Más de 30 legisladores han firmado una carta conjunta dirigida al primer ministro Justin Trudeau en la que instan a Canadá a sancionar a los funcionarios chinos por la persecución a los practicantes de Falun Gong en China.
La petición se produce cuando este 20 de julio se cumple otro aniversario de la violenta represión y de la campaña de propaganda de odio lanzada hace 22 años por el régimen chino contra esta práctica espiritual.
«Con este aniversario, nosotros, los abajo firmantes, instamos al gobierno a condenar las implacables violaciones a los derechos humanos de los practicantes de Falun Gong y pedimos al Partido Comunista Chino (PCCh) que ponga fin a la persecución», dice la carta publicada el 19 de julio.
«Durante 22 años, los funcionarios comunistas de China han llevado a cabo una campaña nacional patrocinada por el Estado de propaganda de odio, detenciones arbitrarias, encarcelamientos ilegales, torturas, ejecuciones extrajudiciales y sustracción de órganos a gran escala contra las decenas de millones de practicantes de Falun Gong».
Treinta y cinco legisladores, entre ellos parlamentarios, un senador y miembros provinciales de la asamblea legislativa, instaron al gobierno federal a imponer sanciones a los funcionarios del PCCh cómplices de la actual persecución.
«Dada la gravedad y la escala de las violaciones de los derechos humanos contra Falun Gong, creemos que las sanciones contra los autores serán eficaces para promover los intereses de la justicia internacional y los derechos humanos», decía la carta.
Falun Gong es una práctica espiritual que incluye ejercicios de meditación y enseñanzas basadas en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. También llamado Falun Dafa, la práctica se introdujo en China en 1992, donde ganó gran popularidad por los numerosos beneficios que aporta al bienestar mental y físico de las personas. En 1999, había atraído a entre 70 y 100 millones de practicantes, según estimaciones oficiales del gobierno chino.
Pero el entonces líder del PCCh, Jiang Zemin, percibió esa popularidad como una amenaza para el régimen y el 20 de julio de 1999 lanzó una campaña al estilo de la Revolución Cultural para erradicar la práctica. Desde entonces, varios millones de practicantes de Falun Gong han sido detenidos, y se calcula que entre 1.5 y 2.5 millones han sido recluidos en campos de trabajo solo en 2010, según el Centro de Información de Falun Dafa.
A pesar de la pandemia de COVID-19, la campaña de persecución continuó sin cesar. En 2020, al menos 6,659 practicantes de Falun Gong fueron arrestados, 622 fueron condenados a prisión por sus creencias y al menos 83 fueron asesinados. Minghui.org informa que en la primera mitad de 2021, 3,291 practicantes fueron arrestados y 6,179 acosados.
En un mitin celebrado en Edmonton el 17 de julio, los parlamentarios conservadores Michael Cooper y Garnett Genuis dijeron que las sanciones serían una medida eficaz contra los autores.
«Aunque podemos prestar nuestra voz en solidaridad, como es debido, hay muchas medidas prácticas que el gobierno de Canadá debería adoptar», dijo Cooper. «Una de las medidas básicas que el gobierno de Canadá debería tomar en este momento es imponer sanciones Magnitsky a los funcionarios comunistas chinos responsables de estos atroces abusos contra los derechos humanos».
Las sanciones previstas en la versión canadiense de la Ley Magnitsky incluyen la incautación o congelación de los bienes en Canadá de los ciudadanos extranjeros responsables de graves violaciones de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, así como la prohibición de su entrada.
Genuis, que es vicepresidente de la Comisión Especial de la Cámara de los Comunes para las Relaciones Canadá-China y copresidente de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC, por sus siglas en inglés), dijo que las sanciones Magnitsky «no son solo una medida simbólica».
«Realmente impide que los funcionarios abusen de los derechos humanos cuando saben que pueden ser objeto de sanciones Magnitsky», dijo.
Junto con la carta conjunta, la Asociación Falun Dafa de Canadá presentó una lista de más de 150 personas cómplices en la persecución a Falun Gong en China, destacando a Jiang y a los principales cómplices del régimen comunista.
«Fueron seleccionados porque su atroz y extensa participación en esta atrocidad contra los derechos humanos está bien documentada, y su elegibilidad para ser sancionados bajo la Ley está fuera de toda duda», dijo el parlamentario James Bezan al presentar inicialmente la lista al gobierno el 11 de junio.
Dos funcionarios de la lista —Yu Hui, exdirector de la Oficina 610 de la ciudad de Chengdu, provincia de Sichuan, y Huang Yuanxiong, jefe de la comisaría de Wucun de la Oficina de Seguridad Pública de Xiamen— ya han sido sancionados por el gobierno estadounidense. La Oficina 610 es una agencia extrajudicial al estilo de la Gestapo que el PCCh creó específicamente para perseguir a Falun Gong.
W/ my colleague @GarnettGenuis to commemorate the sombre 22nd anniversary of the start of CCP’s brutal campaign to eradicate the Falun Gong & to call on Justin Trudeau to stop turning a blind eye to the CCP’s egregious human
rights violations against Falun Gong practitioners pic.twitter.com/ZIs9gzbqIs— Michael Cooper, MP (@Cooper4SAE) July 17, 2021
Esfuerzos internacionales
Durante una rueda de prensa el 19 de julio, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, pidió a Beijing «que cese inmediatamente su campaña contra los practicantes de Falun Gong y libere a los que han sido encarcelados por sus creencias».
También el 19 de julio, el IPAC, un grupo internacional de legisladores de distintos partidos, emitió una declaración para conmemorar el 22º aniversario de la persecución.
«Cientos de miles de practicantes de Falun Gong han sido encarcelados en las últimas dos décadas, donde muchos son sometidos a las más severas formas de tortura. Son especialmente preocupantes los informes sobre la sustracción forzada de órganos a los practicantes de Falun Gong y presos de conciencia en China. Los análisis realizados por el Tribunal independiente de China concluyeron que estas prácticas se han llevado a cabo de forma generalizada, patrocinada por el Estado y de forma sistemática», dice la declaración.
«Los Estados democráticos deben tomar medidas para detener el comercio y el uso de órganos sustraídos por la fuerza en todo el mundo. Se debe responsabilizar al gobierno chino para que respete los derechos humanos de todas las personas en China».
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