La rama nacional de Black Lives Matter (BLM) cerró el 2 de febrero todas sus fuentes de recaudación online, poco después de que el Departamento de Justicia de California amenazara con hacer responsable a la organización por su «falta de transparencia financiera», que incluye al menos 60 millones de dólares en donaciones no reveladas.
Los estados de California y Washington habían prohibido recientemente a BLM la recaudación de donaciones por problemas de transparencia, pero la organización no cumplió esas órdenes, según reportó el Washington Examiner.
El medio de comunicación descubrió la semana pasada que la organización benéfica no parecía tener un encargado definido de sus fondos de 60 millones de dólares desde que la cofundadora de BLM, Patrisse Cullors, renunció en mayo de 2021. Cullors había estado al frente de Black Lives Matter Global Network Foundation (BLMGNF), la entidad legal que representa al movimiento nacional BLM, durante casi seis años.
«Nos tomamos estos asuntos en serio y hemos tomado medidas inmediatas», dijo un portavoz de BLMGNF al Washington Examiner. «Hemos contratado inmediatamente a un asesor de cumplimiento para que se ocupe de cualquier asunto relacionado con el cumplimiento de la recaudación de fondos del estado. Mientras tando, hemos detenido la recaudación de fondos online mientras trabajamos rápidamente para asegurar que estamos cumpliendo con todos los requisitos de cumplimiento».
El Departamento de Justicia de California emitió el lunes un aviso formal de morosidad al grupo.
«La organización BLACK LIVES MATTER GLOBAL NETWORK FOUNDATION, INC. está en mora con el Registro de Fideicomisos Benéficos por no haber presentado los informes anuales requeridos», decía una carta del fiscal general del estado, Rob Bonta.
«Una organización morosa, suspendida o revocada no está en regla y se le prohíbe participar en conductas para las que se requiere el registro, incluyendo la solicitud o el desembolso de fondos de caridad», añade la carta.
El estado dio a BLM 60 días para presentar los documentos fiscales y de beneficencia para 2020.
«En consecuencia, los directores, fideicomisarios, funcionarios y preparadores de impuestos responsables de no haber presentado a tiempo el o los informes descritos anteriormente son personalmente responsables del pago de todas las multas, intereses y otros costos incurridos para restablecer el estatus de exención», decía la carta.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia de California y con BLM para obtener comentarios.
Poco antes de que la organización cortara sus fuentes de recaudación de fondos online, el fiscal general de Indiana, Todd Rokita, describió a Black Lives Matter como un «castillo de naipes» que se está cayendo y lo comparó con una «empresa ilegal».
«Parece que el castillo de naipes puede estar cayendose, y esto sucede eventualmente con casi todas las estafas, conspiraciones o empresas ilegales», dijo Rokita, un republicano, al Washington Examiner.
«Veo patrones que las estafas adoptan de forma universal: no proporcionar información sobre los miembros del consejo de administración, no proporcionar información ni siquiera de los directores ejecutivos, no poner a disposición sus archivos. Todo lleva a sospechar».
No está claro si BLM está siendo investigada por la oficina de Rokita, sin embargo Rokita dijo al medio de comunicación que las finanzas no reveladas de BLM «ciertamente nos causan preocupación».
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