El presidente Joe Biden, durante su primer día en el cargo, tomó un total de 17 medidas ejecutivas, entre las que se incluían el uso obligatorio de mascarillas y la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el clima de las Naciones Unidas.
El nuevo presidente ordena el distanciamiento social y el uso de mascarillas en las propiedades federales en una nueva orden ejecutiva. También lanzó el «Desafío de las mascarillas de los 100 días» para exigir a todos los estadounidenses que lleven una mascarilla durante los primeros 100 días de su administración, en un intento por prevenir la propagación del virus del PCCh (Partido Comunista Chino), que causa la enfermedad COVID-19.
Biden también ha creado un puesto de «coordinador de respuesta para la COVID-19» para cubrir el papel que el exvicepresidente Mike Pence desempeñó en el Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Administración Trump, y volverá a integrar su equipo de respuesta a la pandemia de COVID-19 en el Consejo de Seguridad Nacional. También ha pedido al Congreso que apruebe extensiones para la ayuda relacionada con la COVID-19, que amplíe las moratorias de desalojo y ejecución de hipotecas, y que suspenda los pagos de los préstamos federales, incluidos los préstamos estudiantiles.
Biden tomó algunas medidas sobre las políticas para abordar el cambio climático, incluyendo la firma de un documento que permite a los Estados Unidos volver a unirse al Acuerdo Climático de París en un plazo de 30 días. Publicó un comunicado que decía que «por la presente acepta el Acuerdo [de París] y cada artículo y cláusula del mismo en nombre de los Estados Unidos de América».
El expresidente Donald Trump anunció por primera vez en 2017 su intención de retirarse del Acuerdo de París sobre el Clima, calificando el marco de las Naciones Unidas para hacer frente al cambio climático como «un desastre total» para la economía estadounidense que fue demasiado indulgente con la China comunista y sus emisiones de gases de efecto invernadero.
«El Acuerdo Climático de París es simplemente el último ejemplo de que Washington ha entrado en un acuerdo que pone en desventaja a los Estados Unidos en beneficio exclusivo de otros países, dejando a los trabajadores estadounidenses —a quienes amo— y a los contribuyentes absorber el costo en términos de pérdida de puestos de trabajo, salarios más bajos, fábricas cerradas y una producción económica muy disminuida», declaró Trump en 2017.
Estados Unidos abandonó formalmente el acuerdo climático el 4 de noviembre de 2020, pero Biden, el 5 de noviembre de 2020, prometió que haría que el país se reincorporara al acuerdo una vez que asumiera el cargo. El expresidente Barack Obama hizo que los Estados Unidos se unieran al acuerdo durante los últimos meses de su administración en 2016. En ese momento, dijo que la lucha contra el cambio climático no es algo que «cualquier país, no importa cuán poderoso sea, pueda tomar solo».
En otra orden ejecutiva, Biden ordenó a los organismos federales que revisaran y abordaran las medidas adoptadas por la Administración Trump en materia de medio ambiente o salud pública. La orden implica una serie de otras medidas, incluida la revocación de la autorización para el oleoducto Keystone XL, y la imposición de una moratoria al arrendamiento de petróleo y gas en el Ártico.
Biden también ha hecho que Estados Unidos se reincorpore a la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, revocando otra decisión de Trump en virtud de la cual el país debía abandonar la OMS tras las críticas sobre la forma en que el organismo había manejado el brote del virus del PCCh en Wuhan.
También se firmaron el 20 de enero una serie de medidas para promover la igualdad de resultados de acuerdo con la identidad social de un individuo, incluyendo una orden ejecutiva que el equipo de Biden dijo que «avanzaría la equidad racial», y una orden ejecutiva que disuelve la Comisión de 1776 de la Administración Trump que buscaba promover la unidad nacional a través de la educación en torno a los principios fundadores de Estados Unidos frente al «revisionismo histórico» que, según la Comisión, aborda las afirmaciones de racismo sistémico con «más discriminación«.
Biden también firmó una orden ejecutiva que ordena al gobierno interpretar la Ley de Derechos Civiles como una norma que prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo, incluyendo en base a la orientación sexual y la identidad de género, y no solo la raza, el color, la religión, el sexo y el origen nacional.
El presidente también tomó una serie de otras medidas para abordar la inmigración durante su primer día en el cargo. Entre ellas, un memorando que ordena al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Justicia que preserven y fortalezcan el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), una acción ejecutiva para revocar las restricciones de la Administración Trump para los titulares de pasaportes de siete países de mayoría musulmana, y una orden ejecutiva que revoca la decisión de Trump de excluir a los inmigrantes ilegales del Censo. También impulsó un memorando para seguir ampliando la condición de protección temporal y la autorización de trabajo a los liberianos, a los que se les concedió refugio en Estados Unidos antes de 2007.
Biden también firmó un decreto ejecutivo que trata de revertir la observancia de la legislación sobre inmigración de Trump y «restablecer las políticas y prácticas» para alinear tal observancia con los «valores y prioridades» de la Administración Biden. Parte de la orden implica revocar la Orden Ejecutiva 13768 de Trump firmada en 2017, que retenía la financiación federal de las llamadas «ciudades santuario» que no cooperan con las autoridades federales de inmigración.
Firmó también una proclama diferente para detener la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, así como determinar cómo desviar los fondos previamente asignados a dicha iniciativa.
Biden firmó otras dos órdenes ejecutivas el 20 de enero. Una de ellas se refería a nuevos compromisos éticos para las personas nombradas por el poder ejecutivo con el fin de mantener la «confianza pública en el gobierno», y la otra se centraba en la revisión de las medidas reglamentarias del poder ejecutivo de manera que se garantizara la promoción de los valores de la administración basados en la participación pública con las partes interesadas pertinentes.
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