Sheriffs y funcionario de condado de Illinois se oponen a nueva legislación sobre inmigración

Por Martha Rosenberg
26 de Julio de 2021
Actualizado: 26 de Julio de 2021

La Asociación de Sheriffs de Illinois y un funcionario del condado de Illinois se oponen a la nueva legislación sobre inmigración que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, dijo que firmaría y que prohíbe la cooperación del estado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

Jim Kaitschuk, director de la Asociación de Sheriffs de Illinois (ISA, por sus siglas en inglés) que se opone a la Ley vía de progreso de Illinois, dijo a The Epoch Times: “Me preocupa que no podamos mantener contacto con las agencias federales. La Ley TRUST [2017] dictaminó que no podíamos detener a alguien únicamente por una orden de retención de inmigración, pero podíamos tener contacto con el gobierno federal para hacerles saber a quién teníamos bajo nuestra custodia; el nuevo proyecto de ley dictamina que no podemos participar, apoyar o ayudar en la acción de aplicación de la ley de inmigración, a menos que se presente con una orden penal federal o sea requerido por la ley federal, incluyendo contactarlos sobre alguien que ya está bajo nuestra custodia. Las manos de los policías quedan atadas”.

La separación de la ley entre los policías estatales y locales y el ICE será tan extrema: “Si yo viera que un agente del ICE es atacado, no podría intervenir legalmente en favor del agente”, dijo Kaitschuk. Los oficiales de policía estatales y locales tampoco pueden ayudar al ICE en el intercambio de información, las detenciones y los procedimientos.

Incluso antes de la Ley vía de progreso de Illinois la policía y los sheriffs de Illinois tenían las manos atadas en virtud de la ley TRUST, dijeron quienes hablaron con The Epoch Times. “Hace poco paré a un automovilista que tenía un permiso de conducir de Rumanía que ni siquiera podía leer”, dijo Kaitschuk, que trabaja en la calle como policía. “Si le hubiera preguntado de dónde era, habría estado infringiendo la ley”.

El presidente de la Junta, Michael Buehler, del condado de McHenry, en Illinois, también se opone a la Ley vía de progreso de Illinois. Dijo a The Epoch Times que, según la actual ley de inmigración de Illinois, “las autoridades locales tienen prohibido permitir que un agente del ICE haga siquiera una llamada telefónica en las oficinas locales o estatales de la policía”.

La Ley vía de progreso de Illinois es la “peor legislación aprobada en Illinois en 20 años”, dijo Buehler. Es “otro ejemplo de las fuerzas liberales que atan las manos de las fuerzas policiales y violan los derechos de las ciudades y los condados”. El condado de McHenry, una zona más allá de los suburbios de Chicago, “es uno de los últimos ‘condados del collar’ que sigue siendo de mayoría republicana y está en el punto de mira de los demócratas”, dijo.

Según la ley vía de progreso de Illinois, las fuerzas policiales locales tendrán que “rendir cuentas” si son sorprendidas trabajando con el ICE, según el senador estatal demócrata Omar Aquino, que presentó el proyecto de ley y sirve a un distrito de Chicago.

La nueva legislación de inmigración también cerrará los centros de detención

La Ley de Moratoria de Centros de Detención Privados de 2019 ya prohibió las prisiones privadas que detienen a inmigrantes ilegales, pero bajo la Ley vía de progreso de Illinois, tres centros de detención de Illinois que tienen contratos con ICE en los condados de Kankakee, McHenry y Pulaski deberán cerrar antes del 1 de enero de 2022. No se podrán firmar nuevos contratos en virtud de la ley.

“Algunas de estas comunidades dependen de sus contratos con ICE y si estas instalaciones cierran, los detenidos simplemente dejarán el estado de Illinois”, dijo Kaitschuk. “Su detención en las instalaciones de Illinois no es solo por violaciones de inmigración, sino por delitos graves y crímenes”.

Buehler, en cuyo condado se encuentra la Correccional de Adultos del Condado de McHenry, dice que se opone al cierre por dos razones. “Primero está la cuestión moral: somos incapaces de colaborar con nuestros socios federales para garantizar la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública. En segundo lugar, la prisión proporciona 10 millones de dólares al año en ingresos del condado, lo que ayuda a reducir los impuestos de nuestros ciudadanos”.

El cierre de la prisión tampoco servirá a los objetivos de los activistas de la inmigración que quieren reunir a las familias, dijo Buehler: “separará aún más a las familias al trasladar a los detenidos a otros estados”. Tampoco los detenidos en el centro de McHenry son solo de México o Centroamérica como muchos piensan; provienen de 27 países, incluyendo Ucrania y China, dijo Buehler.

Aun así, la líder adjunta de la mayoría, Lisa Hernandez, principal patrocinadora de la ley en la Cámara de Illinois, afirma que “los inmigrantes que tienen contacto con el sistema legal penal y están detenidos por el ICE han cumplido su condena. Merecen reunirse con sus familias como cualquier otra persona”. Deportar a un inmigrante que está en Estados Unidos ilegalmente y ha cumplido una condena es un “doble castigo”, dijo la representante Hernandez en un comunicado de prensa. “Nos negamos a facilitar este doble castigo para los inmigrantes”.

Según el Instituto de Justicia Vera, 900,000 ciudadanos residentes en Illinois corren el riesgo de ser deportados (pdf).

Los líderes discrepan sobre la legislación de inmigración

Chicago ha sido durante mucho tiempo una ciudad santuario, una municipalidad que limita su cooperación con el esfuerzo del gobierno federal para hacer cumplir la ley de inmigración.

Cuando el exgobernador de Illinois, Bruce Rauner, firmó la ley TRUST en 2017, sus partidarios especularon que los inmigrantes ilegales serían más propensos a denunciar delitos o colaborar si no temían ser deportados. El expresidente del Senado de Illinois, John Cullerton, incluso dijo que aliviar a la policía de “hacer el trabajo de los agentes federales de inmigración” era “un mejor uso de los recursos limitados”.

Pero los funcionarios de las fuerzas policiales de Illinois expresan su preocupación por el cortafuegos contra el ICE que creará la ley vía de progreso de Illinois. Según el sheriff del condado de Kankakee, Mike Downey, los oficiales han recibido instrucciones de liberar a los delincuentes indocumentados que salen de las instalaciones penitenciarias de Illinois, incluso cuando están sujetos a “retenciones” federales de inmigración. Anteriormente los delincuentes habían sido transportados al Centro de Detención Jerome Combs. Hasta 223 individuos fueron transferidos allí en 2019, dijo el Sheriff.

Después de que la Asamblea General de Illinois aprobara la ley vía de progreso de Illinois en junio, Chris Southland, presidente de la Orden Fraternal de Policía de Illinois, dijo: “¿Por qué no querríamos trabajar con las autoridades federales para asegurarnos de que los inmigrantes violentos e ilegales no sean liberados (de la custodia de las fuerzas policiales locales) dentro de nuestras comunidades?”, reportó el periódico de Illinois The Pantagraph.

En 2020, cuatro sheriffs electos de Illinois presentaron una demanda contra las medidas de indulgencia a la inmigración de la ley TRUST, solicitando una orden judicial preliminar y permanente. La ley “tiene el propósito y el efecto de obstruir la aplicación de la ley federal de inmigración en Illinois”, y “el gobierno federal es el único que tiene autoridad para establecer leyes de inmigración”, decía la demanda.

La aplicación de la ley no es el único problema creado por la nueva legislación favorable a la inmigración de Illinois. En una entrevista realizada en julio en el programa Morning Newswatch de la emisora de radio WJPF, se preguntó a la senadora de Illinois Terri Bryant, republicana de la ciudad de Murphysboro, en el sur del estado, sobre el costo para los habitantes de Illinois de la escolarización, la vivienda, la atención médica y el bienestar de la última oleada de inmigrantes indocumentados. Ya ha habido un cambio en Medicaid, el programa financiado por el estado para los residentes con bajos ingresos, dijo.

“Puedes tener 55 años en este estado y ser ciudadano y no ser elegible para Medicaid, pero si eres un inmigrante indocumentado, de 55 años o más, eres elegible”.


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