La Corte Suprema indicó el 25 de abril que emitiría un fallo estrecho que afina el alcance de la inmunidad presidencial mientras deja los detalles de las otras batallas legales del expresidente Donald Trump en manos de tribunales inferiores.
El efecto más inmediato de su decisión sobre las batallas legales del expresidente Trump sería retrasar su caso de Washington, donde se originó su apelación de inmunidad. Ese juicio estaba programado para comenzar el 4 de marzo pero, más recientemente, los observadores han estado cuestionando si incluso comenzará antes de las elecciones.
Devolver el caso a la jueza de distrito Tanya Chutkan la obligaría presumiblemente a continuar con los procedimientos previos al juicio con una capa añadida: Determinar cómo adecuar la imputación del abogado especial Jack Smith con la nueva definición de inmunidad de la Corte Suprema.
Basándose en sus preguntas del 25 de abril, se espera que los jueces distingan entre actos oficiales y no oficiales, al mismo tiempo que dictaminan que los presidentes gozan de cierta inmunidad para los actos oficiales. Pero no está claro hasta qué punto serán específicos en su descripción y si darán suficientes instrucciones para que la corte inferior evite otra apelación que podría llegar de nuevo a la Corte Suprema.
«La Corte Suprema podría devolver el caso de inmunidad con muy pocas instrucciones, por no decir ninguna, dejar que la corte de distrito emita su dictamen y que la corte de apelación vuelva a ocuparse de él», declaró a The Epoch Times John Shu, experto en derecho constitucional que prestó sus servicios en ambas administraciones Bush. Y añadió: «Ciertamente espero que eso no ocurra, porque acabaríamos justo donde estamos hoy».
Incluso si el caso procede a juicio, es cuestionable cuán efectivo será sin algunas de las acciones acusadas que el abogado del expresidente Trump, D. John Sauer, dijo que eran privadas y, por lo tanto, fuera del alcance de la inmunidad. Michael Dreeben, que abogó por el Sr. Smith, dijo que el Departamento de Justicia estaba dispuesto a proceder con una imputación debilitada.
Tal vez adelantándose a la opinión del tribunal, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se preocupó de que sin actos oficiales, la corte de primera instancia podría estar procediendo con un «banco de una sola pata». El Sr. Sauer respondió que no creía que el caso «pudiera seguir adelante».
Mark Miller, consejero principal de la Pacific Legal Foundation, dijo a The Epoch Times que el juez Roberts podría requerir un formulario de veredicto de interrogatorio especial en el que se pida al jurado que distinga entre conducta oficial y no oficial al sopesar el caso del presidente Trump.
Estado de los otros casos de Trump
Es difícil predecir cómo afectaría la decisión de la corte a los otros casos penales en curso del expresidente Trump. Su futuro puede depender de la redacción particular de los jueces en lugar de simplemente distinguir entre actos oficiales y no oficiales.
El caso de las elecciones de Georgia es el que tiene más probabilidades de verse afectado por la decisión, ya que las acusaciones son más similares a las del juicio de Washington, que probablemente tendrá un gran peso en las deliberaciones de los jueces.
Pero como indicó la corte, su eventual opinión tendrá impactos duraderos en otros casos. «Estamos escribiendo una regla para la eternidad», dijo el juez Neil Gorsuch al Sr. Dreeben. Es de suponer que el dictamen también repercutirá en múltiples niveles del sistema judicial. En un intercambio con la jueza Amy Coney Barrett, Dreeben reconoció que la inmunidad se aplicaría tanto a los procesos estatales como a los federales.
El día del argumento oral, el expresidente Trump se enfrentaba a cargos estatales relacionados con su presunto intento de influir en las elecciones presidenciales de 2016 con un pago «por silencio» a la actriz de cine para adultos Stephanie Clifford. En ese caso, trató de plantear la inmunidad presidencial como una razón para excluir ciertas pruebas, ya que provenían de sus canales de comunicación oficiales como presidente.
El juez de Nueva York Juan Merchan dijo que la moción se presentó demasiado tarde, pero sin embargo puso de relieve la complicada naturaleza de los casos del expresidente Trump en lo que respecta a la inmunidad. Mientras que el presunto pago a la Sra. Clifford, también conocida como Stormy Daniels, se realizó antes de las elecciones, la presunta falsificación de documentos no se produjo hasta después de que él asumiera el cargo.
En teoría, el expresidente Trump podría apelar una condena en Nueva York basándose en la decisión de la Corte Suprema. No está claro, sin embargo, si los pagos caerían bajo el tipo de inmunidad que la Corte Suprema finalmente concedió.
La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, pidió que el juicio en Georgia comenzara en agosto, pero eso parecía cada vez más improbable después de que surgiera información sobre su romance con Nathan Wade, uno de sus principales fiscales.
«Eso ni siquiera va a… empezar antes de las elecciones», dijo a The Epoch Times el abogado principal del Proyecto del Artículo III, Will Chamberlain.
Kevin O’Brien, ex fiscal adjunto de EE. UU., declaró también a The Epoch Times que «nadie» sabe cuándo comenzará el juicio en Georgia. «Incluso en las mejores circunstancias, no iba a empezar hasta el año que viene», dijo.
Repercusiones postelectorales
Si el juicio de Georgia siguiera adelante, el juez del condado de Fulton, Scott McAfee, presumiblemente tendría que analizar esa acusación como lo haría la jueza Chutkan con la de Washington.
Además del expresidente Trump, más de una docena de personas fueron nombradas en la imputación de Georgia. Entre ellos, exayudantes como el exjefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows. Expertos como el profesor de la Facultad de Derecho del Sur de Texas Josh Blackman y el Sr. Chamberlain sugirieron que era poco probable que la decisión de inmunidad ofreciera una protección sustancial a los acusados que no fueran el expresidente Trump.
El Sr. Meadows presentó un escrito de amicus en el que dijo a la Corte Suprema que la Cláusula de Supremacía de la Constitución lo hacía inmune a los cargos en el condado de Fulton porque «surgen de sus actos oficiales como jefe de Gabinete». No está claro cómo fallará la corte o afirmará la inmunidad penal de los asesores, si es que lo hace.
«Por lo tanto, la corte debe tener cuidado de asegurarse de que deja intacta la sólida inmunidad contra el enjuiciamiento estatal otorgada en virtud de la Cláusula de Supremacía, en particular en lo que respecta a los funcionarios federales subordinados».
El caso federal que le queda al expresidente Trump en Florida tiene que ver con su manejo de documentos clasificados e inicialmente estaba programado para comenzar el 20 de mayo, pero eso parecía estar en el limbo. Se espera que la Corte Suprema emita una opinión en junio, lo que significa que un juicio retrasado en Florida podría ver un intento del expresidente Trump de plantear argumentos legales a partir de las opiniones de los jueces.
Al igual que en el caso de Nueva York, parece que el expresidente Trump podría apelar una posible condena en función del alcance de la inmunidad que le otorgue la decisión de la Corte Suprema. «Definitivamente tendría un impacto [en los casos de Florida y Georgia] porque ambos tratan de lo que Trump y sus abogados argumentarían que son actos oficiales», dijo la abogada constitucionalista Gayle Trotter a The Epoch Times.
En febrero, el expresidente Trump pidió a la jueza de Florida Aileen Cannon que desestimara 32 cargos de su imputación basándose en la inmunidad presidencial. Aún no se ha pronunciado al respecto.
Independientemente de cómo se pronuncien los jueces sobre la inmunidad, el argumento oral planteó la posibilidad de que los presidentes puedan anular los efectos de los procesamientos estatales y federales indultándose a sí mismos.
Suponiendo que alguno de sus juicios se prolongue más allá de su posible investidura, es cuestionable si podría utilizar su autoridad para indultarse a sí mismo.
El juez Gorsuch señaló que «felizmente», la cuestión del auto indulto de un presidente «nunca se nos ha presentado». El Sr. Dreeben dijo a la corte: «No creo que el Departamento de Justicia haya tomado una posición [sobre el autoindulto]. La única autoridad de la que tengo conocimiento es que un miembro de la Oficina de Asesoría Jurídica escribió en un memorando que no hay autoridad para el autoindulto. Por lo que yo sé, el Departamento no se ha ocupado más de ello».
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