Un bloque de 25 estados, encabezado por Arizona, le ha pedido a la Corte Suprema que acepte un caso en contra de las leyes, inusualmente restrictivas, de control de armas de Maryland, que según los estados fueron promulgadas en contra de las sentencias históricas del alto tribunal sobre la Segunda Enmienda.
La presentación judicial se produce mientras los estadounidenses esperan el fallo de la corte en el caso, New York State Rifle and Pistol Association v. Bruen, que podría producirse en cualquier momento. Los jueces parecían receptivos a los argumentos en ese caso del 3 de noviembre de 2021, de que el estricto sistema de permisos de armas ocultas del estado de Nueva York va en contra de la Segunda Enmienda, como informó anteriormente The Epoch Times.
La Ley de Seguridad de Armas de Fuego de Maryland de 2013, promulgada bajo la teoría de que restringir la compra legal de armas promueve la seguridad, es una de las más estrictas del país. El régimen legal exige que quienes deseen comprar una pistola soliciten una licencia. Los solicitantes deben completar una formación de seguridad y tomarse las huellas dactilares antes de que se les expida un permiso de armas. El estado prohíbe armas populares como el AR-15 y rifles similares y limita la capacidad de los cargadores a 10 cartuchos. La ley de Maryland también prohíbe las armas de fuego con características como bocallaves y culatas plegables que, según el bloque de estados, mejoran la seguridad de las armas.
El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, dijo que las leyes contra las armas de Maryland van demasiado lejos.
“Los estadounidenses no requieren la aprobación de una jurisdicción local para ejercer sus derechos constitucionales”, dijo Brnovich, un republicano, en un comunicado.
“Debemos oponernos enérgicamente a este tipo de extralimitación equivocada en todos los niveles de gobierno”.
Junto a Arizona están los fiscales generales de Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah, Virginia, Virginia Occidental y Wyoming.
El caso en el que se presentó el escrito de amistad el 26 de enero es Bianchi v. Frosh, expediente judicial 21-902. La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos confirmó la ley de Maryland en septiembre. El bloque de estados argumenta que el tribunal de circuito viola el precedente de la Corte Suprema al diseñar su propio estándar que permite prohibir las armas de fuego si un tribunal cree que el arma es de grado militar o un «arma de guerra» en la jerga de los defensores del control de armas.
Los peticionarios Dominic Bianchi, David Snope y Micah Schaefer son residentes de Maryland. Los peticionarios que son organizaciones son el concesionario de armas de fuego Field Traders LLC, Firearms Policy Coalition Inc, Second Amendment Foundation Inc, y Citizens Committee for the Right to Keep and Bear Arms. El demandado, Brian Frosh, demócrata, es el fiscal general de Maryland.
En diciembre de 2020, los peticionarios presentaron una demanda en un tribunal de distrito federal, alegando que «la prohibición categórica de Maryland sobre la posesión de armas de fuego semiautomáticas comunes es aparentemente inconstitucional en virtud de la Segunda Enmienda, que es aplicable a Maryland en virtud de la Decimocuarta Enmienda», según la petición (pdf) presentada ante el Tribunal Supremo.
Los partidarios de la Segunda Enmienda dicen que, en los últimos años, los derechos de propiedad de armas de los estadounidenses penden de un hilo en la Corte Suprema. En el caso Distrito de Columbia contra Heller (2010), el Tribunal Supremo sostuvo por 5 a 4 que la Segunda Enmienda protege el derecho de un individuo a poseer un arma de fuego. En McDonald contra Chicago (2012), el alto tribunal determinó por 5 a 4 que el derecho de un individuo a «poseer y portar armas» se incorpora constitucionalmente, o se hace aplicable, a los estados.
Desde que se emitieron esas decisiones, el equilibrio ideológico en la Corte Suprema ha cambiado, lo que lleva a la supermayoría conservadora actual de 6 a 3. El juez liberal Stephen Breyer anunció su retiro la semana pasada, pero probablemente será reemplazado por otro jurista liberal.
Según el escrito, «el estándar de ‘útil en el servicio militar’ adoptado por el Cuarto Circuito» no solo «daría como resultado perversamente la eliminación de la protección constitucional a las mismas armas que los Fundadores esperaban que los ciudadanos respetuosos de la ley trajeran con ellos cuando se reunieran para el servicio militar»… pero, llevada al límite de su lógica, esta norma amenaza con despojar de la protección constitucional a prácticamente todas las armas de fuego”.
Casi 20 millones de rifles del tipo que prohíbe Maryland se han vendido en Estados Unidos y generalmente se usan para la legítima defensa, según el informe.
“Sin embargo, a los casi 85 millones de personas que viven en Maryland y los otros cinco estados (y el Distrito de Columbia) con prohibiciones similares sobre rifles semiautomáticos comunes se les prohíbe rotundamente tener o portar estas armas, únicamente porque viven en un lado de una línea estatal en lugar de la otra. Esa situación es intolerable y sólo la intervención de este Tribunal puede corregirla”.
The Epoch Times se puso en contacto con la abogada oficial del estado, Julia Doyle Bernhardt, de la Oficina del fiscal general de Maryland, para obtener comentarios al respecto. La portavoz de la oficina, Raquel Coombs, respondió en su nombre y dijo por correo electrónico: “Nuestra oficina no comenta sobre litigios en curso”.
Maryland debía presentar una respuesta a la petición antes del 14 de febrero, pero el 25 de enero pidió al tribunal que ampliara el plazo. El Tribunal Supremo concedió la moción y ordenó al Estado que respondiera antes del 16 de marzo.
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