Una jueza federal ordenó un nuevo retraso en las ejecuciones federales pocas horas antes de que la primera inyección letal se llevara a cabo en una prisión federal en Indiana. La medida impulsó a la administración Trump a apelar inmediatamente la decisión.
La jueza de distrito de EE.UU. Tanya Chutkan concedió el lunes una orden preliminar a cuatro presos condenados a muerte, impidiendo de hecho que la primera ejecución federal en 17 años procediera más tarde ese mismo día.
Chutkan dijo en su fallo que era de interés público emitir un bloqueo temporal porque todavía había cuestiones legales que debían ser resueltas, añadiendo que “el público no es atendido por un proceso judicial legítimo de cortocircuito”.
“La sucesión de sentencias de última hora es el resultado de la decisión del gobierno de fijar fechas de ejecución breves, incluso cuando muchas reclamaciones, incluidas las que se abordan aquí, estaban pendientes”, escribió Chutkan en su fallo (pdf). “El gobierno tiene derecho a elegir las fechas, pero el tribunal no puede tomar atajos en sus obligaciones para acomodar esas fechas”.
La jueza aceptó el argumento de los reclusos de que es probable que ganen en sus afirmaciones de que el método de ejecución del Protocolo de 2019 constituye un castigo cruel e inusual en violación de la Octava Enmienda. Dijo que los reclusos habían demostrado que “el pentobarbital por sí solo representa un riesgo inconstitucionalmente significativo de dolor grave”.
Dijo que los reclusos habían identificado métodos alternativos de ejecución que “reducirían considerablemente el riesgo de sufrir dolores graves”, como el uso de una dosis previa de opiáceos para el dolor o de medicamentos contra la ansiedad, o la ejecución por fusilamiento.
Inmediatamente después del fallo de Chutkan, el Departamento de Justicia presentó una notificación de apelación para impugnar su decisión en el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito del Distrito de Columbia. El departamento también presentó una moción para pedirle a Chutkan que considerara su orden, argumentando que es probable que la Oficina de Prisiones (BOP) sufra daños si se posponen las ejecuciones.
“Cada ejecución requiere una significativa planificación y coordinación anticipada”, argumentó el departamento (pdf). “Estos preparativos no pueden deshacerse fácilmente; “cualquier ajuste de las fechas de ejecución requeriría una planificación y coordinación significativas como las que ya ha emprendido la BOP hasta la fecha”.
El Departamento de Justicia rechazó la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
El nuevo bloqueo surge un día después de que un tribunal de apelaciones federal dio paso a los planes del gobierno federal para ejecutar a Daniel Lewis Lee. Este hombre de 47 años, que iba a morir por inyección letal, fue condenado en 1999 por el brutal asesinato de una familia de tres integrantes de Arkansas— William Mueller, traficante de armas, su esposa Nancy y su hija de 8 años, Sarah Powell.
En ese caso, los familiares de las víctimas de Lee demandaron al gobierno federal en un intento de posponer la ejecución de Lee, citando preocupaciones sobre el virus del PCCh. Dijeron que la decisión del gobierno de programar las ejecuciones en julio en medio de la pandemia agobia su capacidad de asistir a las ejecuciones, argumentando que asistir a la ejecución durante la pandemia los pone en riesgo de contraer la enfermedad.
La jueza jefe de distrito Jane Magnus-Stinson del Distrito Sur de Indiana, a finales del viernes, falló a favor de los tres demandantes y ordenó que se pospusiera la ejecución de Lee. Ella encontró que el acto del gobierno federal de fijar la fecha de ejecución de Lee sin considerar el derecho de los demandantes a estar presentes “fue arbitrario y caprichoso y no de acuerdo con la ley”.
El Departamento de Justicia inmediatamente trató de anular la decisión de Magnus-Stinson pidiendo al 7º Circuito que bloqueara su decisión. Argumentaron (pdf) que la orden de la jueza de distrito malinterpretaba “la ley federal y estatal y no tiene base en la equidad”.
El panel de tres jurados del 7º Circuito revocó la orden del tribunal de distrito, diciendo que el argumento del demandante “carece de cualquier base legal discutible y por lo tanto es frívolo”. Explicaron que la acción del gobierno federal de fijar una fecha de ejecución no puede ser revisada por los tribunales y que los demandantes “no tienen ningún derecho estatutario o reglamentario a asistir a la ejecución”.
En junio, el fiscal general William Barr ordenó a la Oficina de Policía que programara las ejecuciones de los cuatro reclusos—Lee, Wesley Ira Purkey, Dustin Lee Honken y Keith Dwayne Nelson. Sus ejecuciones han sido programadas para fechas en julio y agosto.
La decisión de proceder a las ejecuciones durante la pandemia fue objeto de críticas generalizadas, y los críticos dijeron que la programación no tenía en cuenta la seguridad y la salud de los implicados.
“Cientos de personas quedarán expuestas si se permite que las ejecuciones federales de esta semana sigan adelante. Esta voluntad de arriesgar vidas es indefendible”, dijo la Unión Americana de Libertades Civiles en una declaración el domingo.
Un abogado de las víctimas de Lee dijo en una declaración a los medios de comunicación que la decisión del gobierno federal ha puesto a sus clientes en “la insostenible posición de elegir entre su derecho a presenciar la ejecución de Danny Lee y su propia salud y seguridad”.
“Earlene Branch Peterson, de 81 años de edad, madre y abuela de las víctimas, junto con la hija y la nieta sobrevivientes de la Sra. Peterson, querían asistir a la ejecución y habían planeado estar allí cuando se programara para diciembre de 2019. Debido a que el gobierno ha programado la ejecución en medio de una furiosa pandemia, estas tres mujeres tendrían que poner sus vidas en riesgo para viajar a través del país en este momento”, dijo el abogado, Baker Kurrus, en la declaración.
Kurrus añadió que sus clientes apelarán la decisión del 7º Circuito ante la Corte Suprema.
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