El demoledor relato de uno de los policías implicados en la desaparición de cinco jóvenes en el estado mexicano de Veracruz, según el cual fueron quemados, triturados y tirados a un río, ahondó la herida abierta por el caso Iguala debido a la similitud entre ambos sucesos.
Los jóvenes «fueron quemados, posteriormente fueron molidos, seguramente en un molino de caña, y fueron tirados a un pequeño río», dijo hoy a Televisa el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, citando a Rubén Pérez, el octavo policía detenido por este suceso.
A diferencia de los estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa, no son 43 ni han llenado las primeras planas en los medios, pero su historia pone de manifiesto la impunidad que impera en México, que acumula más de 27.000 de desaparecidos en la última década.
José Benítez, Mario Arturo Orozco, Alfredo González y Bernardo Benítez, de entre 24 y 27 años, y Susana Tapia, de 16, regresaban el 11 de enero de unas vacaciones en el puerto de Veracruz cuando fueron detenidos por policiales estatales en el municipio de Tierra Blanca, a dos horas de su natal Playa Vicente, en el interior del estado.
El arresto tuvo lugar en una gasolinera, fue captado por cámaras de vídeo ubicadas en esa zona y no tuvo un motivo aparente. Fueron detenidos «simplemente porque (a los agentes) les parecieron sospechosos», señaló Campa.
Según el relato de Pérez, quien presenció lo ocurrido a los jóvenes tras su detención, las cinco víctimas fueron trasladadas a distintos puntos e interrogadas.
Su última parada fue en el rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan, donde «los privan de la vida» y da «inicio el proceso de desaparición de los cuerpos», explicó el subsecretario.
El fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, detalló a una emisora de radio que Pérez admitió su participación en los hechos luego que la geolocalización de su teléfono móvil revelara que su coartada fallaba.
En El Limón los policías entregaron las víctimas a seis sujetos -continuó el fiscal- y Pérez presenció su «ejecución».
En este lugar, las autoridades encontraron manchas hemáticas y restos óseos calcinados. Con estos se identificó a uno de los jóvenes, Bernardo Benítez, mientras que, a partir del hallazgo de un pedazo de tela de la camiseta y una costra se reconoció a Alfredo González.
No obstante, los familiares de las víctimas desconfiaron de estas pruebas genéticas y encomendaron días más tarde al prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) analizar los restos hallados, que aceptó la tarea.
El EAAF se ha convertido, junto a otros actores internacionales como el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la piedra del zapato del Gobierno y su versión de lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
En enero de 2015 el entonces fiscal Jesús Murillo presentó la «verdad histórica» del caso, según la cual los 43 estudiantes fueron entregados por policías corruptos de Iguala al cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron el municipio aledaño de Cocula.
Los paralelismos con el caso de Tierra Blanca se vuelven más evidentes cuando el último policía arrestado afirma que los restos de los cinco jóvenes fueron tirados a un río, cuando en el caso Iguala se encontraron bolsas con restos calcinados cerca del río San Juan a partir de las cuales se identificó a una de las víctimas.
Pero inconsistencias en la investigación han hecho desconfiar tanto al EAAF como a la CIDH sobre la procedencia de dichas bolsas, y ambos organismos niegan la posibilidad de un incendio en la zona en septiembre de 2014.
El Gobierno anunció el domingo el inicio de un nuevo peritaje en Cocula, esta vez por parte de expertos internacionales con reconocida trayectoria en la materia, a fin pasar de la «verdad histórica» a la «verdad jurídica», dijo hoy una fuente gubernamental.
Por el caso de Tierra Blanca hay ocho policías detenidos, entre ellos el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública estatal en Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, además de Francisco Navarrete Serna, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en ese municipio.
Según medios locales, Conde podría estar relacionado con la desaparición de más personas en varios puntos del estado, lo que revelaría, como en Iguala, la connivencia de cuerpos policiales y el crimen organizado.
El fiscal de Veracruz dijo hoy que ya se conoce el móvil de los hechos de Tierra Blanca, pero no quiso revelarlo para no entorpecer la investigación.
No obstante, el titular de la Policía Federal, Enrique Galindo, recordó que el testimonio del policía «no es definitivo» y remarcó que la búsqueda continúa.
La respuesta de Galindo no sorprende, pues entre las desapariciones de Iguala y Tierra Blanca pasaron más de quince meses de duras críticas al Gobierno por su gestión del caso de los 43.
La desconfianza de los familiares de las víctimas ante las declaraciones oficiales quedó reflejada hoy en las palabras de Bernardo Benítez, padre de una de los desaparecidos de Tierra Blanca y tío de otra, quien dijo a Efe que los padres aceptarán que las víctimas están muertas «el día que haya pruebas».
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