En un fallo dividido, una corte federal de apelaciones dictaminó el 13 de noviembre que los demócratas de la Cámara pueden obtener los registros financieros del presidente Donald Trump.
La Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia rechazó una petición de los abogados de Trump para que la apelación se sometiera a votación por el tribunal en pleno, votando 8 a 3. Siete jueces nombrados por los presidentes demócratas y el juez Thomas Griffith, que fue nombrado por el presidente republicano George W. Bush, votaron en contra de Trump, mientras que los tres que votaron a favor de una nueva audiencia fueron nombrados por los republicanos.
El juez Gregory Katsas, designado por Trump, dijo que el fallo no tenía casi precedentes.
«Si las opiniones discordantes aquí demuestran algo, es que este caso presenta cuestiones excepcionalmente importantes con respecto a la separación de poderes entre el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Por segunda vez en la historia de Estados Unidos, un tribunal del Artículo III se ha comprometido a hacer cumplir una citación del Congreso para [obtener] los registros de un Presidente en ejercicio», escribió.
«La primera vez que se intentó, el pleno tomó el caso, nos negamos a hacer cumplir la citación, y enfatizamos que la existencia de un impeachment excluía cualquier conclusión de que los registros en cuestión eran `demostrablemente críticos para el cumplimiento responsable’ de las prerrogativas legislativas del Congreso, incluso cuando el Congreso estaba investigando acusaciones significativas de mala conducta presidencial».
Katsas argumentó que el caso representaba una «amenaza para la autonomía e independencia presidencial».
La magistrada Neomi Rao, otra juez nombrada por Trump que reemplazó a Brett Kavanaugh una vez que éste último fue confirmado para la Corte Suprema, dijo que la Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes «excedió su autoridad constitucional cuando emitió una citación legislativa para investigar si el presidente había violado la ley».
«Las investigaciones de delitos de impeachment simplemente no están, y nunca han estado, confiadas al poder legislativo, porque el impeachment es un poder judicial separado conferido al Congreso. El análisis del panel de estos temas malinterpreta la gravedad de la citación de la Comisión y pasa por alto las difíciles cuestiones que plantea para la separación de poderes», escribió.
La juez Karen Henderson, nombrada por el presidente George H.W. Bush, se unió a ambos jueces contrarios al fallo.
Los jueces que negaron una nueva audiencia no emitieron ninguna declaración. La orden decía: «La petición de los apelantes para una nueva audiencia del pleno y la respuesta a la misma fueron distribuidas al pleno del tribunal, y se solicitó una votación. Posteriormente, la mayoría de los jueces elegibles para participar no votaron a favor de la petición. Al considerar lo anterior, se ORDENA que la petición sea denegada».
El caso involucra los registros financieros de Trump y su firma de auditoría Mazars USA. El fallo del miércoles se produjo alrededor de un mes después de que un panel de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia dictaminara por 2-1 que los documentos debían ser entregados al Congreso.
Se espera que el presidente apele a la Corte Suprema.
En un caso separado, el fiscal de distrito de Manhattan, Cy Vance, emitió una citación por ocho años de las declaraciones de impuestos de Trump. Un juez dictaminó el mes pasado que la firma de consultoría de Trump tenía que entregar los registros, un fallo temporalmente bloqueado por un tribunal federal de apelaciones pero posteriormente confirmado por el tribunal. Jay Sekulow, abogado del Presidente, dijo que el caso sería llevado a la Corte Suprema.
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