Acusan al fiscal general de California de engañar a votantes sobre cuestión transgénero en las papeletas

Por Brad Jones
06 de Diciembre de 2023 9:01 PM Actualizado: 06 de Diciembre de 2023 9:01 PM

Una coalición de grupos de defensa de los derechos de los padres y de la infancia ha acusado al fiscal general de California, Rob Bonta, de intentar engañar a los votantes con el título y el resumen de una iniciativa electoral que, según ellos, está sesgada a favor de su postura política sobre la “afirmación de género”.

La iniciativa electoral obligaría a los colegios a notificar a los padres si sus hijos cambian de identidad de género, protegería la integridad de los deportes femeninos prohibiendo competir en ellos a los chicos que afirmen ser chicas y prohibiría el uso de bloqueadores de la pubertad, hormonas del sexo opuesto y cirugía en menores.

Sin embargo, el fiscal general del estado escribió el título de la iniciativa electoral como “Restringe los derechos de los jóvenes transgénero”, y el resumen es “abiertamente tendencioso”, “completamente absurdo” y “erróneo”, dijo Jonathan Zachreson, portavoz de Protect Kids California, la coalición de grupos de derechos de los padres que presentó la iniciativa.

“Es tan malo que da risa”, dijo. “Nuestra iniciativa protege a los niños. No restringe los derechos”.

La coalición se opone a cualquier tipo de intervención médica, incluidas la “esterilización química” y la “mutilación genital” para tratar la disforia de género que pueda afectar a la futura salud reproductiva de los niños, dijo.

A finales de agosto, la coalición lanzó tres iniciativas separadas, que desde entonces se han consolidado en una sola iniciativa conocida como la “Ley de Protección de los Niños de California de 2024”.

La coalición recibió el título de la papeleta y el resumen el 29 de noviembre y ahora tiene menos de 180 días para recoger las 546,651 firmas cualificadas necesarias para que la iniciativa estatal se incluya en la papeleta de las elecciones generales del 5 de noviembre de 2024.

El resumen de la papeleta de la oficina del fiscal general dice:

-Requiere que las escuelas y universidades públicas y privadas: restrinjan las instalaciones separadas por género, como los baños, a las personas asignadas a ese género al nacer; prohíban a las estudiantes transgénero (grados 7+) participar en deportes femeninos. Deroga la ley que permite a los estudiantes participar en actividades y utilizar instalaciones acordes con su identidad de género.

-Obliga a los centros escolares a notificar a los padres siempre que un estudiante menor de 18 años solicite ser tratado como un género distinto en los registros escolares, sin excepciones por motivos de seguridad de los estudiantes.

-Prohíbe la atención sanitaria de afirmación de género para pacientes transgénero menores de 18 años, aunque los padres den su consentimiento o el tratamiento esté recomendado médicamente.

Continúa: “Resumen de la estimación del Analista Legislativo y Director de Finanzas del impacto fiscal en el estado y, los gobiernos locales: Ahorros potencialmente menores en los costes sanitarios estatales y locales de hasta millones de dólares anuales por dejar de pagar servicios prohibidos a menores de 18 años. Este ahorro podría verse afectado por muchos otros efectos, como el hecho de que las personas busquen tratamiento más adelante. Costes administrativos y de carga de trabajo menores para escuelas, institutos y universidades, hasta varios millones de dólares inicialmente. Posibles presiones, aunque desconocidas, sobre los costes para los gobiernos estatales y locales en relación con las sanciones fiscales federales si la medida da lugar a que se considere que los colegios, institutos, universidades o proveedores de atención sanitaria financiados con fondos federales no cumplen la ley federal”.

Resumen “confuso”

La afirmación del fiscal general de que la iniciativa electoral pretende “prohibir a las alumnas transgénero (a partir del 7º curso) participar en deportes femeninos” es “tramposa” y “confusa”, mientras que la redacción presentada por Protect Kids California define claramente lo que significa masculino y femenino basándose en la biología, dijo el Sr. Zachreson.

Erin Friday, abogada y líder regional en el oeste de EE. UU. de Our Duty, un grupo que se opone a las intervenciones sociales, médicas y quirúrgicas en menores, dijo a The Epoch Times que el título y el resumen de la papeleta eran previsibles.

El fiscal general, dijo, ya ha mostrado su “desdén por los derechos de los padres”, más recientemente con su demanda contra la política de notificación a los padres del Distrito Escolar Unificado de Chino Valley en relación con las transiciones de género en la escuela.

“Sabíamos que Bonta haría todo lo posible para socavar la iniciativa para engañar a los votantes”, dijo. “Estamos disgustados, pero no sorprendidos”.

La demanda contra Chino Valley “está diseñada para permitir que las escuelas continúen con la práctica inconstitucional de engañar a los padres cuando sus estudiantes están experimentando disforia de género”, dijo.

Erin Friday se reúne con simpatizantes de “Our Duty” en el edificio de la capital del estado de California en Sacramento, California, el 28 de agosto de 2023. (John Fredricks/The Epoch Times)

Tanto el gobernador de California Gavin Newsom como el Sr. Bonta han presionado para que haya demasiado control estatal sobre la patria potestad, dijo la Sra. Friday.

Aunque el resumen afirma que la iniciativa “prohibiría a las estudiantes transgénero femeninas” participar en deportes femeninos, no define qué significa “transgénero femenina”, engañando deliberadamente a los votantes que no están familiarizados con la nomenclatura de la ideología de género para que piensen que significa “niñas que creen que son niños” cuando en realidad significa varones físicos, dijo.

Además, el lenguaje de la “atención sanitaria de afirmación de género” se refiere a un modelo que significa que cualquier niño, de cualquier edad, independientemente de sus problemas de salud mental, capacidad de consentimiento o “lo absurdo de su identidad de género” debe ser afirmado y recibir cualquier intervención que solicite, dijo. Sin embargo, no todos los profesionales están de acuerdo con este modelo.

El resumen también subestima el ahorro potencial para los contribuyentes en “decenas de millones” de dólares, ya que los niños que se someten a intervenciones de cambio de sexo se enfrentan al “futuro sombrío y predecible” de convertirse en pacientes médicos de por vida con una gran cantidad de efectos secundarios, como el aumento de la incidencia de cáncer, osteoporosis, atrofia de los órganos sexuales, problemas cardíacos y otras dolencias perpetuas que alteran la vida, dijo.

Los detransicionistas, entre ellas Layla Jane y Chloe Cole, que se sometieron a una doble mastectomía cuando eran menores de edad —a los 13 y 15 años respectivamente— han hablado de las molestias que siguen padeciendo a causa de las operaciones, ha dicho.

La oficina de prensa de la Fiscalía General declaró por correo electrónico en respuesta a una solicitud de comentarios que la Fiscalía es responsable de emitir títulos y resúmenes oficiales “que describan el propósito principal y los puntos de cada iniciativa propuesta presentada en cumplimiento de los requisitos de procedimiento”, pero no respondió a preguntas sobre el supuesto sesgo y ambigüedad en el título y el resumen, incluyendo: “¿Qué define a una ‘mujer transgénero’?”.

“Nos tomamos muy en serio esta responsabilidad”, declaró la oficina de prensa. “Sin embargo, no podemos hacer comentarios sobre ninguna iniciativa en particular”, declaró la oficina de prensa.

Trabajadores procesan las papeletas de California en el Registro Electoral de Los Ángeles en la Feria de Los Ángeles en Pomona, California, el 31 de agosto de 2021. (John Fredricks/The Epoch Times)

Un panorama más amplio

Antes de casi todas las elecciones en California, la redacción de los títulos, resúmenes, textos y refutaciones de las medidas electorales es suficiente para que incluso los votantes más astutos políticamente se sientan confundidos, incluso engañados, según dos exlegisladores estatales.

Los pleitos por títulos y resúmenes de las papeletas supuestamente tergiversados no son nada nuevo en California, y la controversia está bien documentada en las noticias de varios medios de comunicación.

El exasambleísta Kevin Kiley (R-Rocklin), ahora congresista, y la exsenadora estatal Melissa Meléndez (R-Lake Elsinore) dijeron a The Epoch Times antes de las elecciones de 2020 que los textos y resúmenes de las medidas de las papeletas estatales están tan sesgados que muchos votantes no tienen ni idea de lo que realmente están votando a favor o en contra en el momento de las elecciones.

El problema, dijeron, es que en California la autoridad y la responsabilidad de redactar títulos y resúmenes de papeletas justos e imparciales recae en el fiscal general —un cargo político partidista— que redacta el texto de forma que lleve a los votantes en la dirección que él o ella desea.

El Sr. Kiley calificó la práctica de “terrible” y dijo que equivale a un “fraude electoral”, ya que manipula el lenguaje “de una manera que probablemente cambia todo el resultado de la votación”.

“Es hora de que finalmente protejamos la integridad de nuestras elecciones poniendo a un funcionario neutral no partidista a cargo de escribir el lenguaje de la boleta electoral”, dijo el Sr. Kiley en agosto de 2020.

El Sr. Kiley y la Sra. Melendez dijeron en ese momento que querían evitar más demandas y entregar la autoridad para la redacción de los títulos de las medidas de votación y resúmenes a la Oficina del Analista Legislativo no partidista (LAO), e incluso propusieron una legislación, la Enmienda Constitucional de la Asamblea 7, o ACA 7, para hacer precisamente eso. Sin embargo, la enmienda propuesta fue eliminada en el comité y nunca se sometió a votación.

En 2020, se presentaron varias demandas contra el entonces fiscal general Xavier Becerra o su redacción de los títulos y resúmenes de las papeletas, pero su oficina negó que fueran tendenciosas.

“El código electoral es muy claro. … Dice que tienes que dar una declaración verdadera e imparcial sobre el propósito de la medida, y no se supone que debe ser utilizado como un argumento o para crear prejuicios a favor o en contra de una medida”, dijo la Sra. Melendez.

El 4 de noviembre de 2014, los votantes de California aprobaron la Proposición 47, un referéndum que los defensores promocionaron como la Ley de Barrios y Escuelas Seguros, y los opositores, como la Asociación de Jefes de Policía de California, calificaron el título y el resumen de la papeleta de engañosos.

En aquel momento, se dijo a los votantes que la Prop. 47 pretendía mantener a los delincuentes no violentos fuera de las prisiones estatales rebajando la categoría de algunos delitos de graves a delitos menores, ahorrando así dinero en el alojamiento de los reclusos. El dinero ahorrado se destinaría a un fondo de apoyo a las escuelas, así como a programas de rehabilitación, incluida la prestación a los delincuentes de asesoramiento, terapia, vivienda y oportunidades de empleo.

Los críticos, incluido un supervisor del condado que originalmente apoyó la medida, dicen que la ley ha dado lugar a un aumento de los hurtos en tiendas y delitos contra la propiedad en el estado.

Posible demanda

El Sr. Zachreson dijo a The Epoch Times que no vale la pena demandar por el engañoso título de la papeleta y el resumen y arriesgarse a una posible batalla judicial prolongada que podría impedir que la iniciativa esté en la papeleta de 2024.

Si hay una batalla judicial, se producirá después de que el Estado imprima el título y el resumen de la papeleta en su guía oficial del votante, dijo.

Mientras tanto, el lenguaje “tendencioso” podría volverse en contra del Sr. Bonta, dijo.

“Es tan equivocado y absurdo que, en cierto modo, no sé si le hace un favor a la otra parte, porque va a conseguir que más personas volteen y miren lo que realmente estamos tratando de lograr”, dijo el Sr. Zachreson.

La ley estatal que pone al fiscal general a cargo de los títulos y resúmenes de las papeletas es un “conflicto directo de intereses”, dijo. “Debería ser imparcial y no partidista, y creo que la Oficina del Analista Legislativo es un buen punto de partida”.

Concentración mundial Stop the War Against Children para protestar contra la sexualización de los niños, las transiciones secretas de género de los menores y los libros pornográficos en las escuelas, entre otras cuestiones, en Sacramento, California, el 21 de octubre de 2023. (Cortesía de Julius Giles)

Política y encuestas

Una encuesta de Rasmussen publicada en junio, reveló que el 71% de los adultos estadounidenses creen que sólo hay dos géneros, y la mayoría “apoya las leyes contra el tratamiento transgénero en menores”.

Otra encuesta Rasmussen en diciembre de 2021 mostró que el 68 por ciento de los estadounidenses no creen que las escuelas y los maestros deben ser autorizados a asesorar a los estudiantes sobre sus identidades sexuales y de género sin el conocimiento o consentimiento de los padres, y que sólo el 19 por ciento cree que las escuelas deben ser autorizados a participar en dicho asesoramiento sin el consentimiento de los padres.

“Los votantes nos apoyan con tanta fuerza que sabemos que podemos ganar, así que lo más difícil es entrar en la votación”, dijo el Sr. Zachreson. “En eso estamos ahora y creemos que podemos hacerlo”.

Pero como la mayoría de los políticos demócratas de California están “vehementemente en contra” de los principios de la iniciativa electoral, y los demócratas tienen una supermayoría en el estado, “no hay forma de que podamos persuadir a la legislatura”, dijo.

Y, aunque los litigios han funcionado hasta cierto punto para luchar contra la ideología de género en las escuelas, dijo que la iniciativa electoral es una vía más directa hacia la democracia.

Incluso si el estado pierde su batalla legal contra Chino Valley y el distrito se le permite hacer cumplir su política de notificación a los padres, los grupos de derechos de los padres todavía tendría que convencer a casi 1000 otros distritos escolares a adoptar políticas similares, mientras que una medida de votación exitosa haría que las políticas de notificación a los padres una ley en todo el estado, dijo.

La petición

Protect Kids California se ha fijado un objetivo de 850,000 firmas para asegurarse de que tiene suficientes firmas cualificadas para llegar a la votación de 2024, dijo el Sr. Zachreson.

Las 546,651 firmas cualificadas necesarias se basan en el cinco por ciento del número de votantes en las últimas elecciones a gobernador.

“También haremos nuestra propia verificación de firmas para minimizar cualquier problema”, dijo.

El Sr. Zachreson dijo que los formularios de petición para la iniciativa electoral pronto estarán disponibles para su descarga desde el sitio web de Protect Kids California.

La exnadadora universitaria Riley Gaines, plusmarquista de la National Collegiate Athletic Association que testificó ante el Congreso en apoyo del Título IX el 5 de diciembre, instó a más de 300 personas en un acto del California Family Council en Costa Mesa, California, el 30 de noviembre, a apoyar todos los aspectos de la iniciativa electoral.


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