Un abogado de la campaña de reelección del presidente Donald Trump demandó al secretario de estado de Georgia y a los funcionarios electorales en un intento por detener la certificación de los resultados electorales, alegando que las reglas electorales modificadas por los funcionarios estatales podrían haber invalidado las boletas de voto en ausencia emitidas en las elecciones 2020.
Lin Wood, un abogado conocido por representar a Richard Jewell en el caso de amenaza de bomba de los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, presentó una demanda el viernes argumentando que un acuerdo entre los funcionarios electorales y el Partido Demócrata del estado que modificó el proceso para la gestión de las boletas de voto en ausencia en Georgia era inconstitucional.
Según la Constitución de EE. UU., solo las legislaturas estatales y el Congreso pueden prescribir los «horarios, lugares y la manera de celebrar las elecciones».
El abogado argumenta que los funcionarios estatales no estaban autorizados a cambiar la forma de procesar las boletas de voto en ausencia de una manera contraria al código electoral estatal y, por consiguiente, el recuento de las boletas de voto en ausencia para las elecciones generales en el estado es «inadecuado y no debe ser permitido».
“Permitir lo contrario erosionaría los derechos sagrados y básicos de los ciudadanos de Georgia bajo la Constitución de Estados Unidos de participar y confiar de unas elecciones libres y justas”, argumenta Wood (pdf).
El acuerdo de marzo de 2020 entre el secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, la Junta Estatal de Elecciones y varias entidades demócratas estatales cambiaron la forma en que son procesadas las boletas de voto en ausencia de una manera que no es consistente con las leyes electorales aprobadas por la Legislatura de Georgia.
Según el acuerdo, los funcionarios del condado deben formar un comité de tres personas si algún funcionario cree que una boleta de voto en ausencia está defectuosa porque la firma del votante en el sobre de la boleta no coincide con la firma en el archivo. Si la mayoría del comité determina que la firma no coincide, entonces puede “rechazar” la boleta.
«Según el Acuerdo de Litigio, toda determinación sobre una discrepancia en una firma conduciría al engorroso proceso descrito en el acuerdo, el cual no fue previsto por la Legislatura de Georgia, que autorizó que esas decisiones fueran tomadas por un solo funcionario electoral», argumenta Wood en la demanda.
“El Acuerdo de Litigio por sí solo ha creado confusión, incentivos fuera de lugar y ha socavado la confianza de los votantes del estado de Georgia en el sistema electoral. Ni esta ni ninguna de las actividades que generó fueron autorizadas por la Legislatura de Georgia, como lo exige la Constitución de Estados Unidos”, agregó.
El subsecretario de Estado de Georgia, Jordan Fuchs, respondió a la demanda calificando a las acusaciones como una «afirmación absurda y sin fundamento».
“La coincidencia de firmas está intacta y la Asamblea General aprobó una legislación para permitir que los votantes que no incluyeron una hora de firma agreguen una”, dijo Fuchs a 11 Alive. “El condado de Fulton solo tuvo una boleta rechazada en 2018 y ahora tienen miles. Fortalecimos la coincidencia de firmas y continuaremos haciéndolo, punto».
Los argumentos de Woods presentados a la corte del distrito Norte de Georgia, división Atlanta, son similares a otro caso que actualmente está a la espera de una decisión de la Corte Suprema de EE. UU. para decidir si concede una solicitud de revisión.
En aquel caso, los republicanos de Pensilvania están pidiendo a la máxima corte de la nación que revise un fallo de la Corte Suprema estatal que exige que los funcionarios electorales acepten las boletas de voto en ausencia recibidas hasta tres días después del 3 de noviembre. Los republicanos argumentan que la extensión de la corte contraviene a la Constitución, ya que la decisión de extender el plazo corresponde a los legisladores, no a las cortes.
En octubre, algunos miembros de la Corte Suprema de EE. UU. indicaron que estaban interesados en conceder una solicitud para revisar la decisión de la Corte Suprema de Pensilvania.
El juez Samuel Alito escribió en su declaración (pdf): “Las disposiciones de la Constitución Federal que confieren a las legislaturas estatales, no a las cortes estatales, la autoridad para dictar reglas que rijan las elecciones federales no tendrían sentido si una corte estatal pudiera anular las reglas adoptadas por la legislatura simplemente afirmando que una disposición constitucional del estado otorgó a las cortes la autoridad para dictar cualquier regla que consideren apropiadas para la conducción de unas elecciones justas». Se sumaron a él los jueces, Clarence Thomas y Neil Gorsuch.
El caso de Georgia que se cita es Wood v. Raffensperger et el (20-cv-04651).
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