Representantes republicanos de la Cámara de Estados Unidos interpusieron una demanda el 1 de julio, contra el fiscal general Merrick Garland, con la que pretenden obligar al Departamento de Justicia (DOJ) a hacer públicas las cintas de audio de la entrevista del abogado especial Robert Hur con el presidente Joe Biden de su investigación sobre documentos clasificados.
La demanda, presentada ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, también pide a la corte que obligue al DOJ a entregar el audio de la entrevista del Sr. Hur con el escritor fantasma del presidente Biden, Mark Zwonitzer, quien redactó dos memorias para él.
La demanda legal se presentó después de que los congresistas republicanos votaran el mes pasado a favor de declarar al Sr. Garland en desacato por no cumplir con una citación para entregar las grabaciones de la entrevista del Sr. Hur con el presidente. La Casa Blanca hizo valer el privilegio ejecutivo.
El Departamento de Justicia se negó a procesar al fiscal general, citando la «posición de larga data» del departamento de no emprender acciones penales contra aquellos que se niegan a cumplir con las citaciones sobre las que se ha alegado el privilegio ejecutivo.
Los representantes republicanos solicitaron material relacionado con la investigación del Sr. Hur sobre el manejo de material clasificado por parte del presidente, después de que el abogado especial se negara a recomendar una imputación de cargos contra el presidente Biden.
El informe del Sr. Hur, al llegar a su conclusión de no seguir adelante con los cargos, citó una evaluación de que el presidente Biden se presentaría ante un jurado como un «hombre bien intencionado, de edad avanzada y con mala memoria.»
El Departamento de Justicia entregó transcripciones y notas de la entrevista y argumentó que no es necesario entregar las cintas. Hacerlo disuadiría a futuros presidentes de cooperar con investigaciones similares, dijo el DOJ.
Los representantes republicanos de la Cámara insistieron en que necesitan las grabaciones para verificar la exactitud de la transcripción y confirmar que la observación de Hur estaba justificada.
El Departamento de Justicia y los demócratas replicaron que los republicanos querían las cintas únicamente por motivos partidistas.
«La ausencia de una necesidad legítima de las grabaciones de audio deja al descubierto su posible objetivo: trocearlas, distorsionarlas y utilizarlas con fines políticos partidistas», escribió Ed Siskel, abogado del presidente Biden, al presidente de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer (R-Ky.), y al presidente del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (R-Ohio), en una carta de mayo.
En su demanda de 56 páginas, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dirigido por el Partido Republicano, sostiene que la reclamación de privilegio ejecutivo de la administración Biden es «frívola». El comité también argumenta que el presidente había renunciado al privilegio cuando hizo pública una transcripción de la entrevista al Congreso.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento de Justicia para conocer la respuesta del fiscal general Garland a la demanda.
La representante Anna Paulina Luna (R-Fla.) dijo la semana pasada que forzaría una votación sobre una complicada medida, conocida como resolución de desacato inherente, que ordenaría al sargento de armas de la Cámara arrestar al Sr. Garland por no cumplir con la citación.
La resolución es privilegiada, por lo que la Cámara se vería obligada a votar sobre ella en un plazo de dos días legislativos una vez que la representante Luna la lleve al pleno. La Sra. Luna había dicho que la presentaría el 28 de junio, pero no lo hizo.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la oficina de la Sra. Luna para preguntarle cuándo lo presentará y por qué no lo hizo el 28 de junio.
Según el informe del Sr. Hur, se encontró material clasificado de 2009 sobre la guerra de Afganistán en una casa de Virginia que el presidente Biden alquiló y donde se reunió con el Sr. Zwonitzer para trabajar en los dos libros.
Los documentos clasificados fueron finalmente enviados a Delaware.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con el abogado del Sr. Zwonitzer, Louis Freeman, para obtener sus comentarios.
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