La Presidencia de la República de México canceló la ceremonia de promulgación de las leyes anticorrupción que estaba prevista para hoy miércoles y se recorrieron “hasta nuevo aviso”. Las leyes habían sido aprobadas por el Congreso durante el actual periodo extraordinario, en medio de un clima de protestas por el recorte de la #Ley3de3, y la incorporación de un nuevo artículo en materia fiscal, informó El Diario Nacional, el 22 de junio.
El argumento reconocido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), fue que se suspendió la ceremonia debido a que la Consejería Jurídica de Presidencia, se encuentra todavía revisando cada uno de los artículos de las siete leyes. Siendo la revisión más importante el inciso C del artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos identificada como Ley 3de3. El Presidente de México podría utilizar su facultad como representante del ejecutivo para vetar éste inciso.
Esta modificación obliga a las personas físicas y morales y que no son servidores públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses. Esta modificación causó que de inmediato se generaran protestas por parte del sector empresarial, Coparmex y Organizaciones civiles quienes habían promovido la #Ley3de3.
El 16 de junio del 2016, la Cámara de Diputados aprobó las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas. Las ocho bancadas expresaron la importancia de combatir de frente esta severa problemática que afecta al país azteca. Además reconocieron que esta reforma es una oportunidad para romper con privilegios, corrupción e impunidad, informó el Excélsior.
La aprobación de las Reformas Anticorrupción de México están siendo tratadas por diferentes actores sociales desde hace tiempo. El 2 de marzo del 2015, Luis Enrique Graham, socio de Hogan Lovells BSTL, habló al medio Forbes, sobre la importancia del surgimiento de estas reformas por la necesidad del pueblo mexicano en resolver el problema “grave” de corrupción que hay en el país. “Esto explica que las fuerzas políticas estén llegando a acuerdos para crear un marco normativo para combatir efectivamente la corrupción”, señaló en aquel entonces.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) consiste en la conformación de un Comité Coordinador, un Consejo Nacional para la Ética Pública y un Comité de Participación Ciudadana, de tal forma que estos organismos se coordinen entre las partes para prevenir y corregir el combate a la corrupción y promoción de la integridad pública.
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