Río de Janeiro se desangra tras veinte años de corruptelas de sus gobernantes

Por EFE
29 de noviembre de 2018 3:41 PM Actualizado: 29 de noviembre de 2018 3:42 PM

Las corruptelas atribuidas a los cuatro últimos gobernadores de Río de Janeiro, relacionadas con dineros ilícitos en campañas, sobornos destapados por la Operación Lava Jato e irregularidades en obras realizadas para los Juegos Olímpicos de 2016, desangran al estado más emblemático de Brasil.

El arresto hoy del actual gobernador de Río, Luiz Fernando Pezao, eleva a cuatro el número de ocupantes del cargo detenidos en los últimos años por corruptelas en este estado brasileño, en el que también está preso el jefe del Legislativo regional.

La crisis que vive el estado, que ha tenido que recortar el presupuesto para la salud y frenar inversiones y que se encuentra a gatas para pagar la extra de navidad a sus funcionarios, es tan solo un ejemplo de los efectos que han dejado los desvíos que ha sufrido.

Pezao es acusado de haber participado en la red de corrupción montada por su antecesor y aliado político, Sergio Cabral, ya en prisión condenado a 100 años de cárcel con una veintena de procesos penales relacionados con asuntos de corrupción. EFE/Marcelo Sayão

La continuidad de las corruptelas llevó a la Policía Federal a detener este jueves a Pezao, acusado de recibir sobornos en el marco de la Lava Jato, la operación que reveló el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil y que destapó gigantescos desvíos de la petrolera estatal Petrobras.

Pezao es acusado de haber participado en la red de corrupción montada por su antecesor y aliado político Sergio Cabral, ya en prisión y con cien años de cárcel por cumplir tras ser condenado varias veces, pero que aún acumula una veintena de procesos penales relacionados con asuntos de corrupción.

Cabral logró una enorme popularidad durante su gobierno debido al protagonismo que adquirió el estado por la celebración del Mundial de fútbol Brasil 2014, los Juegos Panamericanos de 2007 y la adjudicación de los Juegos Olímpicos Río 2016, eventos que exigieron la construcción de millonarias obras, usadas para los desvíos.

De acuerdo con las investigaciones, Cabral, que a tan solo mes y medio de la apertura de los Olímpicos declaró a Río en bancarrota, utilizó estos eventos para enriquecerse hasta el punto de desviar recursos de proyectos destinados a la mejoría de las favelas.

Según la Fiscalía, existen pruebas de que Pezao recibió sobornos por cerca de 25 millones de reales (unos 6,7 millones de dólares) entre 2007 y 2014, cuando se desempeñó como vicegobernador en la gestión de Sergio Cabral, un valor «absolutamente incompatible con el patrimonio declarado por el gobernador».

Pero el gobernador también es acusado de crear su propio esquema delictivo y, de acuerdo con la Fiscal General de la República, Raquel Dodge, «operó una red propia de corrupción con sus propios operadores financieros».

Según la jefe del ente acusador, pese a las decenas de políticos y empresarios que han sido encarcelados por la Lava Jato, Pezao continuó delinquiendo, especialmente mediante el lavado de dinero, para ocultar los montos obtenidos por las corruptelas.

La captura del gobernador, el primero en ser detenido en pleno ejercicio de su mandato, se suma a las de los tres mandatarios anteriores de Río de Janeiro, a la de todos los presidentes de la Asamblea Legislativa regional desde 1995, a la de una decena de diputados y a la de varios funcionarios de entidades de control de alto rango.

De los gobernadores en los últimos 20 años, además de Pezao y Cabral, también fueron capturados Antonhy Garotinho y Rosinha Garotinho -acusados de fraudes electorales durante sus campañas- aunque actualmente gozan de libertad condicional.

Asimismo fueron puestos tras las rejas por corruptelas todos los presidentes de la Asamblea Legislativa de Río en las últimas dos décadas: Sérgio Cabral (1995-2003) y Paulo Melo (2011-2015), así como el actual directivo, Jorge Picciani, un importante aliado de Pezao y de Cabral y que fue el presidente del Legislativo entre 2003 y 2010 y volvió a ser elegido para el cargo en 2015.

La grave crisis financiera que enfrenta Río de Janeiro desde 2016 también ha sido el detonante de la ola de violencia que azota al estado fluminense y que en 2017 cobró la vida de 6.731 personas.

La intervención federal, medida implementada por el presidente Michel Temer desde el pasado 16 de febrero y que dejó en manos del Ejército brasileño el control del orden público en todo el estado, no ha podido atenuar la situación de inseguridad en la región y ha incrementado el número de muertes en operaciones policiales.

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