El lunes, la Cámara de los Lores hicieron un nuevo intento de impedir que los proveedores implicados en la sustracción forzada de órganos obtengan un contrato público y volvieron a incluir una cláusula en el proyecto de ley sobre contratación pública.
Los Lores votaron por 156 votos a favor y 151 en contra de una enmienda propuesta por lord Hunt de Kings Heath. La enmienda permitirá que el responsable de la toma de decisiones excluya a los proveedores que estén implicados en la sustracción forzada de órganos o en la comercialización de cualquier dispositivo, equipo o servicio relacionado con la sustracción forzada de órganos.
La enmienda también incluye una definición de sustracción forzada de órganos como «matar a una persona sin su consentimiento para que sus órganos puedan ser extraídos y trasplantados a otra persona».
La votación se produjo después de que una versión anterior de la cláusula fuera eliminada por el gobierno, que tiene mayoría en la Cámara de los Comunes.
Aunque están de acuerdo en que la complicidad en la sustracción forzada de órganos «no debe tolerarse», los ministros han argumentado que una cláusula diferente que excluye a los proveedores implicados en faltas profesionales ya proporciona el terreno para tratar con los proveedores cómplices en la sustracción forzada de órganos, pero los partidarios de la enmienda argumentaron que es necesario singularizar la práctica.
«Yo creo que tiene mucho mérito hacer referencia explícita a este asunto en el proyecto de ley, para que las autoridades públicas no tengan ninguna duda de que pueden utilizar un poder discrecional para tratar con empresas que puedan estar implicadas, tal vez inadvertidamente, en este comercio abominable», declaró lord Hunt en respuesta a los comentarios realizados en nombre del gobierno por la baronesa Neville-Rolfe.
En relación con la afirmación de la baronesa de que no tiene conocimiento de que ningún proveedor del sector público británico haya estado implicado en la sustracción forzada de órganos, lord Hunt indicó que parece haber pruebas que demuestran lo contrario.
«Yo creo que hay pruebas de que el dinero de los contribuyentes se gasta en empresas implicadas en la sustracción forzada de órganos», dijo a continuación. «Por ejemplo, las empresas farmacéuticas pueden estar suministrando medicamentos inmunosupresores a hospitales que, según se ha informado, sustraen los órganos a presos de conciencia».
Lord Hunt argumentó que su enmienda es necesaria, especialmente en el contexto de que «la política del gobierno hacia China es completamente inadecuada para las amenazas que ese país supone para los intereses del Reino Unido».
El proyecto acaba de entrar en la última fase del proceso legislativo, conocida en el Reino Unido como fase «ping pong», en la que una legislatura va y viene entre los Comunes y los Lores —normalmente hasta tres rondas— para pequeños retoques. Es probable que la cláusula de la enmienda se elimine de nuevo o se suavice en rondas posteriores.
Aunque la cláusula se refiere a todas las sustracciones forzadas de órganos, la cruzada legislativa de lord Hunt contra esta práctica se produjo después de que el régimen chino presuntamente matara a cientos de miles de personas extrayéndoles órganos a presos de conciencia, como los practicantes de Falun Gong y las minorías étnicas, incluidos los uigures.
Cámaras chinas en lugares «sensibles»
Otra disposición eliminada en la Cámara de los Comunes en febrero iba dirigida contra marcas chinas de cámaras de vigilancia como Hikvision y Dahua, conocidas por su implicación en la vigilancia masiva, incluso en los campos de trabajo de Xinjiang.
Como cualquier organización en China, las empresas también están sujetas a la ley de seguridad nacional del régimen, que obliga a las personas y entidades a «apoyar, ayudar y cooperar con los esfuerzos de los servicios de inteligencia nacionales» chinos, lo que suscita preocupación en materia de seguridad.
El gobierno del Reino Unido prohibió anteriormente la instalación de nuevas cámaras chinas en edificios públicos «sensibles», pero la enmienda de lord Alton, de Liverpool, habría exigido a los ministros que publicaran un calendario de retirada de estos equipos—potencialmente decenas de miles de ellos— de todos los edificios públicos.
Aunque la cláusula fue eliminada del proyecto de ley, el gobierno hizo más tarde una concesión, accediendo a publicar un calendario de retirada de las cámaras de «sitios sensibles del gobierno central».
Discutiendo el tema en la Cámara de los Lores el lunes, la baronesa Neville-Rolfe proporcionó una aclaración sobre lo que incluyen los «sitios sensibles», «que son: cualquier edificio o complejo que rutinariamente contenga material secreto o superior; cualquier ubicación que albergue una proporción significativa de funcionarios que posean una autorización de investigación; cualquier ubicación que sea utilizada rutinariamente por los ministros; y cualquier ubicación gubernamental cubierta por la Ley de Delincuencia Organizada Grave y Policía de 2005».
La ministra hizo otra concesión, al comprometerse a presentar informes anuales al Parlamento sobre los avances en la retirada de las cámaras chinas de los lugares sensibles.
Ella defendió la decisión de no ordenar la retirada de estas cámaras de todos los sitios públicos, argumentando que lugares como centros de reciclaje, centros de ocio, escuelas u hospitales «no son los sitios que normalmente interesarían a un Estado hostil».
Citando la decisión de algunos minoristas de prohibir las CCTV de fabricación china por «razones éticas y de seguridad», lord Alton expresó su desacuerdo con el argumento de los ministros, afirmando que sería «extraño que los supermercados se adelantaran a los organismos públicos a la hora de reconocer los peligros que plantea el estado de vigilancia [del Partido Comunista Chino]».
Sin embargo, acogió con satisfacción las concesiones hechas por el Gobierno y decidió no seguir presionando para reintroducir su enmienda.
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