La Asamblea de Nicaragua anuló este miércoles la personalidad jurídica a 24 ONGs por presunto incumplimiento de obligaciones; sin embargo los afectados señalan que es una represalia a las críticas contra Daniel Ortega por el manejo de la pandemia.
El parlamento de Nicaragua aprobó con 72 votos un decreto legislativo para cerrar las 24 asociaciones por «incumplir con sus obligaciones legales y estatutarias», dijo el parlamento a través de una nota de prensa en su página el 28 de julio.
Además, la asamblea señaló que la anulación de la personalidad jurídica de las ONGs se debió «por no reportar ante el ente regulador sus estados financieros desde hace varios años con sus desgloses detallados». Ahora, los bienes de las organizaciones pasarán a ser propiedad del estado.
«Toda asociación que recibe dinero del extranjero tiene que registrarse para determinar el destino de esos fondos, para que verdaderamente sean aplicados a la misión que tienen», dijo el diputado nicaragüense Wilfredo Navarro. «Las 24 antes mencionadas no se han registrado como agente extranjeros».
Según un medio local, 15 de las 24 ONGs anuladas por el gobierno de Nicaragua son del sector salud. Dichas asociaciones fueron críticas con el manejo oficial de la pandemia de la covid-19, según informó una fuente legislativa el domingo a la agencia EFE.
El 25 de julio, el gobierno de Ortega había solicitado la cancelación de la personalidad jurídica de dichas organizaciones a través del Ministerio de Gobernación. Entre las organizaciones canceladas se encuentra el Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS), fundado en 1990 por el exdirector del Ministerio de Salud Leonel Argüello, quien desde el inicio de la pandemia alertó a la ciudadanía sobre las medidas de prevención por el coronavirus, aún en medio de la negación del gobierno sobre los reportes de “sepelios exprés”.
El doctor José Luis Borgen, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense, denunció que las medidas del gobierno representan un “gran golpe en el marco de la libertad de asociaciones científicas” que repercuten en la población.
“Las personas jurídicas no están acéfalas, están sin certificación de sus juntas directivas porque el propio Ministerio de Gobernación no las emite”, dijo en respuesta Amaru Ruiz, en representación de la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG.
“Instamos a la población nicaragüense a rechazar la cancelación de personerías jurídicas a estas 24 organizaciones sin fines de lucro y otras organizaciones amenazadas, y a las redes internacionales pedimos condenar y solidarizarse ante el acoso a los organismos no gubernamentales”, dijo Ruiz.
Con información de EFE y VOA.
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