de la campaña presidencial del exvicepresidente Joe Biden para el 2020 y fue directora de comunicaciones de la Casa Blanca durante el primer mandato del presidente Barack Obama.

Dunn describió una vez al dictador comunista de China, el líder Mao Tse-tung, como uno de sus “filósofos favoritos”, un comentario que más tarde afirmó que era una broma.

Hilary Rosen, otra directora del SKDK, es una antigua confidente de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, la candidata presidencial demócrata para 2016.

Tres importantes republicanos de la Cámara de Representantes, que han estado pidiendo durante meses una investigación oficial del contrato del SKDK, emitieron un comunicado el martes reiterando su demanda.

En octubre, el trío —incluido el representante del Comité de Administración de la Cámara de Representantes, Rodney Davis (R-Ill.), el representante principal del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, James Comer (R-Ky.), y la republicana de mayor rango en un subcomité del comité de supervisión, Jody Hice (RN.C.)— pidió que la Comisión de Asistencia Electoral investigara el contrato con el SKDK.

“Antes de que alguien confíe en que el secretario de Estado Alex Padilla será promovido a senador de EE. UU., hay serias preguntas que necesita responder sobre su uso de los fondos federales que California recibió a través de la Ley CARES para ayudar a los estados a administrar las elecciones del 2020”, dijo Davis en la declaración del martes.

“Hay documentación que indica que el secretario Padilla suscribió un contrato de 35 millones de dólares, sin licitación, con una empresa consultora de Biden y trató de utilizar estos fondos de manera inapropiada para los esfuerzos de alentar el voto”, dijo Davis.

“Las acciones de Alex Padilla como secretario de Estado de California plantean serias cuestiones éticas y legales y debemos tener respuestas inmediatamente antes de que se le confíe la representación de todos los ciudadanos de California en el Senado de Estados Unidos y la protección de los dólares de los contribuyentes”, dijo Comer.

“Como secretario de Estado de California, el Sr. Padilla aceleró un contrato sin licitación a una firma pro-Biden, lo que parece haber permitido a los estrategas demócratas contactar a los votantes y tener acceso a información sensible sobre los votantes. Es probable que esto sea una violación de la ley y un flagrante mal uso de los dólares de los contribuyentes. Insto a la Comisión de Asistencia Electoral y al inspector general a que investiguen de nuevo este contrato ilegal y protejan los dólares ganados con esfuerzo por los estadounidenses para que no se utilicen para enriquecer a los aliados políticos del Sr. Padilla”.

Hice señaló que Padilla “comenzaría su mandato en el Senado con serias preguntas sobre él. Los californianos y, de hecho, todos los estadounidenses merecen saber la verdad antes de que se le confíen los dólares de los contribuyentes”.

Numerosos estrategas políticos demócratas fueron listados como miembros del equipo del SKDK que cumplirían el contrato otorgado de manera “expedita” por Padilla.

Por ejemplo, Emily Campbell, la directora de proyectos del programa, aparece como “ayudante en la elección y reelección de casi dos docenas de mujeres demócratas proelección para las oficinas de gobernador y para el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, incluyendo diez en California”.

Jason Rosenbaum, que figura como director gerente y presidente de SKDK Digital, fue descrito en el contrato como el que “dirigió el departamento de publicidad digital para la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016”.

Matt Herath, el director creativo de la firma, “hizo trabajo político [que] incluye campañas de televisión, radio y prensa para el alcalde de la ciudad de Nueva York Mike Bloomberg, el presidente Clinton y el presidente Obama”, según el contrato.

La elección de Padilla por parte de Newsom fue anunciada el mismo día que Rita Hart, una candidata demócrata al congreso de Iowa que perdió contra Mariannette Miller-Meeks por seis votos, pidió a la Cámara de Representantes que la eligieran a ella en lugar de a su oponente republicana.

Hart reclamó que 22 votos que deberían haber sido contados pero que no lo fueron le darían una victoria de nueve puntos. La petición de Hart podría desatar una controversia que recuerda la amarga batalla de la “Octava Sangrienta” en 1984, cuando los demócratas eligieron al representante de Indiana Frank McCloskey en lugar del republicano Rick McIntyre, que había sido declarado ganador por los funcionarios estatales.

Según la Constitución, el Senado y la Cámara de Representantes son los árbitros finales de quiénes se sientan oficialmente como miembros en sus respectivas cámaras. La última vez que se planteó un desafío de este tipo en la cámara alta fue en 2009, cuando el entonces gobernador de Illinois Rod Blagojevich nombró a Roland Burris, exfiscal general de Illinois, para suceder a Obama en el Senado.

Las acusaciones de que Blagojevich “vendió” el nombramiento del Senado al mejor postor se hicieron públicas rápidamente y, en última instancia, el gobernador fue impugnado, juzgado y condenado en un tribunal federal por un cargo de mentira y condenado a 14 años de prisión. El presidente Donald Trump redujo su sentencia en febrero.

Burris solo fue amonestado por el Comité de Ética del Senado por dar “información incorrecta, inconsistente, engañosa o incompleta” sobre su nombramiento. Ocupó el cargo en el Senado hasta el 29 de noviembre de 2010, pero no buscó la reelección.

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