WASHINGTON —El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva el 3 de junio, modificando una prohibición de la era Trump que impide a los inversores estadounidenses invertir en empresas militares chinas. La nueva orden amplía la lista de prohibición anterior añadiendo más empresas chinas de tecnología de defensa y vigilancia.
La orden también traslada la autoridad de selección de las empresas al Departamento del Tesoro desde el Departamento de Defensa.
La orden de Biden amplía el alcance de la emergencia nacional declarada por el entonces presidente Donald Trump el año pasado y prohíbe a más empresas involucradas en «el desarrollo o el uso de la tecnología de vigilancia china para facilitar la represión o el abuso grave de los derechos humanos».
La orden «prohíbe a las personas de Estados Unidos participar en la compra o venta de cualquier valor que cotice en bolsa» de 59 entidades que figuran en el anexo de la orden ejecutiva.
Entre las empresas incluidas en la lista negra figuran el fabricante de equipos de telecomunicaciones Huawei, el fabricante de videovigilancia Hikvision, la empresa aeroespacial Aviation Industry Corp. of China y los operadores estatales de telefonía móvil China Mobile y China Telecom.
El Departamento del Tesoro seguirá actualizando la lista de estas entidades chinas. La selección la determinará el secretario del Tesoro en consulta con el secretario de Estado y, si se considera oportuno, con el secretario de Defensa, según una hoja informativa de la Casa Blanca.
La lista de prohibiciones no menciona a las filiales de estas empresas, ya que está «intencionalmente enfocada y delimitada», según la hoja informativa.
La Administración de Trump se centró en 44 empresas militares chinas y pretendía incluir a las filiales que cotizan en bolsa y que son «50 por ciento o más propiedad» o «se determina que están controladas» por esas empresas.
La nueva orden, sin embargo, reduce el alcance de la prohibición al excluir a las filiales.
Las prohibiciones de inversión entrarán en vigor el 2 de agosto, pero los inversores podrán realizar operaciones de desinversión hasta el 3 de junio de 2022.
El senador Marco Rubio (R-Fla.) expresó su preocupación por la medida de Biden de transferir la autoridad al Departamento del Tesoro.
«Sabemos de hecho que Wall Street está ayudando a financiar el esfuerzo del Partido Comunista Chino para debilitar y, en última instancia, reemplazar el liderazgo estadounidense», dijo Rubio en un comunicado.
«Si bien la administración actualizó la política de la era Trump en formas importantes, me preocupa mucho que el Departamento del Tesoro del presidente Biden esté demasiado alineado con Wall Street como para tomar las medidas necesarias con el fin de evitar que los ahorros estadounidenses se utilicen para financiar al Partido Comunista Chino».
En sus últimas semanas en el cargo, Trump tomó medidas rápidas para prohibir las inversiones en empresas militares chinas, en un esfuerzo por frenar el acceso de Beijing a los lucrativos mercados de capital de Estados Unidos.
La orden de Trump pretendía frenar las inversiones de los fondos de pensiones y de jubilación estadounidenses en empresas que apoyan al Partido Comunista Chino (PCCh). Muchas de estas empresas cotizan en las bolsas de todo el mundo y son monitoreadas por los principales índices como MSCI y FTSE.
La American Securities Association (ASA, por sus siglas en inglés), que representa a las empresas regionales de servicios financieros de Main Street, recibió con satisfacción la nueva orden ejecutiva.
«La ASA apoya firmemente la medida adoptada hoy por la Administración Biden para dar prioridad a los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos, continuando con las medidas enérgicas de la Administración anterior contra la infiltración de la China comunista en los mercados de capitales de Estados Unidos», dijo el director ejecutivo de la ASA, Chris Iacovella, en un comunicado.
«Durante demasiado tiempo, el PCCh se ha aprovechado de los vacíos para financiar su ascenso militar, un ejército cibernético que nos ataca, ‘campos de reeducación’ utilizados para perpetrar crímenes de lesa humanidad contra sus propios ciudadanos, el uso de mano de obra esclava en violación del derecho internacional, y su nueva posición como el principal contaminador del mundo».
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