Después de que la Corte Suprema extendiera el 27 de diciembre la orden de salud pública del Título 42 que permite la expulsión rápida de extranjeros ilegales en la frontera, el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, uno de los arquitectos de la estrategia para mantener vigente la norma, celebró la victoria legal durante una entrevista exclusiva con The Epoch Times el 28 de diciembre.
Brnovich y sus partidarios sostienen que la administración Biden no siguió los procedimientos correctos para poner fin a la norma de la era Trump, y dicen que la norma se necesita desesperadamente para frenar el flujo de migrantes no autorizados a Estados Unidos. Los estados que respaldan la medida de emergencia dijeron que deshacerse de ella, como los funcionarios de Biden quieren hacer, empeoraría aún más las cosas en la frontera e incentivaría a más extranjeros ilegales a entrar en el país.
Aunque algunos críticos, incluidos algunos conservadores constitucionales y un juez conservador de la Corte Suprema, indicaron que la norma del Título 42 podría ser inconstitucional, según Brnovich la derecha política ya no puede permitirse ceder terreno a la izquierda, que ha estado utilizando el sistema legal durante décadas para lograr sus objetivos políticos.
«La izquierda ha usado las cortes para obstaculizar los cambios políticos durante generaciones», dijo Brnovich, un republicano que dejará el cargo de fiscal general dentro de unos días.
«Entonces la conclusión es (…) que, si Joe Biden no va a hacer su trabajo, entonces [nosotros] tenemos que hacer todo lo que podamos. Porque lo que está pasando en nuestra frontera sur, obviamente, nos está costando no solo fiscalmente, sino que nos está costando en vidas humanas perdidas. Así que es una cuestión de vida o muerte», dijo el fiscal general del estado.
«Así que yo estoy haciendo todo lo que puedo, sigo haciendo todo lo que puedo. Y creo que al final del día, si Joe Biden quiere hacer ese cambio de norma, debería hacerlo de una manera que sea consistente con la ley».
Bajo la administración Trump, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron una orden del Título 42 con respecto a las personas que han estado recientemente en un país donde hay una enfermedad transmisible. La orden permite al gobierno devolver rápidamente a México, sin una audiencia de asilo, a las personas capturadas cruzando ilegalmente la frontera bajo la teoría de que su presencia puede plantear riesgos para la salud pública.
Durante un tiempo, la administración Biden continuó aplicando renuentemente la orden de la era Trump después de que Joe Biden asumiera la presidencia en enero de 2021.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, justificó el edicto de salud pública en septiembre de 2021. «Lo hacemos por una necesidad de salud pública», dijo entonces Mayorkas. «No es una norma de inmigración. No es una norma de inmigración que abrazaríamos».
Aunque el 1 de abril de este año el gobierno de Biden dijo que pondría fin a la orden del Título 42 antes del 23 de mayo, las cortes bloquearon su orden y la norma continuó en vigor en la frontera.
El 15 de noviembre, el juez Emmet Sullivan, de la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia, dictaminó que la norma del Título 42 era ilegal después de que, según los informes, se hubieran producido 2.5 millones de expulsiones sumarias desde marzo de 2020. El juez consideró que los CDC no habían demostrado que la suspensión de las leyes de inmigración normales estuviera justificada.
En respuesta a una solicitud de emergencia presentada por los fiscales generales republicanos de 19 estados, encabezados por Arizona y Luisiana, el 19 de diciembre, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió una medida de suspensión temporal que impide al gobierno de Joe Biden dejar sin efecto el Título 42. El 27 de diciembre, el pleno de la Corte Suprema prorrogó la medida de suspensión, emitiendo una orden de emergencia con 5 votos a favor y 4 en contra de permitir la continuación del programa. Se espera que la corte sostenga los argumentos orales del caso en febrero de 2023.
Como suele ocurrir en las órdenes de emergencia, la Corte Suprema no explicó por qué bloqueó la orden del juez Sullivan, pero cuatro jueces —el conservador Neil Gorsuch, más los tres liberales, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— votaron a favor de denegar la orden.
En su opinión disidente, a la que se unió Jackson, Gorsuch dijo que el alto tribunal se estaba involucrando innecesariamente en el proceso legislativo.
Gorsuch escribió que no «descartaba las preocupaciones de los Estados», y reconoció, como hizo el gobierno de Biden en los documentos judiciales, que poner fin a la orden del Título 42 «probablemente tendría consecuencias perturbadoras».
Pero la orden de salud pública es una herramienta política inadecuada en este caso, escribió.
«[L]a actual crisis fronteriza no es una crisis COVID», escribió Gorsuch.
«Y las cortes no deben estar en el negocio de la perpetuación de los edictos administrativos diseñados para una emergencia solo porque los funcionarios electos no han podido hacer frente a una emergencia diferente. Somos una corte de justicia, no formuladores de políticas de último recurso».
Brnovich dijo que aunque aprecia «lo que dijo el juez Gorsuch, respetuosamente estoy en desacuerdo».
Los conservadores necesitan usar las cortes para combatir los abusos de la izquierda, dijo.
«Lo que la izquierda ha hecho es presentar demandas, alegando violaciones de, por ejemplo, la Ley de Procedimiento Administrativo, y el proceso de elaboración de normas es tan complicado».
«En un mundo ideal y perfecto, el gobierno federal no estaría promulgando todas estas normas y reglamentos. En 1980, la plataforma del Partido Republicano incluía la eliminación del Departamento de Educación. Y ahora tenemos al gobierno federal, e incluso a los estados republicanos, pidiendo dinero al gobierno federal», dijo Brnovich.
«Luego, cuando el gobierno federal le da a uno dinero, le impone todas estas condiciones. Lo siguiente que hacen es meterle la teoría crítica de la raza por la garganta e intentar adoctrinar a nuestros hijos y obligarles a vacunarse», añadió el fiscal general.
«Ese es el problema. A medida que el gobierno federal crece y se hincha, pierde capacidad de respuesta, y así, en un mundo ideal, los estados no tendrían que demandar al gobierno federal diciendo que están haciendo algo ilegal o inconstitucional. Pero en este momento, en este momento de la historia, esta es la mejor herramienta que yo tenía en mi caja de herramientas».
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