Los 19 estados que luchan contra el plan de la administración Biden para poner fin a la política del Título 42 que permite la expulsión rápida de los inmigrantes ilegales que desbordan la frontera entre EE.UU. y México piden a la Corte Suprema que continúe adelante con el caso luego de que ésta cancelara abruptamente los argumentos orales hace unos días.
La administración había pedido a la corte que abandonara el caso, argumentando que era discutible porque la Oficina de Gestión y Presupuesto del presidente Joe Biden dijo en un comunicado de prensa (pdf) el 30 de enero que extendería las emergencias de la era de la pandemia que expirarán pronto el 11 de mayo “y luego pondría fin a ambas emergencias en esa fecha». Las actuales emergencias nacionales y de salud pública fueron declaradas por la administración Trump hace casi tres años.
El 16 de febrero, la corte retiró del calendario la audiencia en Arizona vs. Mayorkas, archivo judicial 22-592, programada para el 1 de marzo, sin proporcionar una explicación o una indicación de cómo votaron los jueces sobre el asunto. En lugar de la disputa sobre el Título 42, el 1 de marzo la corte decidió que escucharía los argumentos en Nueva York contra Nueva Jersey, expediente 22-156, un caso sobre si Nueva Jersey puede retirarse unilateralmente del pacto interestatal que creó la Comisión Waterfront de Nueva York.
En su orden del 16 de febrero, la Corte Suprema no desestimó el caso pendiente ni indicó que se rescindiera su orden del 27 de diciembre de 2022 que impedía el retiro de la política del Título 42.
En marzo de 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. emitieron una orden de emergencia en virtud del Título 42 del Código de EE. UU. con respecto a las personas que recientemente se encontraban en un país donde hay una enfermedad transmisible. Esto permitió que el gobierno regresara rápidamente a México, sin una audiencia formal, a cualquiera que cruzara ilegalmente la frontera con la teoría de que su presencia podría representar un riesgo para la salud pública. Más de 2 millones de personas han sido expulsadas bajo esta política.
En su nuevo escrito (pdf), los fiscales generales de 19 estados, en su mayoría republicanos, argumentaron que tienen derecho a intervenir en el caso para impugnar el fallo del juez federal Emmet Sullivan del 15 de noviembre de 2022, quien determinó que la política del Título 42 era ilegal porque el gobierno federal no había demostrado que la suspensión de las leyes normales de inmigración estuviera justificada.
El mero hecho de que la administración Biden dijera que planeaba poner fin a las emergencias relacionadas con el COVID-19 el 11 de mayo no hace que el caso sea discutible, ellos argumentaron en un escrito presentado por la oficina de Jeff Landry, el fiscal general republicano de Luisiana.
La sugerencia de la administración de que «este caso podría ser discutible en mayo sobre la base de un comunicado de prensa emitido después de que esta Corte» concediera certiorari, o revisión, y aceptara escuchar el caso, es un argumento débil en contra de seguir adelante, dijeron los estados.
«Tales maniobras postcertiorari diseñadas para aislar una decisión de la revisión por parte de esta Corte deben ser vistas con ojo crítico», dijeron los estados, citando a Knox vs. SEIU, un precedente de 2012 de la Corte Suprema.
La administración podría cambiar de opinión antes del 11 de mayo y decidir extender las emergencias, insinuaron los estados, diciendo que la administración está convirtiendo a los estados en «adivinos» a los que se les pide que predigan lo que el gobierno federal «dejará de hacer antes de que deje de hacerlo».
El hecho de que el gobierno federal no defendiera la política del Título 42 «puso de cabeza el litigio subyacente» y su continua oposición a la «intervención de los estados pone de manifiesto hasta qué punto desea rendirse para conseguir la victoria», afirmaba el escrito.
Los estados que impugnan el retiro de la política del Título 42 son Arizona, Louisiana, Missouri, Alabama, Alaska, Kansas, Kentucky, Mississippi, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Texas, Tennessee, Utah, Virginia, West Virginia y Wyoming.
Los grupos humanitarios y de fronteras abiertas dicen que la política del Título 42 impide que quienes huyen de la persecución y la violencia en sus países de origen obtengan el debido proceso legal cuando llegan a Estados Unidos; sin embargo, los estados dicen que retirar la política saturaría las ya sobrecargadas instalaciones fronterizas con aún más inmigrantes ilegales.
Los estados dijeron previamente a la corte suprema que no mantener la política «causará una crisis de proporciones sin precedentes en la frontera» y que «los cruces ilegales diarios podrían más que duplicarse».
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia de EE. UU. para solicitar comentarios.
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