Otro aniversario funesto se conmemora este viernes: los 30 años de la tragedia de Armero, aquella catástrofe que, apenas una semana después del holocausto del Palacio de Justicia —aún hoy cuesta creer nuestra suerte—, arrasó un pueblo entero, sepultando un estimado de 25.000 personas y dejando un número similar de damnificados. Igual que con el Palacio, las imágenes del sufrimiento y la impotencia están por siempre tatuadas en nuestra memoria colectiva.
Como lo cuenta Olga Villalobo, sobreviviente de la tragedia, quien dice que aún tiene pesadillas con lo ocurrido. El país también. Y es bueno que no nos permitamos olvidar, porque mucho de los errores cometidos en aquel entonces siguen vigentes, más aún en una coyuntura de cambio climático que amenaza con sumirnos en nuevos tipos de desastres.
Lo que más cuesta pensar es que teníamos todos los indicios para haber prevenido lo que ocurrió. El Nevado del Ruiz, apodado el “León dormido” y ubicado a unos 45 km de Armero, se había despertado hacía varios meses en sus 5.321 metros de altura. Los sobrevivientes cuentan que había temblores y la ceniza cubría todo el pueblo. El agua estaba contaminada. Pero las autoridades, en cabeza del alcalde, sólo recomendaban taparse la nariz. Craso error que se pagó muy caro. La avalancha de lodo, tierra y residuos volcánicos que resultó de la erupción aquel 13 de noviembre de 1985, fue una fuerza irresistible.
Como le dijo el pasado domingo Francisco González, sobreviviente de la tragedia, a El Espectador, la peor ofensa a la memoria de la tragedia ha sido la falta de voluntad por llevar a cabo una investigación seria sobre lo que ocurrió. El trabajo de su fundación, Armando Armero, que hoy tiene como objetivo encontrar a los niños que salieron vivos del desastre pero que después desaparecieron, es una iniciativa que medios de comunicación y Gobierno debemos apoyar. Aún hay muchas preguntas sin responder.
Tampoco debe caer en saco roto lo que dice González sobre la responsabilidad de las autoridades: “Si el Estado hubiera estado preparado y hubiera organizado programas de gestión de riesgo, como correspondía a las advertencias que ya habían hecho algunos expertos, en poco tiempo se hubiera podido evacuar a la población y el daño, al menos en pérdidas humanas, hubiera sido infinitamente menor”.
Lo cual, además, es una advertencia para nuestro presente y nuestro futuro. ¿Estamos haciendo todo lo necesario como país para prevenir desastres naturales o, cuando menos, reducir sus devastadores impactos? Todo parece indicar que la situación climática está condenada a empeorar. En ese sentido, nuestra obligación es doble: por una parte, tomar de manera decisiva las medidas necesarias para reducir el cambio climático. Estamos en deuda de apostar por las energías renovables y tener una mayor defensa de nuestros recursos naturales frente a los intereses del mercado.
Por otro lado, el Gobierno debe seguir invirtiendo en la capacitación —y existencia— de los rescatistas y los protocolos de emergencia para atender este tipo de situaciones. Es lo mínimo. Si bien no podemos asegurar que la naturaleza no decida causar más daños, es nuestro deber con todos los que cayeron en Armero asegurarnos de que estamos preparados para afrontarlo.
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