Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que Florida puede prohibir que los exdelincuentes voten por no pagar las multas y los costos relacionados con sus sentencias, revocando la decisión de un tribunal inferior que declaró inconstitucional la ley.
En un fallo de 6 a 4 ante todo el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de los EE. UU. el viernes, los jueces se pusieron del lado del gobernador de Florida, Ron DeSantis (R), quien ha estado defendiendo la ley estatal que requiere que todos los exdelincuentes paguen la restitución, costos judiciales, y multas antes de que se restablezcan sus derechos para votar.
El fallo del 11° Circuito podría influir en las próximas elecciones de noviembre, ya que ahora se erige como una barrera para miles de exdelincuentes quienes han completado «todos los términos de su sentencia, incluyendo la libertad condicional y la libertad provisional», pero no pueden pagar la restitución, costos judiciales, y multas como parte de su sentencia.
El tribunal de apelaciones determinó que los delincuentes que demandaron a DeSantis y su administración por la ley, no probaron que la ley hubiera violado la Constitución. También sostuvo que los estados tienen la discreción en la privación y reanudar el derecho de voto de los delincuentes.
“Si un Estado puede decidir que quienes cometen delitos graves son presuntamente no aptos para el sufragio”, escribió el juez de circuito estadounidense William Pryor en la opinión mayoritaria (pdf). «[El estado] también puede llegar a la conclusión de que aquellos que han cumplido sus sentencias son los mejores candidatos para volver a votar».
El tribunal también rechazó el fallo de la corte inferior de que la ley «discrimina injustamente por motivos de riqueza».
“Esa decisión estuvo mal. Para reiterar, Florida retiene el sufragio de cualquier delincuente, independientemente de su riqueza, quien no haya cumplido con algún término de su sentencia penal, ya sea financiera o de otro tipo. No singulariza la falta de cumplimiento de las condiciones financieras para un trato especial. Y en cualquier caso, la riqueza no es una clasificación sospechosa”, escribió Pryor.
En mayo, el juez federal de distrito Robert L. Hinkle emitió una orden judicial permanente para bloquear la ley estatal y declaró inconstitucionales partes de la ley. También ordenó al estado que estableciera un nuevo proceso que ayudaría a los exdelincuentes a determinar si son elegibles para votar.
“Este sistema de pago por voto sería condenado universalmente como inconstitucional, pero por una cosa: cada ciudadano en cuestión fue condenado, en algún momento del pasado, por un delito grave”, dijo Hinkle en su fallo de mayo.
En noviembre de 2018, Florida aprobó una enmienda, comúnmente conocida como Enmienda 4, a la constitución del estado que permite a los exconvictos votar «al completar todos los términos de la sentencia, incluyendo la libertad condicional o libertad provisional», pero excluye a aquellos que fueron condenados por asesinato o delito sexual grave. Antes de la enmienda, todos los exdelincuentes condenados fueron privados de sus derechos de forma permanente sin una concesión de clemencia ejecutiva.
Posteriormente, DeSantis firmó el Proyecto de Ley del Senado 7066 (pdf) en 2019, que exige que todas las personas anteriormente encarceladas paguen la restitución, los cotsos judiciales y las multas antes de que se restablezcan sus derechos de voto (pdf). La ley enfrentó una intensa oposición por parte de los grupos de defensa del derecho al voto, quienes argumentan que niega el derecho a votar a las personas con condenas por delitos graves y las sanciona por su incapacidad para pagar las tarifas y multas.
Luego, varios exdelincuentes y grupos de defensa entablaron una demanda contra los funcionarios estatales, desafiando la constitucionalidad del requisito de pagar todas las obligaciones financieras legales. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Florida consolidó los casos y emitió una orden judicial preliminar a favor de los exdelincuentes, lo cual llevó al estado a apelar. Un panel del tribunal de apelaciones confirmó la orden judicial en febrero.
Julie Ebenstein, abogada senior del Voting Rights Project de la ACLU, quien presentó la demanda en nombre de los exdelincuentes, dijo en un comunicado que “el fallo va en contra del principio fundamental de que los estadounidenses no tienen que pagar para votar. No se puede subestimar la gravedad de esta decisión. Es una afrenta al espíritu de la democracia”.
Mientras tanto, Daniel Tilley, director legal de la ACLU de Florida, prometió que la lucha legal no ha terminado.
El portavoz de DeSantis, Fred Piccolo, dijo a The Associated Press en un correo electrónico que la decisión del tribunal mantiene el significado de «todos los términos de una sentencia significa todos los términos».
“Hay múltiples vías para restaurar los derechos, saldar las deudas y buscar el perdón financiero de las víctimas”, dijo Piccolo. «Las segundas oportunidades y el estado de derecho no se excluyen mutuamente».
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