Sanitarios demandan a 2 hospitales de Luisiana por la vacunación obligatoria contra la COVID-19

Por Jack Phillips
22 de Septiembre de 2021
Actualizado: 22 de Septiembre de 2021

Docenas de sanitarios han demandando a dos redes de hospitales en Luisiana por sus órdenes de vacunación contra la COVID-19 para los empleados, argumentando que los estudios han demostrado que las vacunas no previenen la transmisión del virus.

Los abogados de los demandantes dijeron que solicitan medidas cautelares temporales y permanentes contra las órdenes de vacunación obligatoria impuestas por el Centro Médico General Ochsner Lafayette y el Centro Médico Regional Nuestra Señora de Lourdes.

La demanda presentada contra Ochsner estipula que los ciudadanos de Luisiana tienen “un derecho fundamental a decidir si obtienen o rechazan un tratamiento médico” en virtud de la Constitución del estado, de las sentencias judiciales anteriores sobre el consentimiento informado y las cuestiones de privacidad, y de la legislación estatal.

Citando las afirmaciones de que las vacunas contra la COVID-19 no previenen la transmisión del virus, la demanda dice que son innecesarias. Los funcionarios de los Centros para el Control de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Medicamentos han dicho que, aunque las vacunas no siempre previenen la transmisión, protegen contra los síntomas graves de la COVID-19.

“Ya no hay ningún argumento serio de que la obligación de vacunar vaya a prevenir la transmisión o a erradicar la enfermedad, como se afirmaba anteriormente”, se lee en la presentación judicial. “Sin embargo, el demandado está intentando obligar a los demandantes, y a otros, a someterse a la vacunación contra la COVID-19 por encima de sus objeciones personales y haciendo caso omiso de su conocimiento excepcionalmente bien informado del virus y de las opciones de tratamiento”.

La demanda, presentada contra Oschner, añadía: “En el mejor de los casos, estas órdenes del hospital son un empeño erróneo de participar en una cruzada de salud pública coaccionando a los empleados del sector privado para que se sometan a un tratamiento médico por su propio bien y por el bien del público en general”, según el medio de comunicación Center Square.

La denuncia presentada contra el Centro Médico Regional Nuestra Señora de Lourdes señalaba que el centro sanitario no reconocía la “inmunidad natural” concedida por una infección previa de COVID-19, según el artículo de prensa. Algunos estudios han descubierto que los individuos que contrajeron el virus tenían una protección duradera y significativa contra la COVID-19, y un estudio israelí publicado a finales de agosto descubrió que los individuos con una infección previa estaban mejor protegidos contra la variante Delta.

El Centro Médico Regional Nuestra Señora de Lourdes anunció en agosto que todos los empleados tendrán que recibir la vacuna contra la COVID-19 antes del 30 de noviembre, mientras que Oschner dijo el mes pasado que sus trabajadores tendrán hasta el 29 de octubre para poder seguir trabajando.

El director médico de Nuestra Señora de Lourdes, el Dr. Henry Kaufman, dijo a varios medios de comunicación locales en ese momento que la “preponderancia de la ciencia está fuertemente inclinada a favor de la vacunación, y de esto no puede haber ninguna duda”, y afirmó que las vacunaciones obligatorias “no son nada nuevo”.

The Epoch Times se ha puesto en contacto con el Centro Médico Regional Nuestra Señora de Lourdes y con Oschner para una solicitud de comentarios.

Nuestra Señora de Lourdes dijo en una declaración en respuesta a la demanda que “valora a todos los miembros de su equipo y respeta sus derechos”, y “mantiene su política de vacunación, que consideramos coherente con la ley y adecuada a las circunstancias”.

El Ochsner Lafayette General, en una declaración, dijo que “los empleados con objeciones médicas y religiosas pueden presentar solicitudes de exención o aplazamiento que son revisadas individualmente y a fondo por un panel de expertos”. Y añadió: “Seguimos sirviendo como fuente de la verdad y proporcionando recursos continuos, educación y oportunidades de vacunación a nuestros empleados y a la comunidad”.

Más de 80 personas figuran como demandantes en la demanda, presentada en el Tribunal del 15º Distrito Judicial de Lafayette por el abogado Jimmy Faircloth Jr.


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