La Cámara de Representantes aprobó el 29 de julio una ley que prohíbe las llamadas «armas de asalto» y los cargadores de alta capacidad.
El proyecto de ley, patrocinado por el representante David Cicilline (D-R. I.) y apodado «Ley de Prohibición de Armas de Asalto», fue aprobado en una votación mayoritariamente partidista de 217-213 preferencias.
Aunque la definición de «arma de asalto» ha sido discutida durante mucho tiempo, el proyecto define tales armas como «arma[s] de asalto semiautomática[s] o con dispositivo[s] de alimentación de munición de gran capacidad» y convierte en delito la importación, fabricación, transferencia o posesión de tales artículos.
Esto incluiría también algunas pistolas semiautomáticas.
El proyecto exime a las armas de fuego que requieren una acción manual entre disparos para preparar el arma para disparar de nuevo, incluyendo cosas como mecanismos de cerrojo, bombeo, palanca o acción deslizante.
Además están exentas las armas de fuego que han quedado inutilizadas de forma permanente o que están clasificadas como antigüedades y se contiene una breve lista de modelos de rifles y escopetas que están específicamente exentos.
La nueva legislación también permitiría la importación, venta, fabricación, transferencia o posesión de armas de fuego que de otro modo estarían prohibidas para fines policiales o de investigación autorizados, así como para actividades relacionadas con la seguridad de los materiales nucleares. También se permitiría a los agentes de la ley retirados poseer las armas prohibidas.
La prohibición propuesta no se aplicaría a las armas de fuego ya existentes. Las armas fabricadas antes de la fecha de entrada en vigor de la prohibición podrían seguir comprándose, vendiéndose y poseer legalmente. Esta cláusula de derechos adquiridos es similar a la contenida en la Ley de Protección de los Propietarios de Armas de Fuego de 1986 del presidente Ronald Reagan, que prohibía la fabricación de nuevas armas automáticas para uso privado después de mayo de 1986.
Los cargadores de alta capacidad —definidos en el proyecto de ley como cargadores con capacidad para más de 15 cartuchos— se retirarían de la circulación, pero los actuales propietarios podrían conservar los cargadores que ya tienen en su poder.
La legislatura también exigiría que los cargadores de alta capacidad y las armas prohibidas fabricadas con fines policiales muestren la fecha de fabricación y los números de serie.
Por último, el proyecto trataría de reducir el número de armas de fuego y cargadores en circulación mediante un programa de recompra.
Demócratas y los republicanos divididos sobre el tema
Los demócratas dijeron que el proyecto de ley, que es muy similar a una legislatura de 1994, es esencial a raíz de una serie de tiroteos de alto perfil en los últimos meses.
«Las armas de asalto, especialmente cuando se combinan con un cargador de alta capacidad, son el arma elegida para los tiroteos masivos», dijo el representante Jerry Nadler (D-N.Y.). «Estas armas de estilo militar están diseñadas para matar al mayor número de personas en el menor tiempo posible».
«Sencillamente, no hay lugar para ellas en nuestras calles», dijo Nadler.
«En 1994 prohibimos estas máquinas de matar, y se salvaron innumerables vidas. Pero los republicanos permitieron que [esa ley] caducara. Desde entonces, hemos visto los resultados predecibles: los tiroteos masivos han aumentado exponencialmente en nuestros espacios públicos: las escuelas, los cines, los supermercados, los lugares de culto, cualquiera, se han vuelto vulnerables a los ataques», añadió el representante refiriéndose a la prohibición de las armas semiautomáticas de 1994.
«¿Cuántos tiroteos masivos más tenemos que soportar?», dijo Nadler a continuación.
Los republicanos, por su parte, fustigaron el proyecto de ley como una violación de los derechos de la Segunda Enmienda de los ciudadanos respetuosos de la ley.
«Durante años, los demócratas nos han dicho que no van a venir a por vuestras armas», dijo el representante Jim Jordan (R-Ohio) en un apasionado discurso en la Cámara. «¡Oh, sí lo harán!»
«Seamos claros: la Segunda Enmienda es lo más clara posible —y ese es su problema— la Segunda Enmienda dice: ‘El derecho a tener y portar armas no debe ser infringido'».
«Pero a ellos no les importa. De hecho, [Cicilline] lo dijo en el comité. Cito: ‘Ahórrsense las tonterías sobre los derechos constitucionales’. A ellos no les importa esa libertad fundamental que disfrutan los ciudadanos respetuosos de la ley en este país», dijo Jordan.
Pocas posibilidades en el Senado
Inicialmente, el proyecto de ley estaba previsto que se examinara el 27 de julio.
Sin embargo, esa votación se retrasó después de que las luchas internas entre los demócratas pusieron en duda la posibilidad de hacer avanzar la legislación. Dado que los demócratas mantienen la cámara baja con cuatro escaños, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.), no podía permitirse el lujo de perder una sola votación sobre la legislación, que probablemente se enfrentaría a la oposición unificada del Partido Republicano.
La legislatura avanzó rápidamente en el Comité Judicial de la Cámara el 20 de julio, a pesar de la oposición unánime de los republicanos.
Este proyecto de ley es solo el último de una serie de esfuerzos por parte de los demócratas de la Cámara y el Senado que pretenden avanzar leyes de control de armas más estrictas.
A fines de junio, otro proyecto de compromiso sobre las armas negociado en el Senado entre los senadores John Cornyn (R-Texas) y Chris Murphy (D-Conn.) obtuvo el apoyo suficiente para superar el umbral de 60 votos del obstruccionismo y desde entonces ha sido aprobada por la Cámara y promulgada por el presidente Joe Biden.
Aunque la medida supuso una victoria para los defensores del control de armas y una dura derrota para los defensores de la Segunda Enmienda, los demócratas tienen pocas posibilidades de poder repetir la hazaña con una legislación de mayor alcance sobre armas de fuego.
El último proyecto de ley pasará ahora al Senado para su consideración, donde es casi seguro que no conseguirá los 10 votos republicanos necesarios para superar el umbral de 60 votos del filibusterismo.
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