BOGOTÁ (Reuters) – El principal partido opositor de Colombia inició el sábado la recolección de miles de firmas para respaldar ante tribunales nacionales e internacionales demandas que anulen el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, después de que las partes lo firmen.
El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están en la recta final de una negociación que iniciaron a finales del 2012 en Cuba para poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos.
Las partes se disponen a firmar en las próximas semanas un acuerdo de paz, pero el Centro Democrático, un partido político que lidera el ex presidente Álvaro Uribe, cuestiona que los máximos jefes de las FARC no paguen penas de cárcel por sus delitos y que eventualmente puedan ocupar cargos políticos.
«Los acuerdos deben garantizar mínimos esenciales para la verdadera paz. Deben contemplar cárcel para los culpables de crímenes de lesa humanidad y de narcotráfico que no deben ser premiados con la elegibilidad política», dijo Uribe.
«La impunidad total genera más violencia y crea riesgos de sostenibilidad a los acuerdos», sostuvo el ex mandatario, quien lidera una denominada jornada de Resistencia Civil que recolectará firmas durante los próximos dos meses.
Para dar seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final de paz que firmen e impedir que futuros gobiernos lo desconozcan o pretendan cambiarlo, el Gobierno y las FARC convinieron darle rango constitucional, lo que en concepto de Uribe es una violación a las normas legales.
El Gobierno de Santos anunció que someterá al acuerdo de paz con la guerrilla a un plebiscito después de la firma y antes de su implementación, pero el Centro Democrático, que promoverá el no en la votación, exige que la refrendación se haga punto por punto y no en bloque.
De acuerdo con expertos, Uribe y su partido podrían interponer una demanda contra el acuerdo de paz ante la Corte Internacional de Justicia y a nivel interno ante la Corte Constitucional.
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