El delegado de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alvarado, rechazó el Nombramiento de una Comisión internacional sobre Nicaragua que el Consejo Permanente de la OEA definió el 28 de agosto. Alvarado también atacó a la representante de Argentina cuando sugirió enjuiciar a los violadores de derechos humanos en ese país.
La Comisión internacional sobre Nicaragua llevará a cabo «esfuerzos diplomáticos al más alto nivel para buscar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua», y presentará un informe al Consejo Permanente en un plazo máximo de 75 días”, acordó el Consejo Permanente, en cumplimiento del mandato de la Asamblea General de la Organización de junio.
En su turno para hablar, Alvarado dijo que esto es un asunto que el gobierno de Daniel Ortega considera “lesivo de nuestra Soberanía Nacional” y deriva de propuestas de “políticas que hemos desconocido y desconocemos” y un mecanismo que “no hemos solicitado”.
Contrastando con los informes de derechos humanos presentados ante la organización, el delegado de Ortega dijo que el pueblo nicaragüense “vive con trabajo, derechos, bienestar y convivencia armoniosa”.
“Nicaragua, con orgullo patrio y dignidad crecida, reclama en este consejo permanente, el derecho a la autodeterminación y el respeto que hemos conquistado con la sangre de centenares de miles de nicaragüenses”, añadió.
Alvarado también intervino en rechazo a las palabras de la representante de Argentina, Paola Bertol, cuando se discutía un proyecto de resolución sobre Venezuela, que ella pidió que también se implemente en Nicaragua. Este exige la realización de una investigación “independiente, exhaustiva y creíble”, para enjuiciar a los violadores de derechos humanos.
El delegado del régimen de Daniel Ortega, se refirió a la Sra. Bertol como un “candil de la calle y oscuridad de su casa” y citó el dicho le recomendamos como dice el dicho ´zapatero a tu zapato´.
La embajadora argentina esperó a que le concedieran la palabra para explicar a Alvarado la diferencia entre una democracia y un régimen de dictadura.
“Fui aludida y fue aludido mi país. Yo solo quiero decir que en Argentina funciona la democracia, en Argentina podemos mostrar con orgullo los colores de nuestra bandera, podemos lanzar globos al cielo y no tenemos la posibilidad de ser arrestados por ello, cosa que no ocurre en las dictaduras”.
La Sra. Bertol añadió que “´zapatero a tu zapato´: esto es lo que yo estoy haciendo aquí, mi presidente pensó que podía ser una representante ante la OEA para velar por la paz y por la democracia en el hemisferio. Eso es lo que estoy haciendo y no van a lograr acallar mi voz. Por último, parafraseando otro dicho popular: tal vez el opresor cree que todos son de su misma condición”.
El representante del régimen de Daniel Ortega llamó “candil de la calle y oscuridad de su casa” a la embajadora de Argentina, Paula Bertol, por denunciar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y Venezuela. Así le contestó:https://t.co/0MCYIY6mto
— Despacho 505 (@despacho505) August 29, 2019
Según la Alianza Cívica Nicaragua, una coalición civil que busca que el gobierno de Ortega escuche las demandas de la gente mediante la resistencia cívica, los nicaragüenses están comprometidos para trabajar con la recién nombrada comisión.
“Nuestro compromiso es de trabajar con la Comisión de más alto nivel recién nombrada por la @OEA_oficial, en la búsqueda de una salida negociada a la crisis en #Nicaragua. Invitamos a la misma a llegar al país a la mayor brevedad”, anunció la Alianza.
En cambio, el equipo de activistas digitales ADNIC, destacó la tardanza de los 60 días en aprobar la Comisión. “Comienza nuevamente una cuenta regresiva de 75 días previo a la aplicación de la Carta Democrática por la ruptura del orden constitucional en Nicaragua”, dijo en su Twitter el 29 de agosto.
La OEA aprueba después de +60 días la comisión de alto nivel que negociará con la DICTADURA OrMu. Comienza nuevamente una cuenta regresiva de 75 días previo a la aplicación de la Carta Democrática por la ruptura del orden constitucional en Nicaragua.#SOSNicaragua pic.twitter.com/WI6ERX1qqx
— Team ADNIC (@TeamADNIC_) August 29, 2019
Además mencionó que los acuerdos inclumplidos en las recientes negociaciones con el régimen de Ortega son la “libre manifestación, libertad de todos los presos políticos, reformas electorales, adelanto de elecciones, desarme de paramilitares y retorno seguro de los exiliados”.
El equipo de ADNIC ha estado activamente informando a diario la lista y situación de los presos políticos en Nicaragua.
ADVERTENCIA. Imágenes sensibles:
Posible suspensión de Nicaragua
El experto en derecho internacional, Ricardo de León, dijo a la Voz de América que Nicaragua se expone a ser suspendido como miembro de la OEA.
De León afirma que si la Comisión internacional informa al Consejo Permanente de la OEA que se encuentra en la situación que el gobierno de Nicaragua no les permite hacer gestiones diplomáticas ni buenos oficios, el gobierno sería considerado un Estado autoritario.
“La comisión puede en su informe final decirle al Consejo Permanente que llame a una Asamblea General extraordinaria de sesiones, para que escuche la ruptura del orden democrático en Nicaragua y que las gestiones que les fueron encomendadas el día de hoy no han tenido frutos debido a la negativa del gobierno”, explicó León.
Por lo tanto, “conforme a la carta de la OEA, se puede llegar a tomar la decisión de suspender a Nicaragua del ejercicio del derecho que tenemos como miembros de la OEA, a seguir participando”.
Situación grave en Nicaragua
Durante la reunión del Consejo, Luis Rosadilla, delegado de la OEA en el proceso de negociación en Nicaragua, presentó un informe sobre el diálogo iniciado el 27 de febrero de 2019 y mencionó las dificultades para abordar el tema de las reformas electorales en las negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición,
El Sr. Rosadilla detalla a continuación la serie de eventos ocurridos:
El Representante de la Secretaría General de @OEA_oficial, Luis Rosadilla, presentó informe al @CP_OEA sobre el trabajo de apoyo al proceso político y liberación de presos políticos en #Nicaragua. #OEAenNicaragua (2/2) pic.twitter.com/JrYH1H4O4d
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) August 28, 2019
Un informe previo que abordó la situación de derechos humanos en Nicaragua observada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita de trabajo realizada al país del 17 al 21 de mayo de 2018, en relación con los actos de violencia ocurridos a partir de la represión estatal a las protestas que se iniciaron el 18 de abril de 2018, destacó el sistema de represión que vive el país.
“La acción represiva del Estado ha producido al menos, 212 personas muertas hasta el 19 de junio (2018), 1.337 personas heridas y 507 personas estuvieron privadas de la libertad registradas hasta el 6 de junio, y cientos de personas en situación de riesgo tras ser víctimas de ataques, hostigamientos, amenazas y otras formas de intimidación”.
En junio la OEA pidió la inmediata liberación de los prisioneros y Ortega liberó algunos presos políticos, quienes denunciaron torturas y trato inhumanos. Luego se dio curso a las mesas de negociación para restaurar la democracia, cuya situación fue explicada por Rosadilla.
Según el informe de derechos humanos de la OEA, el régimen de Ortega se destaca por la difusión de propaganda y campañas de estigmatización, medidas de censura directa e indirecta, intimidaciones y amenazas contra líderes de movimientos sociales y falta de diligencia en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en el este contexto”.
Se observa en el país la continua criminalización de los defensores de derechos humanos por parte del régimen de Ortega, señalando que las personas se encuentran en una situación de constante de riesgo debido a las represalias mediante la utilización del sistema penal en su contra.
“La información recibida por la CIDH señala la utilización de tipos penales ambiguos como “incitación a la rebelión”, “terrorismo”, “sabotaje”, “instigación a la delincuencia”, o “ataques contra o resistencia a la autoridad pública” para criminalizar la labor de personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua”.
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