Vacunas COVID-19 son obligatorias para solicitantes de residencia permanente en EE.UU.: Funcionarios

Por Jack Phillips
14 de Septiembre de 2021
Actualizado: 14 de Septiembre de 2021

Todos los solicitantes del permiso de residencia permanente sujetos al examen médico de inmigración tienen que estar completamente vacunados contra el COVID-19 a partir del próximo mes, anunciaron el martes los funcionarios federales de inmigración.

“En general”, dijo el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés), “las personas que solicitan convertirse en un residente permanente legal, y otros solicitantes según se considere necesario, deben someterse a un examen médico de inmigración para demostrar que están libres de cualquier condición que los haría inadmisibles bajo motivos relacionados con la salud”.

Y ahora, a partir del 1 de octubre, los solicitantes sujetos al examen médico tienen que estar completamente vacunados contra el virus del PCCh (Partido Comunista Chino), que causa el COVID-19, según la agencia.

“Esa actualización requiere que los solicitantes sujetos al examen médico de inmigración completen la serie de vacunas contra el COVID-19 (una o dos dosis, dependiendo de la vacuna) y proporcionen la documentación de la vacunación al médico de Migración antes de completar el examen médico de inmigración”, dijo USCIS, que es supervisado por el Departamento de Seguridad Nacional. Señaló que la nueva política se aplica a los formularios I-693, que son firmados por los médicos de migración.

La agencia dijo que puede emitir exenciones de la vacuna a las personas si no son mayores de edad, no pueden recibir la vacuna debido a una condición médica, la vacuna no está disponible donde un médico de migración practica, o si hay un suministro limitado de la vacuna.

Desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en enero, su administración ha recibido críticas de los republicanos y algunos demócratas sobre el aumento de los inmigrantes ilegales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, algunos de los cuales pueden no estar vacunados. La administración ha mantenido la política del Título 42 de la era Trump que permite a Estados Unidos deportar rápidamente a los inmigrantes ilegales, aunque los niños no acompañados y algunas familias están exentos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dijeron a principios de agosto que la política se mantendrá intacta hasta que la propagación del COVID-19 deje de ser un peligro público para Estados Unidos, lo que provocó críticas de los grupos de defensa de la inmigración.

La semana pasada, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó a los periodistas que las vacunas contra el COVID-19 no son obligatorias para los extranjeros ilegales en la frontera.

“Nuestro objetivo es conseguir que se vacune el mayor número de personas posible”, dijo también, después de que el gobierno de Biden anunciara que emitiría una orden que obligaba a hacer que sus empleados se vacunaran o se sometieran a las pruebas periódicas del virus del PCCh, o se enfrentarían a fuertes multas de unos 14,000 dólares.


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