El hecho de que el gobierno colombiano no llene el vacío dejado por los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se desmovilizaron en 2016, está causando un aumento en los abusos de los derechos humanos a medida que las pandillas armadas luchan por el control de la tierra en la frontera entre Colombia y Venezuela, dijo Human Rights Watch dijo en un informe publicado el 8 de agosto.
Muchas de las víctimas son venezolanos desesperados que huyen de la crisis de su país, dice el grupo de defensa.
Entre los abusos cometidos por grupos armados contra civiles se encuentran asesinatos, desapariciones, violencias sexuales, reclutamiento de niños y desplazamiento forzado.
“Los abusos que documentamos son extremadamente graves”, dijo José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), a La Gran Época. “Estos grupos utilizan las amenazas para obtener el control, incluso contra líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales han sido asesinados”.
Se suponía que el acuerdo de paz de Colombia con las FARC abriría un nuevo capítulo pacífico en la historia del país, después de media década de conflicto. Pero nuevos y antiguos grupos armados que buscan oportunidades comerciales ilícitas rentables, como el narcotráfico, han llenado rápidamente el vacío dejado por la guerrilla.
Catatumbo, una región en el noreste de Colombia que limita con Venezuela, es un microcosmos de los fracasos del acuerdo de paz, como una nueva guerra mientras las pandillas armadas compiten por el control de las tierras dejadas por las FARC. Los grupos guerrilleros colombianos, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército de Liberación Popular (EPL), así como los disidentes de las FARC que se negaron a desarmarse, compiten por el control del área.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que 109 civiles fueron asesinados en la región por grupos armados solo en 2018, y otros 40.000 han huido de la violencia.
Entre las víctimas se encuentran venezolanos desesperados, a menudo indocumentados, que huyen de la crisis de su país o buscan bienes básicos como alimentos y medicamentos en el país vecino de Colombia. Al menos 25.000 venezolanos viven en Catatumbo, según OCHA. Más de 1,4 millones en total han huido a Colombia, según la agencia de migración de Colombia.
El colapso de los salarios en Venezuela, donde el salario mínimo es de poco más de USD 3 al mes, atrae a los migrantes a la región, donde los controles de inmigración son “limitados”, dice el informe.
El informe también documenta un auge en los niños venezolanos que son reclutados para cultivar coca, el ingrediente base de la cocaína y el linaje financiero de los grupos armados. A otros de hasta 12 años se les paga o se les obliga a unirse a un grupo armado luego de que los miembros amenazan con matarlos a ellos o a sus familias. Las mujeres migrantes son obligadas a realizar trabajos sexuales por los que tan solo reciben USD 2.
El HRW ha pedido nuevas medidas para proteger a los civiles.
“Los esfuerzos del gobierno para aumentar su presencia en Catatumbo mediante el despliegue de las fuerzas armadas deben ir de la mano con esfuerzos más amplios, como el apoyo a las investigaciones criminales y la asistencia humanitaria, para proteger los derechos de los agricultores y los venezolanos exiliados allí”, dijo Vivanco.
El presidente colombiano, Ivan Duque, anunció el 8 de agosto que cinco de las áreas más afectadas por el conflicto recibirán más tropas e inversiones, para contrarrestar la expansión de los grupos armados que se benefician de las drogas y violan los derechos humanos de la población local.
Duque se enfrenta a la creciente presión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para revertir su guerra perdedora contra las drogas, mientras la producción de cocaína alcanzó un máximo histórico de 1400 toneladas en 2017.
Cortar la producción de drogas e instalar seguridad en zonas remotas es una tarea compleja, ya que implica no solo establecer una presencia militar, sino ofrecer a los residentes una alternativa viable a la producción de coca que proporcione un salario digno, dijo Andrés Valencia, consultor y exoficial de inteligencia militar, a La Gran Época.
Esa tarea ahora es más difícil debido a la crisis en Venezuela.
“La crisis de Venezuela está alimentando el conflicto, ya que hay una gran cantidad de mano de obra barata para reclutar”, dijo Valencia. “La Guardia Nacional de Venezuela también contribuye facilitando rutas de tráfico de drogas y vendiendo armas a delincuentes”.
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