Los Gobiernos de Australia y Nueva Zelanda expresaron este martes su apoyo a las sanciones aprobadas la víspera por la Unión Europea (UE), Estados Unidos, Canadá y Reino Unido contra funcionarios chinos por la situación de la minoría musulmana uigur.
En un comunicado conjunto, los Gobiernos de estos dos países oceánicos afirmaron que hay «pruebas evidentes» de las graves violaciones de los derechos humanos de los uigures y otras minorías musulmanas en Xinjiang, una provincia en el oeste de China.
Los abusos incluyen «restricciones a la libertad de religión, vigilancia masiva, detenciones en masa extrajudiciales, así como trabajos forzados y controles de natalidad forzados, incluidas esterilizaciones», según la nota firmada por la ministra de Exteriores australiana, Marise Payne, y su homóloga neozelandesa, Nanaia Mahuta.
Las ministras indicaron que, desde que surgieron los primeros informes sobre los supuestos abusos en Xinjiang en 2018, han pedido repetidamente a Beijing que respete los derechos humanos y permita la entrada de expertos de la ONU en la provincia.
Sin embargo, no se comprometieron a aplicar sus propias sanciones a China como hicieron Estados Unidos, Canadá y Reino Unido siguiendo de manera coordinada el ejemplo de la UE, que aprobó el lunes restricciones contra cuatro altos funcionarios chinos y el Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang.
Las restricciones incluyen la congelación de sus bienes o activos y la prohibición de entrar en la UE.
Las sanciones fueron aprobadas por los ministros de Exteriores de los Veintisiete y el representante de Exteriores de la UE, Josep Borrel, en respuesta a las «graves violaciones de derechos humanos» contra los uigures por parte de las autoridades chinas, en sus primeras sanciones a Beijing desde la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989.
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