El martes, un tribunal federal bloqueó la orden para los contratistas federales de la vacuna contra el COVID-19 del presidente Joe Biden.
Georgia y otros que demandan a Biden por la orden «probablemente tendrán éxito en su reclamo de que el presidente se excedió en la autorización que le dio el Congreso», escribió el juez de distrito de Estados Unidos R. Stan Baker, designado por Trump, en un fallo de 28 páginas en el que aceptó emitir una orden judicial preliminar.
Baker prohibió a Biden y a su administración aplicar la orden en cualquier estado, una ampliación de un fallo del 30 de noviembre que se aplicaba solo a tres estados.
La orden iba a entrar en vigor el 4 de enero de 2022, a menos que fuera bloqueada por los tribunales. La fecha límite, retrasada originalmente en noviembre, estaba fijada inicialmente para el 8 de diciembre.
«Otra de las órdenes de vacunación de Biden —la orden federal de vacunación para los contratistas— ha sido temporalmente suspendida porque los estados —incluido IDAHO— se opusieron a su extralimitación gubernamental sin precedentes en las vidas y negocios de los estadounidenses», dijo el gobernador de Idaho, el republicano Brad Little, en un comunicado.
Idaho, otros seis estados y la Junta de Regentes de la Universidad de Georgia demandaron la orden en octubre, calificando la orden de Biden de ilegal y excesivamente amplia.
«La orden, tal y como lo ha concebido el gobierno federal, y hasta ahora aplicado, se aplica no solo a los empleados de contratistas que trabajan en contratos federales, sino también a cualquier empleado que pueda tener contacto con alguien que trabaje en un contrato federal (incluso si ese contacto no es más que pasar por delante de ellos en un estacionamiento). No hay excepciones para los empleados que trabajan solos, en el exterior, o incluso exclusivamente a distancia», escribieron las partes en su demanda.
Sin una orden judicial preliminar, las empresas que no tuvieran suficientes empleados vacunados se verían obligadas a elegir entre despedirlos o perder los contratos con el gobierno, añadieron en una petición de orden judicial.
Los abogados del gobierno instaron más tarde al tribunal a no bloquear la orden, argumentando que no había «ninguna razón para apresurarse» en el asunto ya que el plazo de la orden se había retrasado.
La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Los tribunales ya habían prohibido otras órdenes de la Administración Biden, entre ellas una para los empleados del sector privado y otro para la mayoría de los trabajadores del área de la salud del país.
Los jueces han puesto en duda la legalidad de las órdenes.
Las órdenes ya han llevado a la Administración Biden a suspender la aplicación de la orden de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo, que abarcaba a unos 84 millones de trabajadores, y de la orden de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que abarcaba a más de 17 millones de trabajadores.
Pero la administración ha seguido instando a los centros a imponer órdenes de vacunación.
«Nada ha cambiado» en cuanto a los mensajes a las empresas, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a los periodistas en Washington el mes pasado.
El COVID-19 es la enfermedad causada por el virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
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