Un grupo interpuso una demanda el martes para bloquear el recuento de los votos del Colegio Electoral de varios estados en disputa cuando el Congreso se reúna en una sesión conjunta el 6 de enero.
El Amistad Project presentó la demanda argumentando que las legislaturas estatales de Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Georgia y Arizona no pudieron ejercer el poder que les otorga la Constitución de los Estados Unidos para certificar los votos de los electores presidenciales emitidos el 14 de diciembre. El grupo afirma que varias leyes federales y estatales habían delegado inconstitucionalmente en los poderes ejecutivos de los estados la facultad de certificar dichos votos.
En virtud del artículo II de la Constitución de los Estados Unidos, los electores presidenciales deben ser nombrados por cada estado según la forma prescrita por la legislatura del mismo.
El grupo sostiene que la disposición impide que las legislaturas estatales deleguen su poder a los funcionarios del poder ejecutivo del estado como un deber ministerial.
«Hay argumentos textuales y estructurales para que estos estatutos estatales sean inconstitucionales», escribió el grupo en su demanda. Argumentan que las leyes estatales son una «delegación inconstitucional de las prerrogativas de la legislatura estatal en materia de certificaciones postelectorales de los votos presidenciales y de los electores presidenciales».
En la demanda también se argumenta que las legislaturas estatales, muchas de las cuales están de receso hasta enero de 2021, tampoco pueden reunirse para cumplir con su deber de certificación postelectoral. Para celebrar una sesión parlamentaria especial, una supermayoría o un gobernador deben acordar que los legisladores se reúnan. Sin embargo, el grupo dijo que los gobernadores de estos estados están impidiendo que las legislaturas estatales lo hagan.
«El mismo organismo que es responsable de la selección de estos electores, no puede ni siquiera reunirse después de las elecciones, hasta enero. Así que eso es inconstitucional, en el sentido de que es una delegación de autoridad a un gobernador, [siendo] (…) una función legislativa. Eso no está permitido», dijo Phill Kline, director del Amistad Project, al programa American Thought Leaders de The Epoch Times.
Añadió que los funcionarios estatales de algunos estados controlados por los demócratas también han sido hostiles con los legisladores estatales. Dijo que la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, había considerado investigaciones y procesamientos criminales para los legisladores «que no estaban de acuerdo con ella en lo que al resultado de las elecciones se refiere».
«Eso es impresionante para mí. Ese tipo de intimidación y amenaza nunca debe ocurrir en Estados Unidos, por parte del estado o del jefe de las fuerzas de seguridad», dijo Kline, que fue el ex fiscal general de Kansas.
Entre los acusados en la demanda se encuentran el vicepresidente Mike Pence, el Congreso y funcionarios de los cinco estados en disputa. Fue presentada en nombre de varias organizaciones de derechos del votante y de algunos votantes de los cinco estados.
La demanda pretende declarar inconstitucionales secciones de las leyes federales y estatales que delegan el poder de certificación postelectoral a los ejecutivos estatales. También pide al tribunal que impida que Pence, que contará los votos del Colegio Electoral, y el Congreso, cuenten los votos de Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin hasta que sus legislaturas estatales puedan reunirse para certificar los votos.
«Sobre la base de estos antecedentes jurídicos, los demandantes alegan, en virtud del Artículo II, que si no hay certificaciones legislativas estatales posteriores a las elecciones de los votos presidenciales y de los electores presidenciales en los Estados demandados, los votos de los electores presidenciales de dichos Estados demandados, no certificados de esa manera, no pueden ser contabilizados por los demandados federales para presidente y vicepresidente en virtud del Artículo II», dice la demanda.
Esta demanda se interpuso mientras varios legisladores republicanos sopesaban la posibilidad de impugnar los votos del Colegio Electoral en los estados impugnados el 6 de enero.
Varios miembros de la Cámara de Representantes han prometido presentar impugnaciones para evitar que el Congreso cuente la lista de votos electorales del candidato demócrata Joe Biden en varios estados en disputa.
El representante Mo Brooks (R-Ala.) inició esta acción cuando anunció su intención de objetar los votos electorales el próximo mes de enero. Desde entonces, un número creciente de legisladores republicanos han expresado su intención de objetar los votos electorales durante esa sesión.
Hasta ahora no ha habido senadores que se hayan comprometido públicamente a impugnar los resultados de un estado. Un puñado de senadores republicanos no han descartado la posibilidad de objetar, pero han dicho que primero observarían la evolución de las denuncias de fraude electoral. Por otro lado, el senador electo Tommy Tuberville (R.-Ala) ha sugerido que puede unirse a la prevista objeción de los miembros de la Cámara de Representantes.
El caso se cita como Wisconsin Voters Alliance contra Pence (1:20-cv-03791).
Jan Jekielek contribuyó a la elaboración de este artículo.
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