La Unión Europea (UE) llegó este miércoles a un acuerdo político para sancionar a otros siete altos cargos del régimen venezolano por violaciones de los derechos humanos en el país, confirmaron a Efe fuentes europeas.
Los embajadores permanentes de los Veintiocho en Bruselas acordaron en una reunión celebrada hoy actualizar la lista de sancionados relacionados con la crisis en Venezuela.
La decisión se hará efectiva tras su publicación en el Diario Oficial de la UE, previsiblemente este viernes según las fuentes, donde se detallará la identidad de los nuevos sancionados.
Con estas siete nuevas personas, la lista negra contará en total con 25 integrantes a quienes la UE ha prohibido la entrada en su territorio o congelado los bienes que puedan tener en la Unión.
En julio, los Veintiocho ya se mostraron dispuestos a comenzar el trabajo para aplicar más sanciones selectivas a los miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas implicados en torturas y otras graves violaciones de los derechos humanos, según anunciaron entonces en una declaración conjunta.
El Parlamento Europeo (PE) reclamó ese mismo mes a los países de la Unión Europea acordar sanciones adicionales contra las autoridades venezolanas responsables de violaciones de derechos humanos y represión.
En una resolución que recibió 455 votos a favor, 85 en contra y 105 abstenciones, la Eurocámara consideró que las autoridades europeas debían “restringir los movimientos de estos individuos y congelar sus activos y visados, así como los de sus parientes más cercanos”.
La UE también aplica ya a Venezuela restricciones a la exportación de armas y de equipos de telecomunicaciones y que puedan utilizarse para la represión interna.
En noviembre de 2017 la UE aplicó las primeras medidas restrictivas a Venezuela a la luz del “continuo deterioro de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos” en el país.
Se acordó restringir la entrada y congelar los activos que pudieran tener en la UE diferentes personalidades venezolanas consideradas responsables de “graves violaciones de los derechos humanos o de reprimir a la sociedad civil y a la oposición democrática”.
También a “aquellos cuyas acciones, políticas o actividades minasen la democracia o el Estado de derecho” en Venezuela.
La UE aseguró que con estas medidas pretendía impulsar un proceso “creíble y significativo” que pudiera llevar a una solución pacífica negociada a la crisis que atraviesa el país.
También ha dejado claro en diferentes ocasiones que estas sanciones pueden ser revertidas “en función de la situación en el país”, en particular si se celebran negociaciones creíbles y significativas, se respetan las instituciones democráticas, se adopta un calendario electoral y se libera a todos los presos políticos.
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