La administración del presidente Joe Biden está tomando medidas para detener la proliferación de las llamadas armas fantasma y presionar a los estados para que adopten una legislación de «bandera roja», según anunció la Casa Blanca la noche del miércoles.
Biden ha dado instrucciones al Departamento de Justicia para que, en un plazo de 30 días, emita una propuesta de norma destinada a frenar la propagación de las llamadas armas fantasma, o armas fabricadas a partir de kits «constrúyalo usted mismo».
El departamento también emitirá en los próximos dos meses una propuesta de norma para declarar que una abrazadera estabilizadora convierte una pistola en un rifle de cañón corto y publicará un modelo de legislación de «bandera roja» para los estados.
Las leyes de «bandera roja» permiten a los familiares o a las fuerzas policiales pedir a un tribunal que prohíba a las personas poseer armas si éstas suponen un peligro para sí mismas o para los demás.
Otras tres medidas anunciadas el miércoles por la administración son: la inversión en «intervenciones contra la violencia en la comunidad», que pretende frenar el aumento de asesinatos y tiroteos registrado el año pasado; el inicio de la publicación de un informe anual sobre el tráfico de armas de fuego; y el nombramiento de David Chipman, exasesor del grupo de defensa del control de armas Everytown for Gun Safety y actual asesor de Giffords, una organización que dice trabajar para detener la violencia con armas de fuego, como director de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).
La ATF es una agencia federal que tiene como objetivo prevenir el uso y el tráfico ilegal de armas de fuego, entre otros esfuerzos.
Los nuevos anuncios marcan la primera ronda de acciones ejecutivas sobre las armas que la Casa Blanca había prometido tomar tras los recientes tiroteos masivos en Boulder, Colorado, y Atlanta, Georgia.
Biden sigue instando al Congreso a que apruebe una legislación para reducir la violencia con armas de fuego, dijo la administración, pero él y otros funcionarios «no esperarán a que el Congreso actúe para tomar sus propias medidas —plenamente dentro de la autoridad de la Administración y la Segunda Enmienda— para salvar vidas».
Biden dijo en una rueda de prensa tras el tiroteo de Boulder el mes pasado que el Congreso debería prohibir las llamadas armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, refiriéndose a un proyecto de ley que ayudó a aprobar como senador en 1994 y que hizo precisamente eso durante 10 años.
Un estudio financiado por el Departamento de Justicia consideró que los resultados de esa prohibición, que expiró en 2004, eran «mixtos». Una revisión de la Corporación RAND sobre las políticas de restricción de armas dijo que «no hay pruebas concluyentes sobre el efecto de las prohibiciones de armas de asalto en los tiroteos masivos».
Los demócratas se apresuraron a elogiar las acciones del gobierno de Biden en materia de armas, incluyendo el planeado nombramiento de Chipman.
«Esta es la acción ejecutiva más significativa sobre la violencia de las armas en una generación. Estas acciones establecen un modelo de coraje y fuerza que el Congreso debe ahora igualar», dijo el senador Richard Blumenthal (D-Conn.) en un tuit.
«La acción sobre las armas fantasma protegerá contra las armas caseras e imposibles de rastrear que ningún propietario de armas respetuoso de la ley querría», añadió.
Everytown for Gun Safety y sus redes de base, Moms Demand Action y Students Demand Action, también aplaudieron las acciones.
«Cada una de estas acciones ejecutivas empezará a hacer frente a la epidemia de violencia con armas de fuego que ha hecho estragos, y comenzará a cumplir la promesa del presidente Biden de ser el presidente más fuerte en materia de seguridad de armas de la historia», dijo el presidente de Everytown, John Feinblatt, en un comunicado.
Biden ha tenido dificultades para ganar terreno para las propuestas de restricción de armas en el Congreso, especialmente en el Senado, donde los demócratas mantienen una escasa mayoría solo por el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris.
Durante la pandemia, las ventas de armas se han disparado hasta alcanzar máximos históricos, ya que los estadounidenses trataron de protegerse contra el aumento de la delincuencia y las condiciones dramáticamente alteradas.
Christopher Herrmann, profesor adjunto del Colegio John Jay de Justicia Penal de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, declaró el mes pasado a The Epoch Times que algunas leyes o reglamentos nuevos, como las leyes de bandera roja, podrían ayudar a disminuir el número de tiroteos y asesinatos en el futuro.
Pero Lisa Dadio, directora del Centro de Vigilancia Avanzada de la Universidad de New Haven, dijo que éstas no ayudarían porque la mayoría de las personas que cometen los delitos no obtienen sus armas legalmente.
Los republicanos y los grupos que dicen luchar para proteger los derechos de la Segunda Enmienda dijeron que se oponían a lo que está haciendo la Administración Biden.
«El presidente Biden quiere dejar libres a los criminales violentos pero quitarles las armas a los ciudadanos respetuosos de la ley», dijo el senador Tom Cotton (R-Ark.) en una declaración en las redes sociales.
El vicepresidente senior de Gun Owners of America, Erich Pratt, dijo que el grupo «se opone de todo corazón al control de armas inconstitucional con el que amenaza hoy el presidente Biden —restricciones como los ataques a las armas de fuego caseras y equipadas con abrazaderas y las llamadas órdenes de confiscación de armas de ‘bandera roja'».
«Joe Biden sabe que no puede vencer a los propietarios de armas en el Congreso. En su lugar, está eludiendo el proceso legislativo para imponer su propia visión tiránica por decreto ejecutivo», añadió.
El gobierno federal tendrá problemas para hacer cumplir las normas que se consideren incompatibles con las leyes de Arizona. El gobernador republicano Doug Ducey, promulgó esta semana una ley que prohíbe a las fuerzas policiales hacer cumplir cualquier ley o norma del gobierno de Estados Unidos «que sea inconsistente con cualquier ley de Arizona relativa a la regulación de las armas de fuego».
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