La ciudad de Tucson ha suspendido un decreto que le ordenaba a los empleados recibir una vacuna anti-COVID o enfrentarse a cinco días de suspensión y otras medidas disciplinarias.
El fiscal general de Arizona dijo el martes que el decreto, impuesto el mes pasado, era ilegal porque violó una orden ejecutiva que el gobernador Doug Ducey dio a conocer a principios de este año, además de una ley estatal que entrará en vigencia a finales de este mes.
Mark Brnovich, el fiscal general, les advirtió a los funcionarios de Tucson que, a menos que se rescindiera el decreto, procedería a ordenar al tesorero estatal que retenga la parte de los ingresos compartidos estatales de la ciudad hasta que los funcionarios detuvieran la política.
La Liga de Ciudades y Pueblos de Arizona estimó los ingresos de Tucson, para el año fiscal en curso, en más de 175 millones de dólares.
Los funcionarios de Tucson, en declaraciones publicadas por la ciudad, condenaron el dictamen de la oficina de Brnovich, pero dijeron que detendrán la aplicación del decreto, al menos por ahora.
La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, una demócrata, afirmó que Brnovich, un republicano que se ha postulado para el Senado de Estados Unidos, «está priorizando sus ambiciones políticas sobre su responsabilidad de interpretar la ley objetivamente».
Pero el administrador de la ciudad de Tucson, Michael Ortega, admitió que los funcionarios no estaban seguros de si el decreto era legal.
«Hasta que tengamos una mejor comprensión de nuestra posición legal en relación con el informe de hoy, he dado instrucciones al personal para que detenga la implementación del decreto», dijo.
Ducey, un republicano, emitió una orden en abril prohibiendo los llamados pasaportes de vacunas. La orden prohibía a las agencias estatales, condados, ciudades y pueblos exigir pruebas de vacunación para COVID al ingresar o recibir un servicio gubernamental.
Sin embargo, los funcionarios de Tucson impusieron su decreto el 13 de agosto, ordenando a todos los empleados que presenten una prueba de vacunación antes del 24 de agosto o, de lo contrario, se enfrentarían a medidas disciplinarias.
En respuesta, Ducey dijo el 16 de agosto, en una nueva orden, que la ley estatal no permite que una ciudad, pueblo o condado imponga decretos de vacunación y dijo que su orden anterior dejaba en claro que tales políticas no estaban permitidas.
Los republicanos de Arizona aprobaron este año el proyecto de ley 1824 del Senado, que prohíbe los decretos de vacunación, pero la ley no entrará en vigor hasta el 29 de septiembre.
Sin embargo, la orden de Ducey entró en vigencia de inmediato y dice expresamente que las ciudades no pueden implementar un requisito de vacunación en violación del proyecto de ley, señaló el informe de investigación de la oficina de Brnovich.
En su respuesta, los funcionarios de Tucson ignoraron la conclusión de que su mandato violaba la orden de Ducey, centrándose, en cambio, en que la ley no había entrado en vigor.
«Estamos evaluando las implicaciones de la opinión del fiscal general, de que el requisito de vacunas de la ciudad viola un estatuto que aún no tiene efecto legal», dijo Mike Rankin, el fiscal de la ciudad.
La oficina de Brnovich no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Su investigación inició por una denuncia presentada por la senadora estatal Kelly Townsend, una republicana.
En una declaración, después de que el decreto fuera considerado ilegal, Townsend dijo que los empleados públicos “tienen más motivos para preservar no solo su capacidad de tomar decisiones médicas por sí mismos, sin la coacción ilegal del gobierno, sino que tienen una defensa más sólida al estar habilitados para buscar compensaciones por daños, si es necesario”.
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