Citaciones por registros financieros no pueden usarse para aplicación de la ley, dicen abogados de Trump

Por Janita Kan
29 de enero de 2020 11:53 AM Actualizado: 29 de enero de 2020 11:53 AM

Los abogados del presidente Donald Trump instaron a la Corte Suprema a bloquear varias citaciones que darían a la Cámara y a una investigación de Nueva York acceso a los registros financieros del presidente en casos importantes relacionados con la separación de poderes y las preocupaciones sobre la inmunidad absoluta que se escucharán más adelante este año.

El equipo legal del presidente presentó el lunes sus informes en tres casos, argumentando que tres comités de la Cámara de Representantes y un fiscal de Manhattan no deberían poder citar a su empresa de contabilidad, Mazars USA, y dos bancos—Deutsche Bank AG y Capital One Financial Corp.—obligándolos a liberar los documentos fiscales y financieros.

Tres casos relacionados con los registros financieros de Trump llegaron a la Corte Suprema después de que los jueces de apelación confirmaron las citaciones. Dos de los casos provienen de citaciones que fueron emitidas a principios de año por tres comités de la Cámara—Servicios Financieros, Inteligencia y Supervisión—como parte de sus investigaciones sobre las acusaciones de los tratos del presidente. Mientras tanto, el tercer caso trata de una investigación criminal en Manhattan.

Trump ha pedido a la Suprema Corte que revoque las decisiones de los tribunales inferiores en los tres casos. En diciembre, el Tribunal Supremo aceptó tomar los casos, consolidando los dos casos relacionados con la Cámara y ordenando que los argumentos orales de los casos se programen en algún momento de marzo (pdf).

Las citaciones no están relacionadas con el juicio de impeachment del Senado donde el equipo legal de Trump ha estado presentando el caso de la defensa en el recinto de la Cámara. Estos casos podrían seguir causando preocupación al presidente, ya que las elecciones presidenciales de 2020 se acercan a finales de año.

En uno de los escritos (pdf), los abogados argumentaron que aunque los comités de la Cámara afirman que están buscando los registros con un propósito legislativo, en su lugar se están dedicando a la aplicación de la ley.

«Estos comités no están legislando; están comprometidos declaradamente con la aplicación de la ley. Todos ellos, en un grado u otro, han reconocido que el propósito de las investigaciones es determinar si el Presidente cometió alguna infracción», argumentaron los abogados.

Basándose en los acontecimientos que condujeron a la emisión de las citaciones y citando al mismo tiempo declaraciones públicas en torno a las investigaciones de la Cámara de Representantes, los abogados de Trump afirman que las comisiones están exigiendo los registros en un esfuerzo por averiguar si el presidente había infringido la ley.

En una entrevista el año pasado, por ejemplo, la Presidenta del Comité de Servicios Financieros Maxine Waters discutió el propósito de las citaciones de la Cámara con la CNN.

«Se niega a entregar las declaraciones de impuestos, ¿qué tiene que ocultar? ¿Ha estado comprometido de alguna manera? ¿Hay lavado de dinero? Hay suficiente para que sepamos de él para tener sospechas legítimas y necesitamos tener documentación», dijo Waters a la cadena de noticias.

Los abogados dijeron que es de «seria preocupación» que la Cámara de Representantes esté enmarcando las citaciones como si tuvieran un propósito legislativo legítimo cuando las investigaciones de las que se emitieron las citaciones no eran rutinarias.

«El intento de los Comités de Servicios Financieros e Inteligencia de obtener los registros privados del Presidente para que puedan considerar ampliamente la legislación bancaria y sobre el lavado de dinero debe ser rechazado», dijeron los abogados. «Estas citaciones no son más válidas que las demandas de los registros médicos del Presidente para que el Congreso pueda considerar la reforma de la salud».

Los abogados añadieron que las citaciones son «expediciones de pesca expansivas, gravosas y no centradas» que plantean cuestiones constitucionales al tiempo que impiden al presidente cumplir las obligaciones de su cargo. También sostuvieron que la divulgación pública de información sobre las personas «es una forma de castigo».

«Exponer los detalles privados de los individuos no es un poder que tenga el Congreso», argumentan los abogados. «Sin embargo, ese ha sido el objetivo aquí desde el principio. Es difícil imaginar un esfuerzo más descarado para exponer por el hecho de la exposición que el mal uso del Presidente y su familia como un ‘caso de estudio’ del Congreso».

Mientras tanto, en el caso separado de la investigación de Manhattan, los abogados de Trump argumentaron en su escrito (pdf) que el presidente es inmune a las peticiones de entregar sus registros financieros al fiscal penal mientras esté en el cargo.

En ese caso, la citación fue emitida por el Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York, Cyrus Vance Jr., que está investigando el dinero para el silencio que supuestamente se pagó a dos mujeres durante la campaña presidencial de 2016: la actriz de cine para adultos Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal. Trump ha negado los asuntos y cualquier otra falta.

Los abogados dijeron que «la Constitución confiere al Presidente—y solo a él—el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos. Le otorga responsabilidades sin parangón para defender la nación, gestionar los asuntos exteriores e interiores y ejecutar la ley federal. El Presidente no puede cumplir eficazmente esas obligaciones si todos y cada uno de los fiscales de este país pueden atacarlo con un proceso penal».

Añadieron que la única manera de procesar a un Presidente en ejercicio, como lo establece la Constitución, es a través de un impeachment.

«Una vez que deje el cargo, el Presidente puede ser sometido a un proceso penal, pero no antes», dijeron.

«Un fiscal cruza una línea constitucional cuando, como aquí, inicia un proceso penal obligatorio contra el Presidente como parte de un procedimiento de gran jurado que lo ataca», añadieron los abogados.

El proceso penal, argumentaron los abogados, también distraerá al Presidente de sus responsabilidades y le obligará a actuar con confianza mientras esté en el cargo.

«También estigmatiza al Presidente de maneras que frustrarán su capacidad de representar eficazmente a Estados Unidos tanto en los asuntos internos como en los exteriores», añadieron.

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