Opinión
No elegimos a nuestro presidente directamente. El presidente es elegido unas seis semanas después de la votación popular de noviembre por electores presidenciales elegidos por el pueblo.
Los que buscan ser electores presidenciales generalmente anuncian a los votantes qué candidatos apoyarán para presidente y vicepresidente. Casi todos los electores cumplen sus promesas. Ocasionalmente, sin embargo, cambian de opinión y votan por alguien por quien no se han comprometido.
Algunos estados tienen estatutos que castigan o pretenden expulsar a cualquier elector que cambie de opinión. Esta primavera, la Corte Suprema decidirá dos casos que desafían leyes de ese tipo, uno adoptado en el Estado de Washington y otro en Colorado.
Los casos surgieron de esta manera: Después del voto popular de noviembre de 2016, algunos electores demócratas se convencieron de que no debían apoyar a un candidato tan deficiente como Hillary Clinton. Algunos electores republicanos se preocuparon por las cualidades de Donald Trump. Comenzaron a explorar otras posibilidades.
Finalmente, varios electores demócratas del estado de Washington anunciaron que votarían por Colin Powell. Tres electores demócratas de Colorado indicaron que votarían por el gobernador republicano John Kasich de Ohio. En Texas, dos electores republicanos se negaron a votar por Donald Trump.
Los disidentes del estado de Washington votaron por el general Powell, pero el estado los multó con 1000 dólares a cada uno por hacerlo. Los funcionarios de Colorado fueron más lejos: intimidaron a dos de los disidentes para que votaran por Clinton. Cuando el otro disidente trató de votar por Kasich, lo sacaron del lugar y lo reemplazaron por alguien dispuesto a hacer lo que le dijeron.
Los electores de Washington y Colorado desafiaron entonces las leyes estatales que les impedían ejercer su mejor criterio. La Corte Suprema de Washington confirmó la ley de su estado, pero un tribunal federal de apelaciones anuló la medida de Colorado. Los dos casos se consolidaron en la Corte Suprema de Estados Unidos.
Después de un primer vistazo, se podría decir: «¿Por qué no es constitucional que un estado obligue a un elector a cumplir su promesa? Después de todo, ¡los votantes lo eligieron basándose en esa promesa!».
Pero cuando miras debajo de la superficie, se detectan otros asuntos.
Lo que dice la Constitución
Los creadores de la Constitución sabían que nuestro sistema de elección presidencial debía funcionar bien o la república no sobreviviría. Un mal sistema podría producir una guerra civil, una dictadura, un gobierno de la turba o (como en el caso de la monarquía hereditaria) una gran incompetencia.
Así que, en la elaboración de nuestro procedimiento de elección presidencial, los artífices consideraron una larga lista de factores. (A pesar de lo que se oye hoy en día, la esclavitud no era un tema importante en la lista).
Por ejemplo, los autores creían que un presidente debía tener un amplio apoyo popular. Pero tenían que evitar un procedimiento electoral que pudiera producir una selección de dictadores o demagogos por parte de la mafia.
También trataron de evitar el regionalismo excesivo —elección del presidente por parte de unos pocos estados grandes o por una o dos áreas del país—. En el mejor de los casos, el regionalismo excesivo haría que el país fuera más difícil de gobernar. En el peor de los casos, produciría una guerra civil y tal vez una ruptura permanente de la Unión.
Del mismo modo, los artífices sabían que las ideas de los líderes del Congreso y de los estados les daban derecho a tener alguna voz en el procedimiento, pero que no debían controlarlo.
Había también otros factores, y el procedimiento de elección presidencial de la Constitución era el producto de un cuidadoso equilibrio de todos ellos.
Pero en un aspecto, el sistema no ha funcionado como se pretendía: el mejor juicio de los electores presidenciales ha sido abolido en gran parte por las leyes estatales que los convierten en meras marionetas.
No hay duda de que cuando nuestros fundadores previeron que los «electores» votaran por » boleta» refieriendose a los electores que ejercieran su mejor juicio y votaran por voto secreto.
Los defensores de las leyes títeres electores (puppet-elector) suelen admitir esto, pero tienen algunos argumentos en contra. Primero, señalan que la Constitución da a los estados el poder de nombrar electores presidenciales. Argumentan que el poder de nombrar incluye el poder de controlar. Segundo, afirman que la 12º Enmienda, adoptada en 1804, cambió la regla de que los electores podían ejercer la discreción.
Sin embargo, el primer argumento ignora cómo funciona realmente la Constitución. Según la Constitución, el mero poder de nombrar no crea un poder de control a menos que el documento lo diga. Lo dice con respecto a los funcionarios del poder ejecutivo: Una parte del documento permite al presidente nombrar a esos funcionarios y otras partes facultan al presidente a controlarlos. Pero la regla es otra para los jueces federales: el presidente los nombra, pero no retiene la autoridad para controlarlos.
Esta última situación también se aplica a los electores: la Constitución faculta a los estados para nombrarlos, pero no otorga ningún poder de control.
En cuanto a la afirmación de que la 12º Enmienda cambió la discreción del electorado: no es verdad. La enmienda alteró algunas cosas, pero dejó el lenguaje de la Constitución que rige la discreción del electorado esencialmente sin cambios. Además, los debates en el Congreso sobre la 12º Enmienda muestran que los autores de la enmienda aún esperaban que los electores ejercieran su mejor juicio a través de votos secretos —aunque los partidos políticos habían comenzado a dominar el voto popular—.
Los defensores de las leyes de electores marionetas no entienden que la discreción electoral es parte de asegurar que el sistema de elección presidencial funcione correctamente.
Por supuesto, en la inmensa mayoría de los casos, los electores presidenciales son figuras menores que solo votan según sus promesas. Y en la mayoría de las elecciones esto funciona bien. Pero permitir a los electores ejercer la discreción alentaría a los estadistas líderes a buscar el puesto. Entonces, cuando los problemas surgen, los electores tendrían las habilidades necesarias para resolverlos.
A continuación, hay ejemplos de situaciones en las que la discreción de los electores es importante:
- El candidato presidencial ganador puede morir o quedar incapacitado poco después de la votación de noviembre. El ganador de la vicepresidencia puede no ser el mejor sustituto. (Como todo observador político sabe, los candidatos presidenciales a menudo eligen compañeros de fórmula de dudosas calificaciones). En este caso, los electores experimentados pueden elegir inteligentemente entre las opciones disponibles.
- La información perjudicial sobre el ganador simbólico puede surgir después de que gran parte o la totalidad del electorado haya votado. Este es un riesgo creciente, tanto porque siempre sale a la luz nueva información como porque las leyes estatales permiten que cada vez más personas voten anticipadamente. Es probable que los electores presidenciales, en particular si son líderes en sus respectivos estados, se enteren de la información perjudicial antes de que lo haga el público en general, y puedan avanzar más rápidamente para procesarla y aplicarla.
- En una elección con varios candidatos importantes, el «ganador» simbólico puede recibir solo una pequeña pluralidad del voto popular. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 2006 en México, en las que participaron tres candidatos, casi dos tercios de los votantes mexicanos se opusieron al «ganador» de la mayoría. En tales circunstancias, el poder de los electores para considerar otras opciones puede impedir la subversión de la voluntad popular, los disturbios civiles generalizados o incluso la guerra civil.
- Nuestro sistema actual otorga la elección presidencial al ganador del voto popular alrededor del 92 por ciento de las veces. Y lo máximo que el ganador electoral ha caído por debajo del ganador del voto popular es solo el 2.8 por ciento (Rutherford Hayes en 1876). Supongamos, sin embargo, que un candidato gana la mayoría del voto electoral mientras pierde el total del voto popular por un 10 o 15 por ciento. En esa situación, los electores comprometidos con el ganador del voto electoral pueden considerar la posibilidad de: 1) votar por el ganador del voto popular o 2) buscar un candidato de compromiso.
El sistema de elección presidencial de la Constitución representa una respuesta ingeniosa y eficaz a muchas cuestiones diferentes. La Corte Suprema debería, y probablemente lo hará, anular las leyes estatales que intentan alterarla.
Rob Natelson es un miembro de alto rango en jurisprudencia constitucional en el Instituto de Independencia de Denver. Fue profesor de derecho durante 25 años y es el autor de «La Constitución Original»: What It Actually Said and Meant» («Lo que en verdad decía y lo que significaba») (3ª ed., 2014).
*****
¿Sabía?
Google estaría intentando evitar la reelección de Trump
Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
