Un nuevo juez fue asignado para supervisar una objeción legal contra la auditoría de votos de las elecciones presidenciales de 2020 liderada por el Senado en el condado más grande de Arizona, anunció el lunes la Corte Suprema de Arizona en el condado de Maricopa.
El juez Daniel Martin se hará cargo del caso después de que el juez de la Corte Suprema del condado de Maricopa, Christopher Coury, designado por los republicanos, se recusara de la objeción legal el 25 de abril.
Martin, quien fue nombrado en 2007 por la gobernadora demócrata Janet Napolitano, está actualmente asignado a la división civil después de haber estado previamente asignado a los departamentos de familia, penal y tribunal de menores.
Según la biografía de Martin en la Corte Superior, anteriormente, en 2004, trabajó como asociado en el bufete de abogados Brown & Bain, antes de que este se fusionara con Perkins Coie —un importante bufete de abogados de línea demócrata. El abogado electoral Marc Elias es socio de ese bufete, presidente del Grupo de Derecho Político de Perkins Coie y uno de los principales abogados del Partido Demócrata.
Elias sugirió previamente en Twitter, que el GOP de Arizona podría recibir «sanciones» por una demanda anterior que intentaba realizar una auditoría de recuento manual en el condado de Maricopa.
El anuncio se produjo después de que Coury se recusó al enterarse de que el abogado Chris Viskovic, con quien tenía una relación de trabajo anterior, se había unido al caso.
Según una copia de la recusación obtenida por primera vez por 12 News, la Corte recibió a las 4 de la tarde del 25 de abril unos expedientes que incluían los nombres de nuevos abogados, entre ellos el de Viskovic, que trabajó en el despacho de Coury «como externo en los últimos cinco años».
Viskovic ocupa ahora un puesto de asociado junior en Kolodin Law Group PLLC, que representa en los tribunales a la empresa de ciberseguridad Cyber Ninjas, con sede en Florida. Cyber Ninjas es una de las cuatro empresas contratadas por el Senado estatal para realizar la auditoría.
La recusación señaló que, de acuerdo con el código de conducta judicial del estado y las normas de la Corte Suprema de Arizona, Coury debía recusarse de cualquier otra participación del caso.
La auditoría comenzó el 19 de abril. Las empresas contratadas por el Senado estatal están examinando 2.1 millones de papeletas, probando las máquinas de votación, buscando fallos informáticos y realizando un recuento manual.
Las citaciones emitidas por el estado que eran necesarias para ejecutar la auditoría se declararon válidas el 25 de febrero.
Los demócratas de Arizona presentaron una solicitud de emergencia para bloquear la auditoría el 22 de abril. Coury concedió la solicitud al día siguiente, pero solo si el partido pagaba una fianza de un millón de dólares. Los demócratas se negaron, por lo que la auditoría no se detuvo.
Coury no es popular entre los demócratas, quienes hicieron campaña para destituirlo el año pasado de otro mandato de cuatro años, por su decisión sobre una propuesta de votación de educación llamada Invest in Ed.
El Partido Demócrata del Condado de Maricopa en octubre de 2020 hizo campaña para destituir a Coury, creando un sitio web que lo calificó de «juez activista» después que dictaminó que el resumen de la propuesta de aumento de impuestos para la educación era engañoso.
La Corte Superior anunció que todas las audiencias previamente programadas bajo Coury se cancelaron. Cada parte del proceso legal tendría 10 días para decirle a Martin cómo creen que debe manejarse el caso en adelante.
Sin embargo, después de que Martin fue asignado para tomar el cargo, el Partido Demócrata de Arizona solicitó una «audiencia inmediata», informó 12 News. Según el medio de comunicación, se programó una nueva audiencia para las 11 de la mañana del 27 de abril.
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