Segunda corte bloquea intento de Trump de excluir a inmigrantes ilegales del censo

Por Janita Kan
22 de Octubre de 2020
Actualizado: 22 de Octubre de 2020

Un tribunal federal de California bloqueó el jueves el intento de la administración Trump de excluir a los inmigrantes ilegales del conteo del censo de 2020 que se utiliza para repartir los asientos del Congreso.

Esta es la segunda vez que un tribunal federal ha fallado en contra del memorándum del presidente Donald Trump emitido el 21 de julio que excluía a los inmigrantes ilegales del recuento de prorrateo del Congreso.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el Distrito Norte de California dictaminó que el memorándum viola la Constitución y dos leyes federales relacionadas con el Censo.

“Nuestra decisión no se basa en ninguna preferencia que podamos tener sobre la cuestión de si, como cuestión de política, los inmigrantes indocumentados deben ser incluidos para determinar el prorrateo de los escaños en la Cámara de Representantes”, escribieron los jueces en un veredicto no firmado (pdf).

“Nuestra conclusión se basa en nuestra determinación de lo que la ley requiere. La política que el memorando presidencial intenta promulgar ya ha sido rechazada por la Constitución, los estatutos aplicables y 230 años de historia”, añadieron.

El memorándum del 21 de julio, que está en el centro del caso, declaró que “es la política de Estados Unidos excluir de la base de prorrateo a los extranjeros que no tienen un estatus de inmigración legal”, con el propósito de la redistribución de los miembros del Congreso después del censo del 2020.

“Excluir a estos extranjeros ilegales de la base de distribución es más acorde con los principios de la democracia representativa que sustenta nuestro sistema de gobierno. Permitir la representación del Congreso, y por lo tanto la influencia política formal, a los estados en base a la presencia dentro de sus límites a extranjeros que no han seguido los pasos para asegurar un estatus migratorio legal bajo nuestras leyes, socava esos principios”.

El memorando ha sido impugnado varias veces en diferentes tribunales de todo el país. Un panel de tres jueces en un tribunal de distrito de Nueva York en septiembre dictaminó que el memorándum de Trump que excluía a los extranjeros ilegales del recuento de prorrateo del Congreso era una extralimitación ilegal de la autoridad del presidente según lo delegado por el Congreso.

Los jueces declararon que el memorándum presidencial era ilegal y concedieron una orden judicial que impedía a la administración hacer cumplirlo.

Esto llevó a la administración Trump a apelar la decisión ante la Suprema Corte. El 16 de octubre, el máximo tribunal acordó revisar el caso.

El caso de California consolida dos casos presentados por California, ciudades, condados, grupos de defensa de inmigrantes y particulares de California. Afirman que la exclusión de los inmigrantes ilegales del recuento de prorrateado del Congreso llevaría a un subconteo de personas, lo que a su vez daría lugar a que el estado perdiera un escaño o escaños en el Congreso.

También dicen que al perder un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el estado también perdería fondos federales y afectaría su capacidad de desempeñar funciones gubernamentales fundamentales.

Los jueces concedieron una orden judicial permanente que era más amplia que la emitida en el tribunal de Nueva York. La orden judicial impide que el secretario de Comercio Wilbur Ross, que supervisa el censo, entregue al presidente cualquier informe que forme parte del censo decenal.

“El balance de las dificultades se inclina bruscamente a favor de los demandantes. El interés público tampoco se vería perjudicado por una orden judicial permanente que prohibiera una política ilegal”, escribieron los jueces.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, que presentó una de las demandas, acogió con satisfacción la decisión.

“Un recuento completo y exacto del censo es fundamental para asegurar que los californianos sean escuchados en el Congreso y que obtengamos los recursos que necesitamos para proteger la salud y el bienestar de nuestras comunidades”, dijo Becerra en una declaración.

El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

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