La expresidenta interina Jeanine Áñez es la primera condenada por los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia en 2019, en un proceso que se desarrolló por la vía ordinaria y que para ella es un «legado de la ignominia, el abuso y la persecución política».
El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz la condenó a 10 de años de cárcel, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución cuando asumió la Presidencia transitoria en 2019.
Áñez tuvo que enfrentar el juicio desde la cárcel en la que está detenida de manera preventiva desde hace más de un año, pues según las autoridades existía «riesgo de fuga» y pese a que su defensa exigió la presencia física de la exmandataria en el tribunal en el que se desarrolló el caso.
Este viernes en su última declaración Áñez cuestionó que se le haya negado «un debido proceso», le acusaron de delitos «que no ha cometido», no le permitieron defenderse en libertad y que ese tribunal no tenía la competencia de juzgarla porque en su calidad de expresidenta le correspondía un juicio de responsabilidades, que también le negaron.
La exmandataria interina presentó varios quebrantos de salud a lo largo del juicio que fue instalado en abril de este año y que fue aplazado en al menos dos ocasiones debido a sus crisis de salud y algunos recursos que planteó su defensa por observaciones a los procedimientos de la corte encargada del caso.
El «calvario» de Áñez empezó el 13 de marzo de 2021 cuando en un operativo, encabezado por el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, y varios funcionarios de la Fiscalía, fue arrestada en su natal Beni y luego fue llevada a La Paz en un avión militar bajo un fuerte resguardo policial.
En principio la Justicia le abrió una causa por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración por la crisis postelectoral de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que para el oficialismo fue un «golpe de Estado».
De ese caso se derivó el proceso «golpe de estado II», por el que hoy fue condenada.
El encarcelamiento de Áñez ha estado marcado por problemas en su salud como hipertensión, crisis nerviosas y depresión, con momentos en los que se provocó lesiones o la huelga de hambre que mantuvo por más de dos semanas para exigir poder defenderse en libertad.
Jeanine Áñez asumió el 12 de noviembre de 2019 el mando interino del país como segunda vicepresidenta del Senado, dos días después de que la renuncia de Evo Morales y de todos los funcionarios en línea de sucesión presidencial.
Áñez era, hasta ese entonces, una política con poca relevancia que tuvo que activar el mecanismo de sucesión, sin el quórum necesario en el Parlamento, donde la mayoría le pertenecía al partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), acción que fue respaldada en su momento por el Tribunal Constitucional tras una interpretación a la norma sobre casos de vacío de poder.
Al parecer Áñez presentía su nuevo futuro. Al finalizar su mandato interino en 2020 dijo que no tenía intenciones de salir de Bolivia y que ante un eventual proceso en su contra estaría disponible para responder.
La abogada de profesión y oriunda de San Joaquín, una pequeña población del departamento amazónico de Beni, gobernó el país durante cerca de un año, mandato que fue extendido ante la imposibilidad de celebrar elecciones por la pandemia.
Áñez fue presentadora de televisión e inició su carrera política en 2006 cuando fue electa representante departamental en la Asamblea Constituyente que redactó la nueva Constitución Política del Estado promulgada en 2009 por Evo Morales.
En 2010 fue elegida senadora por el departamento de Beni en representación de la desaparecida alianza Plan Progreso y Convergencia Nacional.
En 2015 asumió su segunda legislatura, en la que se opuso a un cuarto mandato de Morales y centró su trabajo para prevenir la violencia en contra de la mujer.
En 2020 siendo aún presidenta interina se presentó a las elecciones presidenciales de 2020, luego de que en varias ocasiones dijo que no lo haría, pero declinó su aspiración al reconocer que su partido se ubicaba cuarto en las encuestas.
Posteriormente en 2021 se presentó como candidata a las elecciones subnacionales de marzo de ese año para la Gobernación de Beni, pero nuevamente la suerte no estuvo a su favor y quedó de tercera en las votaciones.
Áñez aún debe responder en otras causas en su contra como el caso «golpe de Estado I» y un proceso por responsabilidades que debe aprobar el Parlamento.
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