Régimen chino persigue, tortura y encarcela a minorías étnicas en Xinjiang, según AI

Por Noticia de agencia
10 de Junio de 2021
Actualizado: 10 de Junio de 2021

Cientos de miles de personas de minorías musulmanas se enfrentan a persecuciones, torturas y encarcelamientos masivos a manos del régimen chino en la región autónoma uigur de Xinjiang, según un nuevo informe publicado este jueves por Amnistía Internacional (AI).

La organización acusa a China de cometer crímenes de lesa humanidad contra grupos étnicos minoritarios, sometidos a “vigilancia masiva sistematizada” y “obligados a abandonar sus tradiciones religiosas, prácticas culturales e idiomas locales”.

La investigación, la más ambiciosa impulsada por AI en la zona, se basa en el testimonio de decenas de personas que estuvieron detenidas en “centros de transformación mediante la educación”, considerados por la ONG como campos de internamiento.

La policía patrulla un pueblo de la prefectura de Hotan, en la región china de Xinjiang, el 17 de febrero de 2018. (Ben Dooley/AFP vía Getty Images)

El informe “Como si fuéramos el enemigo en una guerra’: Internamiento masivo, tortura y persecución por parte de China de personas musulmanas en Sinkiang” denuncia que las autoridades del país han aplicado “draconianas medidas represivas” contra la población de etnias uigur, kazaja, hui, kirguís, uzbeka y tayika con el pretexto de acabar con el terrorismo.

Según Amnistía Internacional, China ha encarcelado a cientos de miles de personas y ha enviado a campos de internamiento a otros cientos de miles más, una cifra que “incluso quizás llegue al millón o lo supere”.

Palizas, hacinamiento y privación de sueño

Un centenar de voces de supervivientes recogidas por la investigación, iniciada a comienzos de 2017 en Xinjiang, aseguraron haber sufrido palizas, privación de sueño y hacinamientos en comisarías como paso previo al traslado a centros de internamiento.

La policía vigila mientras los musulmanes abandonan la mezquita de Id Kah después de la oración de la mañana en Eid al-Fitr, Kashgar (Xinjiang), el 26 de junio de 2017. (Johannes Eisele/AFP/Getty Images)

Todos los entrevistados por Amnistía Internacional fueron detenidos por conductas lícitas, según la organización, como poseer un cuadro de tema religioso o comunicarse con alguien del extranjero, y sufrieron torturas u otros malos tratos.

Un funcionario que participó en arrestos masivos a finales de 2017 narró a la ONG cómo la policía se llevaba a personas de sus casas sin previo aviso y las detenía sin un debido proceso.

La investigación sostiene que los considerados campos de internamiento funcionan como cárceles donde los arrestados no tienen autonomía y se exponen a duros castigos por “desobediencias triviales”.

Esta foto tomada el 31 de mayo de 2019 muestra a una mujer uigur (C) atravesando la entrada de un bazar en Hotan, en la región noroccidental de China, Xinjiang. (Greg Baker/AFP vía Getty Images)

Cuando salen del internamiento, las personas están sometidas a vigilancia electrónica y personal “casi constante”, según la organización, que denuncia en su informe de 160 páginas el “tremendo esfuerzo” por parte del régimen chino para ocultar sus acciones de represión.

La secretaria general de AI, Agnès Callamard, remarcó este jueves en la presentación virtual del documento que los susodichos campos de internamiento son solo una parte de la campaña de vigilancia en masa impulsada por parte de las autoridades chinas.

Opacidad y encubrimiento masivo

Ante “una de las crisis de derechos humanos más apremiantes a nivel mundial”, Callamard insta a la comunidad internacional, a la que acusa de “hacer poco” por la población afectada, a implementar medidas para acabar con la “opacidad” de China en la región de Xinjiang.

Según el informe, las personas que denuncian la situación son amenazadas, arrestadas y maltratadas, y cientos de miles de ellas se encuentran en paradero desconocido, aunque la ONG apunta que “es posible que muchas sigan detenidas en los campos”.

Callamard insta a China a “desmantelar de inmediato” los campos de internamiento y, además, insta a Naciones Unidas a abrir una investigación independiente para obligar a rendir cuentas a los responsables de los crímenes que denuncian los supervivientes.


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