La administración Trump comenzó el lunes a hacer cumplir los nuevos requisitos de ingresos para las green cards y ciertos tipos de visas, días después de que la Corte Suprema fallara a favor de la medida.
Bajo las nuevas reglas, la mayoría de los solicitantes de green cards en Estados Unidos y en el extranjero tendrán que ser evaluados bajo un nuevo conjunto de directrices para determinar si serán una «carga pública». Se espera que la norma afecte a millones de personas y podría obligar a numerosos inmigrantes a dejar de usar los programas de bienestar público, incluyendo el Ingreso de Seguridad Suplementario, la ayuda del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, Medicare y otros programas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que también se tendrá en cuenta la edad, la salud, la situación familiar, los bienes, los recursos, la situación financiera, la educación, las habilidades y otros factores del inmigrante.
«El presidente Trump continúa cumpliendo su promesa al pueblo estadounidense sobre hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación. Después de varias victorias judiciales, el DHS finalmente comenzará a implementar la norma final de Inadmisibilidad por Cargos Públicos», dijo Ken Cuccinelli, el subsecretario interino de Seguridad Nacional. «Esta norma hace cumplir la ley de larga data que requiere que los extranjeros sean autosuficientes, reafirma los ideales americanos de trabajo duro, perseverancia y determinación». También ofrece claridad y expectativas a los extranjeros que consideran una vida en Estados Unidos y ayudará a proteger nuestros programas de beneficio público».
La agencia dijo que un inmigrante que recibió uno o más beneficios públicos por más de 12 meses dentro de cualquier período de 36 meses será considerado una «carga pública».
Cuccinelli dijo que no podría adivinar a cuántas personas se les negará beneficios bajo la nueva norma pero enfatizó que es el comportamiento de los inmigrantes el que puede cambiar.
«El objetivo es asegurar que las personas a las que se les conceda el estatus a largo plazo, el estatus de residencia permanente legal, puedan valerse por sí mismos. Y volver a la tradición estadounidense que ha estado en la norma por más de 140 años», dijo Cuccinelli al Washington Times.
La medida recibió una reprimenda de algunos grupos de defensa, quienes dijeron que crearían campañas de concienciación sobre los nuevos requisitos.
«La implementación de la norma de carga pública hoy en día es un golpe devastador para todos los estadounidenses. La norma es cruel y traiciona nuestros valores fundamentales como nación de inmigrantes», dijo Kristin Brown, presidenta del Centro de Justicia del Imperio, en una declaración a CBS News. «Esta herramienta de evaluación de carga pública guiará a las organizaciones comunitarias a ayudar a las familias a tomar decisiones cruciales que pueden tener consecuencias que cambien la vida».
Las nuevas reglas no se aplican a los refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes en Estados Unidos con visas especiales para víctimas.
El viernes pasado, la Corte Suprema dictaminó 5-4 sobre el nuevo plan en desarrollo que fue elogiado por la Casa Blanca.
«Esta norma final protegerá a los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro, salvaguardará los programas de asistencia social para los estadounidenses verdaderamente necesitados, reducirá el déficit federal y restablecerá el principio legal fundamental de que los recién llegados a nuestra sociedad deben ser financieramente autosuficientes y no depender de la generosidad de los contribuyentes de los Estados Unidos», dijo el sábado la declaración publicada por la Oficina del Secretario de Prensa.
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