El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha acordado con su homólogo australiano, Scott Morrison, seguir «coordinando medidas» para garantizar que los gigantes digitales paguen a los editores por los contenidos compartidos en sus plataformas.
Según un comunicado oficial, los dos primeros ministros hablaron el lunes sobre una serie de temas, incluida la necesidad de regular las empresas de redes sociales.
El lunes, Facebook dio marcha atrás a su decisión de prohibir su servicio de noticias en Australia —que había impedido de hecho que los medios de comunicación publicaran contenidos en la red social—, después de que el Código de Negociación de los Medios de Comunicación fuera aprobado por ambas cámaras del Parlamento.
El Código de Negociación es un proyecto de ley que crea un marco para que las empresas de noticias negocien una remuneración justa por los contenidos que se comparten en las plataformas digitales, especialmente en Facebook y Google.
El vicepresidente de Facebook, Campbell Brown, dijo en un comunicado que su empresa había llegado a un acuerdo con el gobierno australiano y que restablecería su servicio de noticias en los próximos días.
«Tras nuevas negociaciones con el gobierno australiano, hemos llegado a un acuerdo que nos permitirá apoyar a los editores que decidamos, incluidos los pequeños y locales», dijo Campbell. «De cara al futuro, el gobierno ha aclarado que mantendremos la capacidad de decidir si las noticias aparecen en Facebook, de modo que no estaremos automáticamente sujetos a una negociación forzada».
Google también había amenazado con cerrar el servicio en Australia a causa de la ley propuesta, pero también se ha echado atrás. La compañía ha estado trabajando con las grandes y pequeñas empresas de medios de comunicación de Australia en acuerdos de licencia de contenidos a través de su News Showcase.
Ottawa ha señalado su intención de seguir los pasos de Australia, ya que el ministro de Patrimonio, Steven Guilbeault, ha estado impulsando una legislación que haría que los gigantes tecnológicos pagaran a las empresas de medios de comunicación canadienses por los contenidos publicados en sus plataformas.
En noviembre de 2020, el gobierno liberal presentó el proyecto de ley C-10, que modificaría la Ley de Radiodifusión de Canadá para gravar a los gigantes digitales y proteger a las emisoras tradicionales.
La legislación también vigilaría la incitación al odio en internet, lo que ha suscitado preocupación por la posible intromisión en la libertad de expresión de los canadienses.
La diputada Cheryl Gallant dijo en un debate en la Cámara de los Comunes el 11 de diciembre de 2020 que los nuevos impuestos y regulaciones «apartarán a los canadienses de una creciente, rica y diversa gama de nuevos servicios de streaming de todo el mundo».
Cheryl dijo que la Ley de Radiodifusión existe porque el gobierno tuvo que asignar frecuencias de ondas para las emisoras de televisión y radio. Sin embargo, cuando se introdujo Internet, su revolucionaria tecnología ya no requería una regulación gubernamental como ocurría con las emisoras tradicionales.
«La única razón por la que el gobierno está haciendo esto es para estirar la justificación de la regulación de las ondas públicas en una justificación para regular la visualización privada», dijo Cheryl.
«Esto es regular la expresión. Es un límite a la expresión».
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