El pleno del Congreso de Perú aprobó este jueves crear una comisión especial para investigar y determinar eventuales responsabilidades penales y políticas en las muertes que se han producido en las protestas antigubernamentales, en las que han fallecido 48 personas desde que estallaron en diciembre pasado.
Con los votos a favor de 71 de los 130 congresistas que integran la Cámara peruana, el Parlamento dio luz verde a la iniciativa de la agrupación izquierdista Cambio Democrático-Juntos por el Perú, gracias a la cual se conformará un grupo de trabajo multipartidario para investigar los fallecimientos en diversas regiones del país en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden.
La comisión tendrá un plazo de 90 días para determinar «las presuntas responsabilidades penales y políticas de las graves afectaciones a los derechos humanos tales como la vida y la integridad física en contra de ciudadanos y agentes del orden» producidas durante las protestas.
Tras un debate parlamentario, la moción fue sometida a votación, cuyo rechazo vino principalmente de los partidos conservadores y ahora aliados al gobierno de Dina Boluarte, entre ellos el fujimorista Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País.
A favor votaron los parlamentarios de Perú Libre, el Bloque Magisterial, Perú Democrático, Integridad y Desarrollo, Somos Perú, Cambio Democrático – Juntos por el Perú, las agrupaciones más críticas a la gestión de la mandataria.
Las protestas ciudadanas, que aún se mantienen en varias regiones del país, sobre todo del sur, exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria a una asamblea constituyente y nuevas elecciones para 2023.
Las manifestaciones arrancaron en diciembre pasado, luego de que Boluarte, hasta entonces vicepresidenta, asumiera por sucesión constitucional la jefatura de Estado en reemplazo del exmandatario Pedro Castillo, destituido por el Legislativo y arrestado por haber intentado dar un golpe de Estado.
Hasta el momento, el número de fallecidos por hechos relacionados directa o indirectamente a las manifestaciones asciende a 48, luego de la sangrienta jornada del lunes en Juliaca, en el sur, donde murieron 17 manifestantes.
Tras estos enfrentamientos, varias organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional (AI) y la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), urgieron a las autoridades a cesar el uso «indebido de la fuerza contra la población civil» y a asegurar el respeto de los derechos humanos.
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