Abogado obligado a huir de China tras demandar a desarrolladores inmobiliarios todavía enfrenta persecución

Por Alexander Zhang
13 de Octubre de 2020
Actualizado: 13 de Octubre de 2020

Un abogado chino sigue siendo perseguido dos años después de huir al Reino Unido para evitar ser procesado después que la policía china lo citara por presentar demandas de compensación colectivas contra desarrolladores inmobiliarios estatales.

Zhang Shichao, un exabogado de Jinan, provincia de Shandong, dijo a la edición china de The Epoch Times que representó a muchos propietarios en demandas colectivas contra desarrolladores inmobiliarios que eran en su mayoría empresas estatales.

En septiembre de 2018, la Oficina de Seguridad Pública de Jinan lo citó y amenazó con procesarlo.

“La policía me amenazó diciendo que tenían archivadas todas las demandas que he representado en los últimos diez años y que todas estas demandas ocasionaron enormes pérdidas a los activos del Estado, lo que puede constituir el delito de extorsión al gobierno chino”, dijo Zhang.

Previendo el peligro inminente, Zhang huyó de China el 8 de octubre de 2018, con grandes dificultades, haciendo tránsitos en Hong Kong, Nueva Zelanda, Fiji, y finalmente llegando al Reino Unido.

Protección de los derechos de propiedad

Zhang se unió a finales de 2012 a una oficina en Jinan que formaba parte del bufete Yingke de Beijing. Poco después creó un equipo especializado en demandas colectivas en nombre de los compradores de viviendas que no habían conseguido los documentos del título de propiedad de los desarrolladores inmobiliarios.

Los desarrolladores inmobiliarios no pudieron producir los documentos de título porque habían alterado los planes para ganar más dinero, dijo Zhang a The Epoch Times.

“Los propietarios compraron las casas dos o tres años antes de que las casas estuvieran listas para ser entregadas”, dijo. “Durante los dos o tres años, los desarrolladores inmobiliarios alteraron los planes originales para obtener más beneficios”.

El equipo dirigido por Zhang Shichao (segundo desde la derecha) fue honrado por el Bufete de Abogados Yingke de Beijing por su trabajo de protección de los derechos en 2014. (Cortesía de Zhang Shichao)

“Por ejemplo, un constructor planeó originalmente construir un edificio de 10 pisos, pero terminó con un edificio de 12 o 15 pisos para ganar más dinero. Debido a la falta de supervisión del gobierno o a algunas transacciones turbias, nadie vino a revisar durante la construcción”, dijo.

Sin embargo, una vez terminado el proyecto de viviendas este debe ser inspeccionado por la Oficina de Planificación. Cuando los inspectores encuentran que un proyecto es inconsistente con el plan original, el gobierno se niega a expedir los documentos de título a los propietarios, aunque ellos hubieran pagado por estas propiedades.

“El mayor ganador es el constructor, y los mayores perdedores los compradores, quienes gastaron millones de yuanes en una unidad sin documentos de título, sin los cuales no se es el propietario legal de la propiedad”, explicó Zhang.

Estos casos se pueden encontrar no solo en Jinan, sino en muchas de las principales ciudades chinas, dijo.

“Caso sensible”

Durante un período de varios años, el equipo de Zhang presentó demandas contra 10 desarrolladores inmobiliarios, siete de los cuales eran de propiedad estatal, a los que pidió decenas de millones de yuanes en compensación en nombre de los propietarios de las viviendas.

Uno de estos desarrolladores era Jinan Dongtuo Real Estate Co., Ltd. La empresa era propiedad mayoritaria del Jinan Hi-Tech Holdings Group, que a su vez era propiedad del Comité de Supervisión y Administración de Activos de la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de Jinan, un órgano del gobierno local. Por lo tanto, Dongtuo era efectivamente una empresa de propiedad estatal.

Uno de los proyectos inmobiliarios de Dongtuo, Lixiang Jiayuan, fue planeado originalmente para ser varios edificios de apartamentos de 20 pisos. Pero el desarrollador inmobiliario construyó cuatro pisos más para ganar más dinero.

Debido a la inconsistencia con el plan original, la gente que compró apartamentos en Lixiang Jiayuan no obtuvo ningún documento de título.

En 2013, el equipo de Zhang comenzó a manejar este caso y pidió a los miembros del Comité de Propietarios que llamaran a las puertas de los residentes y los instaran a demandar al desarrollador inmobiliario. De los más de 2000 propietarios, más de 500 decidieron unirse a la demanda.

El gobierno local lo vio como un “caso sensible” y le dijo a Zhang que dejara de representar a los propietarios. El tribunal también se negó a manejar el caso.

Las autoridades de Jinan ven cualquier demanda que involucra a más de tres personas como “casos colectivos”, los cuales deben ser aprobados por la Oficina Judicial antes de que se les permita seguir adelante, dijo Zhang a The Epoch Times.

Zhang descartó el requisito de la aprobación del gobierno, argumentando que no era consistente con la “Ley del Abogado” de China, que estipula que los abogados son libres de tomar casos y no necesitan buscar permiso oficial.

En respuesta, la Oficina Judicial amenazó con revocar su licencia de abogado.

Pero Zhang siguió esforzándose y aconsejó a los propietarios que hicieran campaña por sus derechos escribiendo cartas conjuntas y protestando en las oficinas gubernamentales.

Bajo la presión de las autoridades, el equipo de Zhang se vio obligado a dejar de representar a más de 300 propietarios. Finalmente en 2015 lograron que la corte aceptara manejar el caso de 170 propietarios restantes.

Más adelante la mayoría de estos propietarios llegaron a acuerdos con el desarrollador inmobiliario y obtuvieron pequeñas compensaciones. Pero más de 50 persistieron en la demanda hasta el final.

Los desarrolladores inmobiliarios pagaron las multas al gobierno en 2016 y emitieron los documentos de título a los propietarios.

Según Zhang, cuando se anunció el último veredicto en 2018, su equipo había ganado casi 10 millones de yuanes (unos USD 1.5 millones) en compensación para los propietarios.

Familia amenazada

Bajo el régimen comunista de China, las empresas estatales pertenecen al gobierno y sus intereses comerciales representan los intereses del gobierno.

Después que Zhang comenzó a lanzar demandas legales a los desarrolladores inmobiliarios estatales, estuvo bajo constante presión de la policía y otros departamentos gubernamentales.

“Cuando me ocupé de estos casos, las Oficinas de Seguridad Pública de casi todos los distritos de Jinan me convocaron y me amenazaron”, dijo. “La Oficina Judicial de Jinan también amenazó con negar la renovación anual de mi licencia de abogado”.

Pero mucho más aterradoras fueron las amenazas contra los miembros de su familia, incluida su hija menor.

“El incidente más grave fue el de un grupo mafioso que pinchó los cuatro neumáticos de mi coche y dejó una carta en el parabrisas diciendo que saben claramente a qué grado y clase asistía mi hija en su jardín de infantes”, dijo.

“Informamos a la policía pero ellos no tomaron ninguna medida, diciendo que no había manera de que pudieran averiguar quién lo hizo”.

“Esa fue la amenaza más seria que recibió mi familia”, dijo Zhang, quien creía que la mafia fue contratada por una agencia del gobierno.

Convertido en fugitivo

En septiembre de 2018, la Oficina de Seguridad Pública de Jinan convocó a Zhang y le dijo que estaban investigando todos los casos que había manejado en los últimos 10 años.

Según Zhang, la policía dijo que estos casos habían causado enormes pérdidas a las empresas estatales y que se sospechaba que “chantajeaba al gobierno”.

Zhang fue despedido más tarde por el Bufete de Abogados Yingke por haber “rehusado seguir los reglamentos y consejos de la Oficina Judicial de Jinan”. Su equipo también fue disuelto.

El 8 de octubre de 2018, Zhang dejó China y se exilió.

En 2019, su esposa descubrió que todos sus bienes, incluidas tres casas, un auto y dos cuentas antiguas habían sido inmovilizadas por las autoridades.

La policía local a menudo acosó a los miembros de la familia de Zhang en China, instándolos a persuadir de que volviera a China.

El 1º de junio de 2020, el Departamento de Seguridad Pública de la provincia de Shandong lo incluyó en una lista de personas buscadas por presunto “chantaje”, lo que hizo imposible su regreso.

Dos años de separación de su familia pasaron la factura. “Mi tercer hijo nació tres meses después de que me fui. Ahora tiene casi dos años, pero nunca ha visto a su padre.

“¿Por qué sucedió esto? Solo porque soy abogado y manejé algunos casos que las autoridades pensaron que no deberían haber sido presentados”, declaró.

Zhang dijo que el Partido Comunista Chino sigue persiguiendo a los abogados de derechos humanos, cuyas vidas son cada vez más difíciles.

Él espera que la democracia y el estado de derecho se hagan realidad en China en un futuro no muy lejano. “Solo cuando eso suceda, los abogados chinos podrán ejercer libremente su profesión”, dijo a The Epoch Times.

Con información de Olivia Li y Grace Song de la edición china de The Epoch Times.


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