Los inmigrantes ilegales que fueron separados de sus familiares por los agentes fronterizos de Estados Unidos podrían recibir dinero del gobierno en un posible acuerdo judicial, dijo el jueves la Casa Blanca.
Rebatiendo directamente los comentarios que el presidente Joe Biden dio un día antes, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a los periodistas que los pagos reportados podrían efectivamente ocurrir.
«Si se ahorran dólares de los contribuyentes y se deja atrás la desastrosa historia del uso de la tolerancia cero y la separación de familias por parte de la administración anterior, el presidente se siente perfectamente cómodo con que el Departamento de Justicia llegue a un acuerdo con los individuos y las familias que actualmente están en litigio con el gobierno de Estados Unidos», indicó la subsecretaria durante una sesión informativa en Washington.
El 3 de noviembre, Biden dijo a un periodista que los informes sobre que su administración estaba considerando esos pagos son «basura» y «no son ciertos».
«Cuatrocientos cincuenta dólares por persona. ¿Es eso lo que está diciendo?», cuestionó Biden. «Eso no va a ocurrir».
Eso provocó la respuesta de la Unión Americana de Libertades Civiles, cuyos abogados están trabajando en el caso judicial en mención.
«Es posible que el presidente Biden no haya recibido información completa sobre las acciones de su propio Departamento de Justicia mientras deliberaba y consideraba cuidadosamente los crímenes cometidos contra miles de familias separadas de sus hijos como una política gubernamental intencionada», dijo Anthony Romero, director ejecutivo del grupo, a través de una declaración.
Jean-Pierre indicó que Biden estaba reaccionando simplemente a la cifra reportada de 450,000 dólares por persona.
«A lo que reaccionó fue a la cifra en dólares que se mencionó», dijo la subsecretaria, y añadió que el Departamento de Justicia «dejó claro a los demandantes que las cifras reportadas son más altas que cualquier nivel que pudieran llegar a acordar».
También indicó que el proceso de separación de los miembros de las familias de inmigrantes ilegales fue «cruel, inhumano e inmoral» y culpó a la administración Trump de llevar a cabo las separaciones.
Según los informes divulgados, la administración Biden estaba considerando hacer los pagos a los demandantes, quienes presentaron múltiples demandas después de las separaciones. Se dijo que el pago total podría alcanzar los mil millones de dólares, o incluso superar esa cifra.
«Así que para recapitular: Se informó que la Casa Blanca planeaba pagar 450,000 dólares a los inmigrantes ilegales. Joe Biden lo negó y ahora, un día después, el personal de la Casa Blanca sale a decir que, de hecho, tienen la intención de pagar liquidaciones a los inmigrantes ilegales», escribió en Twitter Mark Meadows, exjefe de gabinete de la administración Trump.
La Casa Blanca «se retractó» de la declaración original de Biden, escribió Ronald Mortensen, funcionario retirado del Servicio Exterior de Estados Unidos, en un posteo del blog del Centro de Estudios de Inmigración.
Muchos congresistas republicanos condenaron los posibles pagos, que la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense señaló que eran superiores a las cantidades pagadas a los sobrevivientes de los militares estadounidenses que mueren en servicio activo y a las personas encarceladas por error.
Romero dijo a los medios de comunicación que los comentarios de Biden parecían tener un impacto.
«Los comentarios del presidente y la reacción del Congreso parecen haber afectado a las negociaciones del acuerdo, que sin duda estaban en proceso de elaboración», añadió.
Según el Departamento de Justicia, este «comunicó el miércoles por la noche que las cifras del acuerdo para las familias separadas eran más altas que cualquier nivel que pudieran llegar a acordar» y que «las partes siguen negociando».
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