Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. no incluyeron efectos adversos graves como la inflamación del corazón en las encuestas posteriores a la vacunación, a pesar de que la agencia sabía que los problemas podrían estar relacionados con las vacunas contra COVID-19, según muestran documentos.
Incluso antes de que las encuestas se pusieran en marcha en diciembre de 2020, después de que se autorizaran las primeras vacunas, los CDC sabían que la miocarditis —una forma de inflamación del corazón que desde entonces se ha confirmado que está causada por las vacunas de Pfizer y Moderna— y otros efectos adversos graves eran de «especial interés» en lo que respecta a las vacunas, según una versión recientemente revelada del protocolo para el sistema de encuestas.
El protocolo del 19 de noviembre de 2020 (pdf) para V-safe, el sistema de encuesta, enumera la miocarditis, el accidente cerebrovascular, la muerte y una docena de «condiciones médicas preespecificadas». El protocolo fue obtenido por la Red de Acción para el Consentimiento Informado (ICAN), una organización sin ánimo de lucro que busca la transparencia en torno a la información sanitaria. Todas las afecciones pueden causar síntomas graves.
V-safe es un sistema de encuestas que se introdujo durante la pandemia de COVID-19 para controlar la seguridad de las vacunas. Fue desarrollado y está gestionado por los CDC.
Las versiones actualizadas del protocolo enumeran los mismos 15 acontecimientos adversos.
Ninguna de las afecciones se incluyó en las encuestas reales.
Los encuestados podían marcar casillas si experimentaban determinados síntomas, pero solo 10 problemas de nivel inferior, como fiebre y náuseas, figuraban como opciones.
«Es muy preocupante que los CDC construyeran V-safe de una manera que no les permite evaluar fácilmente la tasa de daño de los eventos adversos que los CDC ya habían identificado como potencialmente causados por estos productos», dijo Aaron Siri, un abogado que representa a ICAN, a The Epoch Times. «Esto pone en duda lo que los CDC intentaban realmente conseguir con V-safe. ¿Intentaba evaluar la seguridad real de estos productos? ¿O intentaba diseñar un sistema que tuviera más probabilidades de confirmar sus anteriores declaraciones públicas sobre la seguridad de estos productos?
Los CDC no respondieron a la solicitud de comentarios para este artículo.
Por fin se hacen públicos los datos de V-Safe
Los CDC lanzaron V-safe en diciembre de 2020. A los estadounidenses se les dijo que usaran las encuestas, que solo están disponibles a través de teléfonos inteligentes, para informar cómo se sentían después de la vacunación.
«A través de V-safe, puede informar rápidamente a los CDC si tiene algún efecto secundario después de recibir la vacuna COVID-19», decía un cartel que promocionaba la herramienta.
Se preguntó a los usuarios cómo se sentían, si tenían fiebre, su temperatura y los síntomas más comunes. También se les preguntaba si no podían trabajar o realizar sus actividades cotidianas, y si necesitaban atención médica.
Cerca de 10 millones de personas se inscribieron hasta el 31 de julio de 2022.
Los CDC han descrito los resultados de V-safe en múltiples estudios, pero se negaron a publicar los datos sin procesar hasta que la ICAN interpuso un litigio contra ellos. Los datos entregados a ICAN en 2022 mostraron que más de 3.2 millones de personas buscaron atención médica o faltaron a la escuela, al trabajo o a otras actividades normales después de la vacunación.
Los CDC habían dicho que proporcionarían un sitio web para que el público pudiera consultar los datos de V-safe. La agencia fijó como fecha límite el 30 de septiembre de 2022. Este sitio web aún no se ha creado.
Ocultando entradas de texto libre
Los usuarios de V-safe podían notificar los efectos adversos graves, pero solo si los escribían en un campo de texto libre.
La pregunta era: «Cualquier otro síntoma o problema de salud que desee notificar».
Los CDC se han resistido a hacer públicos los resultados del campo, insistiendo en que sería demasiado oneroso revisar los 6.8 millones de entradas en busca de información personal identificable (IPI), según un informe conjunto de situación presentado al tribunal en noviembre de 2022.
La agencia declinó una petición de la ICAN de proporcionar una muestra aleatoria de unos cientos de entradas, lo que, según los demandantes, respaldaría su argumento de que las entradas probablemente contengan poca o ninguna IIP, como nombres y direcciones.
Las entradas son importantes porque mostrarían cuántos encuestados declararon haber experimentado los efectos adversos preespecificados, como inflamación del corazón.
En su lugar, los CDC se ofrecieron a revisar todas las entradas y convertirlas en códigos médicos, según el expediente.
«Al parecer, estaba dispuesto a hacerlo porque, aunque habría llevado más tiempo y habría sido más complejo que revisar simplemente la información de identificación personal, este enfoque permitiría a los CDC ocultar al público la mayor parte de lo que realmente está escrito en los campos de texto libre», afirma la ICAN en el documento.
El grupo dijo que los CDC, que han recomendado la vacunación para prácticamente todos los estadounidenses, están «presumiblemente preocupados por ser transparentes con el público porque lo que estos datos pueden revelar puede ir en contra de las recomendaciones que impulsaron para privar a las personas de sus puestos de trabajo, sus medios de subsistencia, escolarización, carreras militares, entre otros perjuicios» y que la divulgación de las entradas «puede revelar potencialmente datos contrarios a la afirmación de los CDC de que había una baja incidencia de diversos problemas graves, como tinnitus, miocarditis y neuropatía de fibra pequeña, a causa de este producto».
Los demandantes solicitaron un juicio sumario sobre las entradas de texto libre, a lo que se opusieron los CDC. El juez de distrito Robert Pitman, designado por Obama para supervisar el caso, ha autorizado a la agencia a presentar todos los registros que considere que no están exentos de la Ley de Libertad de Información antes de solicitar que se dicte sentencia o se desestime el litigio. Está previsto que el próximo informe conjunto de situación se presente antes del 3 de febrero.
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