El Gobierno de Colombia propuso este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adelantar la visita que había retrasado para revisar la situación desde que comenzaron las protestas el 28 de abril, así como que una delegación llegue al país andino del 7 al 11 de junio.
En una carta, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, invita a la CIDH a una audiencia privada el 7 de junio en Bogotá junto a la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Luego la delegación podrá realizar una visita a terreno del 8 al 11 de junio «previa coordinación conjunta entre la CIDH y el Estado colombiano del protocolo y formato, de tal manera que el Estado, conforme a ello, proceda a formalizar a la brevedad posible la anuencia a la visita», según se extrae de la misiva.
La CIDH ha insistido en varias ocasiones en su voluntad de realizar una visita a Colombia y a varias ciudades donde se han producido denuncias de violaciones de derechos humanos como asesinatos, lesiones, desapariciones y abusos sexuales, también por parte de la fuerza pública.
Sin embargo, la vicepresidenta, que estuvo la semana pasada de visita oficial en Washington y Nueva York, le dio largas a la Comisión y dijo que decidiría una fecha a finales de junio, después de una audiencia sobre la situación general de los derechos humanos en Colombia que la CIDH convocó para el 29 de junio.
«Comprendemos y compartimos la necesidad del rol de la CIDH y reconocemos y valoramos el trabajo que adelantan, de tal forma que tenemos plena disposición para que la visita comience a partir del día martes 8 de junio de 2021», dijo hoy Ramírez, ya que esa audiencia «ya no se va a realizar en el corto plazo».
El Gobierno sugiere «que la visita comprenda mínimo cuatro días, de modo tal que tengan el tiempo suficiente para visitar las ciudades de Cali, Tuluá y Popayán».
Cali, tercera ciudad más importante del país, es el epicentro de las protestas y donde el viernes, según las autoridades locales, se produjeron 13 homicidios tras la irrupción de hombres armados en los barrios y las movilizaciones.
En Tuluá y Popayán, también en el suroeste de Colombia, se han producido incidentes graves como la quema del Palacio de Justicia en la primera ciudad, y reportes de abusos policiales en la segunda.
La vicepresidenta insiste en su comunicación a la CIDH en que las protestas pacíficas «se han visto opacadas por grupos de vándalos armados que han originado destrucción, caos e incidentes que han cobrado la vida de al menos 13 personas».
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