El abogado Kenneth Chesebro iba a ser el primero de los acusados por impugnar las elecciones de 2020 junto con el expresidente Donald Trump en ir a juicio. El 20 de octubre se declaró culpable en un acuerdo de culpabilidad.
Inicialmente se le imputaban siete delitos graves. El acuerdo incluía la anulación de seis de esos cargos y sólo se le acusaba del cargo 15 de la imputación, conspiración para cometer la presentación de documentos falsos, que conlleva una pena mínima de un año y una máxima de cinco.
La selección del jurado estaba prevista para ese mismo día, y el juicio comenzaría oficialmente el 23 de octubre. En virtud de la Ley del Primer Defensor, el Sr. Chesebro deberá cumplir cinco años de libertad condicional, pagar una indemnización de 5000 dólares, realizar 100 horas de servicios a la comunidad, escribir una carta de disculpa a los ciudadanos de Georgia, testificar verazmente en todos los casos contra los coacusados y no mantener comunicación alguna con los coacusados, los testigos y los medios de comunicación hasta que hayan concluido todos los casos. Su libertad condicional finalizaría tras tres años de buena conducta.
El Sr. Chesebro ya ha presentado la carta de disculpa y propuesta grabada, o declaración, al estado.
«Una vez que haya completado el Primer Defensor [libertad condicional], puede decir honestamente que no ha sido condenado por un delito grave», dijo el fiscal de Distrito Ejecutivo del Condado de Fulton Daysha Young. Si infringe la ley durante la libertad condicional, los términos del acuerdo pueden quedar anulados. Tiene cuatro años para presentar un hábeas corpus impugnando el carácter voluntario de la declaración.
El Sr. Chesebro vive en Puerto Rico y permanecerá en el condado de Fulton unos días más para resolver los detalles de su libertad condicional. La audiencia duró unos 20 minutos en su totalidad.
Sidney Powell, cuyo juicio estaba previsto inicialmente con el Sr. Chesebro la próxima semana, también había aceptado una declaración negociada, y se declaró culpable el 19 de octubre.
El 14 de agosto, 19 acusados fueron acusados de violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión de Georgia, además de un total de otros 40 cargos entre todos ellos. El Sr. Chesebro y la Sra. Powell habían sido los únicos acusados que habían solicitado un juicio rápido.
Las partes habrían tenido que sentar y tomar juramento a un jurado antes del 5 de noviembre, fecha en que finaliza el mandato judicial, o de lo contrario los casos contra el Sr. Chesebro habrían sido desestimados.
Incluyendo al acusado Scott Hall, ya son tres los acusados que han aceptado un acuerdo con la fiscalía y podrían testificar contra el presidente Trump.
Caso
En noviembre de 2020, el Sr. Chesebro fue contactado por James Troupis, un exjuez y colega suyo que en ese momento era abogado del presidente Trump.
El Sr. Troupis le pidió que investigara la 12ª Enmienda y la Ley de Recuento Electoral, y así comenzó la participación del Sr. Chesebro en la Campaña Trump.
El Sr. Chesebro ha sido ampliamente publicitado como el abogado que propuso el uso de listas alternativas de electores en varias elecciones, y un retraso en la certificación de los votos en el Congreso con el fin de llevar el asunto a los tribunales y aclarar la ley electoral.
La parte del caso RICO contra el Sr. Chesebro se centra en cinco correos electrónicos y memorandos legales que produjo para la Campaña Trump, elaborando estrategias sobre las vías legales que el presidente Trump podría tomar para impugnar e investigar los resultados de las elecciones en algunos estados clave.
El equipo legal del Sr. Chesebro había tratado de mantener los correos electrónicos de ser introducido en las pruebas, argumentando que deben mantenerse en privado en virtud del privilegio abogado-cliente que ni el Sr. Chesebro ni la Campaña Trump ha renunciado.
Justo antes del juicio, el juez desestimó la moción, cuestionando si el privilegio abogado-cliente existía realmente en esta situación, al mismo tiempo que señaló que no creía prudente excluir pruebas que ya se han hecho públicas, ya que al menos uno de los correos electrónicos también se había filtrado a los medios de comunicación.
«La corte también señala que se encuentra en la incómoda posición de determinar si los documentos ampliamente difundidos deben ser protegidos de la divulgación como una cuestión de derecho», escribió el juez. «En el caso de que las comunicaciones fueran filtradas por la campaña, se renuncia al privilegio. Además, una inspección a puerta cerrada no parece servir para nada cuando los documentos ya están en posesión de ambas partes y en el ámbito público».
«Pero dejando a un lado estas cuestiones más enrevesadas de si el demandado ha establecido una relación abogado-cliente o la existencia de una renuncia, la corte llega a la conclusión de que los documentos no son privilegiados porque entran dentro de la excepción de delito-fraude».
El juez había señalado que el criterio para establecer una excepción de delito-fraude en este caso sólo necesitaba la impresión de que existía un delito, y los fiscales no tenían que probar en ese momento su caso para que pudieran utilizarse los correos electrónicos.
Además de tratar los correos electrónicos como pruebas, el equipo jurídico del Sr. Chesebro también había hecho varios intentos de desestimar los cargos contra él y el caso en su conjunto.
Todas esas peticiones han sido rechazadas por el juez, que se negó a pronunciarse sobre si el Sr. Chesebro estaba amparado por la Primera Enmienda por su asesoramiento jurídico y su discurso político en las audiencias de peticiones previas al juicio.
Los fiscales argumentan que debido a que el Sr. Chesebro tenía la intención de cometer un delito —fomentar la supuesta conspiración criminal del presidente Trump para interferir en una elección— no tiene tales defensas.
El juez señaló que ambas partes parecían ansiosas por «dar la batalla», pero tales argumentos deben guardarse para el juicio, no para una audiencia de mociones previas al juicio. Si el jurado se sienta y jura el 5 de noviembre, podrán hacer precisamente eso.
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