Funcionarios de California comenzarán el lunes a distribuir la asistencia financiera para los inmigrantes ilegales afectados por la pandemia de COVID-19.
Cada extranjero ilegal puede recibir USD 500 en asistencia directa, si califican, con un máximo de USD 1000 en asistencia social por hogar. Un hogar se define como individuos que viven, compran y preparan comidas juntos.
Para calificar, las personas deben presentar pruebas de que son inmigrantes ilegales. También deben demostrar que no son elegibles para la asistencia federal relacionada con COVID-19 y que han experimentado dificultades como resultado de la pandemia, según el Departamento de Servicios Sociales del estado.
Se espera que unos 150,000 inmigrantes ilegales reciban asistencia financiera. Si esa proyección se mantiene, se distribuirán USD 75 millones.
La gente espera recibir los fondos aplicados a través de varias organizaciones sin fines de lucro. Si son aprobados, recibirán una tarjeta en persona o por correo con el dinero que les asignaron.
El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, anunció los pagos el mes pasado.
«Este es un estado que avanza para ayudar a los necesitados, independientemente de su condición», dijo en una conferencia de prensa.
Según funcionarios estatales, uno de cada 10 trabajadores en el estado son inmigrantes ilegales.
“La representación de esa fuerza laboral no se ha documentado en las áreas esenciales que satisfacen las necesidades de decenas de millones de californianos en la actualidad: en el sector de la atención médica, en el sector agrícola y alimentario, en el sector de fabricación y logística, y en el sector de la construcción”, agregó Newsom.
“Muchas familias de estatus mixto tienen problemas en el cuidado de sus integrantes. Tenemos un profundo sentimiento de gratitud por las personas que temen la deportación y que aún trabajan en las necesidades esenciales de decenas de millones de californianos”.
El estado dijo que estaba entregando USD 75 millones en asistencia. Un grupo de socios filantrópicos, incluida la Iniciativa Chan Zuckerberg, la Fundación Blue Shield of California y la Fundación James Irvine, también estaba proporcionando USD 50 millones adicionales para distribuir a las familias de inmigrantes ilegales.
«Con el gobierno federal y tantos estados fallando en proveer a los inmigrantes indocumentados el apoyo económico y de salud que todos los americanos merecen, espero que las corporaciones, fundaciones e individuos de todo el país se unan a nosotros para proveer la ayuda de emergencia que estos miembros de nuestra comunidad necesitan, para sobrellevar estos momentos difíciles», dijo Laurene Powell Jobs, fundadora y presidente del Colectivo Emerson, en una declaración.
Las quejas legales presentadas para tratar de detener la distribución de fondos a extranjeros ilegales fueron bloqueadas, una por la Corte Suprema de California el 6 de mayo y otra por la Corte Superior de Los Ángeles el 5 de mayo.
Según el Centro de Libertad Americana, que presentó una de las peticiones de emergencia, las leyes estatales y federales prohíben extender los beneficios de desempleo a los inmigrantes ilegales.
«El gobernador dejó en claro en sus comentarios que está dando USD 75 millones en lugar de los beneficios de desempleo que las leyes estatales y federales prohíben a los extranjeros que trabajan ilegalmente aquí», dijo Harmeet Dhillon, CEO del centro, en un comunicado. «También es preocupante que las organizaciones sin fines de lucro, sin nombre, que no tienen que rendir cuentas al contribuyente, van a recibir y distribuir dólares de los contribuyentes».
Judicial Watch presentó la otra denuncia, alegando que Newsom carece de la autoridad que tienen los legisladores estatales para proporcionar los fondos.
Jack Phillips contribuyó a este informe.
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